El OEA rechaza el concierto catalán y considera que exige reformar la Constitución

Sevilla/El Observatorio Económico de Andalucía (OEA) es la primera institución de la sociedad civil andaluza que se ha pronunciado sobre los efectos que tendría el pacto entre PSC y ERC que dio lugar a la investidura de Salvador Illa como presidente de la Generalitat y ha expresado un rechazo nítido al concierto económico que auspicia, que a juicio de los expertos que lo integran exigiría no sólo una reforma de la Ley Orgánica de la Financiación de las Comunidades Autónoma (Lofca) sino una reforma de la Constitución española. 

Formalmente, el OEA coincide en muchas de las razones de fondo que lleva al Gobierno autonómico andaluz a rechazar también este modelo de cupo catalán, pero ni mucho menos es un cheque en blanco para la Junta, a la que le reprocha su “política fiscal errática” y le pide que sea “coherente” en la reclamación de mayor financiación a la hora de establecer su política tributaria. 

El OEA ha elaborado un documento, que adelantó a ayer por la cita en Moncloa de mañana entre Pedro Sánchez y Juanma Moreno, en el que detalla las razones por las que se opone al pacto entre el PSC y ERC y en el que también aporta propuestas constructivas para abordar la necesaria reforma del sistema de financiación de las autonomías, que está caducado hace diez años. 

El presidente del Observatorio, el catedrático de Economía Aplicada de la Universidad de Sevilla Francisco Ferraro, resaltó la independencia de la institución desde su nacimiento hace 34 años, que "no está sujeta a ninguna estructura partitocrática".

Son tres las razones fundamentales por las que este representante de la sociedad civil andaluza se opone a lo pactado por los partidos catalanes. 

En primer lugar, rechaza la “bilateralidad manifiesta entre el Estado y la Generalitat de Cataluña” que implica el acuerdo “en lo que a las relaciones financieras entre ambas administraciones se refiere”. 

En palabras del catedrático de Economía Aplicada de la Universidad Pablo de Olavide y miembro de Fedea, Diego Martínez López, quien también ha sido director general de Tributos de la Junta de Andalucía y fue secretario general de Financiación Autonómica y Local del Ministerio de Hacienda del primer Gobierno de Pedro Sánchez, en 2018, “aunque la bilateralidad entre el Estado y una autonomía esté recogida en la Constitución, refiere exclusivamente para las haciendas forales”, con lo que no podría aplicarse a Cataluña. 

En segundo lugar, el OEA rechaza que la gestión, recaudación, liquidación e inspección de todos los impuestos soportados en Cataluña corra a cargo de la Agencia Tributaria de Cataluña. 

Es más, considera que no se trata de una “financiación singular”, como la denomina el Gobierno central, sino de un sistema similar al concierto económico vasco o al convenio económico navarro.  

Y como tercer elemento para su postura en contra está que desde Cataluña se realizaría una aportación a las finanzas del Estado para satisfacer el coste de los servicios que el Estado presta en Cataluña, así como en concepto de solidaridad con el resto de CCAA, y siempre con la ordinalidad como condición indispensable. 

Precisamente por ello, se rechaza una financiación que podría agravar, por el tamaño y la población que tiene Cataluña, la infraestimación que ya existe de la aportación que estas dos comunidades forales –País Vasco y Navarra– a la solidaridad con el resto del país y para financiar las cargas que el Estado todavía asume en estos dos territorios. “Esa aportación está muy sesgada a la baja”, afirma Martínez López, que alerta que, si ya ocurre con las comunidades forales, “fácilmente puede ocurrir también con Cataluña”. 

“Ello nos lleva a pensar que su réplica en el caso catalán supondría un considerable deterioro de la capacidad redistributiva del Estado”, afirma también el documento. 

Ante estos tres motivos, el documento elaborado por los expertos del OEA, compuesto en su mayoría por economistas pero también por otros profesionales del ámbito de la ingeniería y el derecho, "el acuerdo alcanzado no es el fin del procés, como se argumenta, sino más bien la aceptación de algunas de sus hipótesis de partida, léase, el llamado e injustificado maltrato fiscal” hacia Cataluña. 

En la misma línea, señala que el acuerdo de PSC y ERC también hace evidentes los riesgos que semejante autonomía tributaria, solo para un territorio, pueden generar en términos de competencia fiscal. Porque la autonomía recaudatoria que otorgaría a Cataluña, lo que se ha definido como "tener la llave de la caja", equivale a la independencia fiscal.  

El OEA insistió en un principio básico: “Son las personas, y no los territorios, los sujetos y objetos de la redistribución, cualquier decisión sobre los criterios de equidad a seguir, si más o menos progresivos, si ordinalidad o no, corresponde tomarla a todos los ciudadanos de un país”. 

