La Oficina Antifraude ha frenado el mal uso de 80 millones de euros

La Inteligencia Artificial utilizada adecuadamente puede detectar que el pliego oficial de un concurso público que licita una administración, ha salido del ordenador de una de las empresas que se presenta al mismo. ¿Es un delito? A priori, no. Pero sí puede ser un fraude que, hasta ahora era muy difícil de demostrar y que, además, no había ante quien denunciar porque no es competencia de los tribunales.

La Oficina Andaluza Antifraude, que se creó en 2021 pero lleva operativa desde mediados de 2022, ha venido a llenar ese vacío legal, una práctica que está extendida en Europa y que en España abandera Andalucía junto a otras tres comunidades autónomas mientras siguen a la espera de que el Estado haga su parte. Dependiente del Parlamento de Andalucía, pretende no sólo detectar fraudes o malas prácticas sino, lo que es más difícil, prevenir la corrupción. 

“Cuando enviamos un requerimiento de documentación, si alguien estaba haciendo algo incorrecto, lo frena en seco. Pasa igual que cuando los medios de comunicación denuncian alguna corruptela de un cargo público. Se previene antes de que llegue a mayores”, explica a este periódico la directora de la Oficina Andaluza Antifraude, Marta Blázquez.

Fruto de este trabajo, en sus dos años de actividad, ha logrado que 80 millones de euros públicos no hayan tenido un uso indebido. O, lo que es lo mismo, se hayan utilizado realmente para lo que estaban destinados. 

Un ejemplo de este trabajo es la supresión en el presupuesto de la Mancomunidad de Aguas Costa de Huelva para el ejercicio 2023 de la dotación económica para los grupos políticos que venían percibiendo irregularmente en ejercicios anteriores. En el año 2022, esta partida ascendió a 546.200 euros que se recaudaban a través de Giahsa. La intervención de la Oficina Antifraude, tras una denuncia, ha permitido un ahorro de un millón de euros sólo en este caso. 

Cualquier ciudadano puede denunciar ante esta oficina siempre y cuando afecte a los fondos públicos de cualquier administración andaluza y a las entidades instrumentales de las mismas. La filosofía de este organismo, al que puede acceder cualquier ciudadano a través de la web antifraudeandalucia.es, es que “no hay una ventanilla equivocada”, lo que significa que, si el asunto que les llega tiene visos de verosimilitud, lo tramitan aunque no sea de su competencia. También tiene un canal de denuncias telefónico y se puede ir de manera presencial a la sede central de esta oficina que está en Sevilla. Se trata de que la tecnología no sea un problema para nadie.

Otra cosa con las denuncias extemporáneas como la de un señor, con nombre y apellido, que ha denunciado a Pedro Sánchez por reunirse con un prófugo de la Justicia fuera de España. Tampoco tienen cabida, claro, las denuncias entre particulares. El dueño de un restaurante denunció al de otro local vecino porque estaba haciendo sorteos entre sus clientes “que no estaban autorizados por el organismo de Loterías y Apuestas del Estado”. “Los sorteos promocionales no tienen que someterse a estas normas”, explican desde la Oficina. Y, si se detecta algún tipo de delito, se envía directamente a la Fiscalía toda la documentación disponible.

Hay que tener en cuenta que, alrededor de un cuarto de las denuncias no se admiten por diferentes motivos entre otros supuestos por la falta de fundamentos sólidos o porque su contenido no se encuentra dentro del ámbito de sus competencias.

Anonimato

Una de las principales garantías que ofrece esta Oficina es el anonimato. Las denuncias pueden hacerse con nombre y apellidos, de los que se guarda especial confidencialidad, o de manera anónima garantizada. Porque el software que utilizan tiene un sistema que hace indetectable la IP del ordenador desde el que se denuncia. Es evidente, claro, que estas denuncias deben estar soportadas con la documentación disponible. 

Algunas veces esta documentación no es más que un inicio para tirar del hilo porque se investiga todo lo que pueda suponer una mala práctica, un fraude o una corruptela.

La directora de la Oficina explica que en muchos casos son los altos funcionarios de los ayuntamientos los que realizan las denuncias sobre malas prácticas de sus alcaldes. Es sólo una sospecha, claro, porque no tienen manera de comprobarlo ni es su función, pero la documentación a veces es suficientemente clarividente. Marta Blázquez hace esta afirmación animando a todos los que se encuentren en esa situación; es mejor prevenir que no asistir a un caso de corrupción.

La prueba de que este sistema funciona es que el 47% de las denuncias que se presentan son anónimas. Y estamos hablando de 1.134 denuncias en total tramitadas por esta oficina. En el primer año de funcionamiento, 2021, se presentaron dos denuncias. En ese año, esta Oficina estaba en proceso de creación. El año siguiente, cuando empezó a funcionar de manera efectiva, se recogieron 35 denuncias, que ascendieron hasta 464 en el año 2023. Y en lo que llevamos de este año 2024, se ha registrado en la Oficina Andaluza Antifraude un total de 633 denuncias que se están investigando.

Y protección

Otra de las claves para que este sistema funcione es la protección a los denunciantes. La tradición desde el siglo XIX era la de los cazarecompensas, personas que informaban a las autoridades de desvíos de dinero público... a cambio de una compensación. Ahora las cosas han cambiado y lo que ofrece la administración es la protección a los denunciantes. De hecho, el 20% de quienes presentan denuncias piden ese amparo a la Oficina. 

Y, de hecho, han desplegado medidas de protección dirigidas a seis personas denunciantes que como la suspensión de la tramitación de expedientes disciplinarios abiertos por la denuncia o el restablecimiento de las funciones retiradas por ese mismo motivo.

¿Qué puede hacer este organismo? Evitar el acoso laboral y, en el caso de que se produzca, instar al traslado del puesto de trabajo del denunciante. Un traslado que puede ser, incluso de administración pública. Como en los casos anteriores, una de las claves de esta protección está en la sola presencia de la Oficina, que frena el hostigamiento.