Por ello alerta del riesgo de “previsible fragmentación de la Agencia Tributaria que se deriva del acuerdo”, que “tiene el peligro de afectar a la eficiencia, eficacia y equidad de la gestión tributaria en nuestro país”. 

Exige reformar la Constitución

Por ello, el Observatorio afirma en el documento “que abordar un cambio de esta naturaleza, con posibles requisitos de reforma constitucional, a partir de un acuerdo de investidura regional sobrevenido por las contingencias electorales del momento, de ninguna manera es un procedimiento aceptable”. 

Aún más claro lo dejó el catedrático Martínez López, que afirmó con claridad que la aplicación de este acuerdo no solamente exigiría una reforma de la Lofca, que requiere de mayoría absoluta en las Cortes Generales, sino que exigiría una reforma Constitucional, que exige una mayoría de tres quintos de Congreso y Senado. 

Además de las razones para oponerse, que coinciden con la postura contraria de la Junta de Andalucía, el OEA hizo una serie de propuestas constructivas alternativas, en la que también cuestiona la “política fiscal errática” del Gobierno andaluz. 

La primera de las propuestas es que cualquier reforma del sistema de financiación autonómica debe realizarse desde un plano multilateral y como proyecto integrador de país. Y, en segundo lugar, que en dicha reforma los criterios de equidad y redistribución interpersonal deben ocupar una posición central. 

El Observatorio, en línea con esas dos propuestas, apuesta por una “nivelación completa de las capacidades fiscales de todas las comunidades autónomas para prestar un mismo nivel de servicios públicos”. Los expertos del OEA, y Martínez López insistió mucho en ello, entienden la ordinalidad como una propiedad, no un principio, que se garantizaría también con dicha nivelación completa, al no desembocar en una inversión de la prelación de capacidades fiscales según la financiación por habitante ajustado.  

Cuestionamiento de la política fiscal andaluza

Entre estas propuestas, el OEA anima a terminar con la incongruencia de alegar problemas de financiación de los servicios públicos autonómicos al tiempo que se adoptan rebajas fiscales que afectan negativamente a la recaudación. “Gobiernos como el andaluz deben exhibir una política fiscal sostenible y mejoras de gestión pública, sin perjuicio de nuestra legítima reclamación de reforma del sistema de financiación”, afirma el documento. 

Diego Martínez calificó de “política fiscal errática” la que practica porque aunque es cierto que la recaudación de impuestos está creciendo en Andalucía como en el resto de España, que vive “una fiesta recaudatoria”, la tasa de crecimiento de la recaudación es menor. 

Proponen,por ello, un nuevo sistema de financiación autonómica que muestre coherencia con las necesidades de consolidación fiscal que se necesitan tras la reciente reforma de la gobernanza económica europea. "La reforma de la financiación autonómica no debe traducirse en incrementos desproporcionados del gasto público autonómico”, afirma el documento. En este punto, Diego Martínez recordó que, con datos de la Airef, en 2023, la tasa de crecimiento del gasto de Andalucía fue del 13%, “la más alta del país”. 

Así, lo que se propone es lo contrario: un refuerzo de la disciplina fiscal de todas y cada una de las autonomías para avanzar de manera sostenida y eficaz en la reducción de los importantes volúmenes de deuda pública de estas administraciones. 

Precisamente, el OEA ve positivo que se diseñe o se ponga en marcha de un programa serio de reestructuración o incluso condonación de la deuda pública autonómica en manos del Estado. “Dicho programa debería estar ligado a una condicionalidad estricta, ponderando especialmente la infrafinanciación relativa de las comunidades autónomas”, afirma el documento.  

Implícitamente, aunque no explícitamente, anima a la Junta a negociar con el Estado una quita de la deuda, algo que el Gobierno andaluz rechaza si supone un acuerdo bilateral y no para todas las autonomías.

Para el OEA esta condonación o reestructuración de la deuda lo que debe es “empujar a las autonomías a financiarse en el mercado”. 

Entre sus propuestas, el OEA apoya también la creación de un consorcio tributario entre el Estado y las quince autonomías del régimen común de financiación, “pero no que se creen quince consorcios, que es a lo que lleva este acuerdo” entre PSC y ERC. 

En definitiva, propone un “un rediseño y revaloración” de la política regional española, “actualmente limitada a los raquíticos Fondos de Compensación Interterritorial”. Esta reforma requiere de la aportación de recursos y análisis de su eficiencia y eficacia, recuerda el documento. 

Finalmente, aboga por una armonización fiscal, entendida como punto intermedio entre la centralización de los impuestos y la competencia fiscal, admite mejoras sustanciales, que ejercerían un impacto positivo sobre la eficiencia y equidad con la que se distribuyen los recursos económicos en el territorio nacional.