La nueva Ley de Vivienda de Andalucía pretende agilizar los trámites para impulsar la construcción
Incluye un plan de choque para poner a disposición de manera urgente suelos para construir VPO
El texto legislativo que está en información pública, busca impulsar las promociones a precio asequible
Las claves de la futura Ley de Vivienda de Andalucía
El Gobierno andaluz parece dispuesto a atajar la falta de oferta de vivienda como una de sus recetas para tratar de impulsar la construcción de las mismas, toda vez que considera que es la farragosidad de los trámites, la que lastra la misma.
Asimismo, pretende contrarrestar los efectos de la ley estatal a la que siempre han acusado de "intervencionista" y de "no solucionar los problemas reales de falta de viviendas, sino de agravarlos".
Con este fin, la Consejería de Fomento somete a información pública el anteproyecto de la Ley de Vivienda de Andalucía, cuyo cometido principal, asegura la Junta, es garantizar el acceso a la vivienda e incrementar la construcción de promociones a precio asequible. El plazo para enviar aportaciones al anteproyecto permanecerá abierto por un periodo de dos meses, después de que este martes se publicara la resolución en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (BOJA).
"Este anteproyecto se ha trabajado de la mano del diálogo y el consenso y así seguirá siendo en este trámite en el que invitamos a participar a toda la ciudadanía para contar con una norma de todos", ha manifestado la consejera, Rocío Díaz, que ha recordado que ya hubo un periodo de consultas previas y reuniones con todos los agentes implicados en materia de vivienda antes de que el Consejo de Gobierno aprobara el inicio de la tramitación del anteproyecto.
Al respecto, ha defendido que la participación es el camino más rápido "para alcanzar el equilibrio entre propietarios, compradores, arrendadores, constructores y familias". "La vivienda es un tema tan acuciante y elemental que no se puede abordar desde la ideología, sino desde la puesta en común", ha añadido.
La nueva ley pretende realizar una revisión, actualización y unificación del marco legislativo de la comunidad en materia de vivienda, el cual califican, actualmente, de "disperso, complejo y obsoleto" y busca abordar el problema de la vivienda desde distintas perspectivas como promover la emancipación de los jóvenes, garantizar la habitabilidad de las viviendas existentes, y proteger a las personas con mayores dificultades, además de contar con un plan de choque para poner a disposición de manera urgente suelos para construir vivienda protegida.
"La vivienda es un tema tan acuciante y elemental que no se puede abordar desde la ideología, sino desde la puesta en común", ha concretado la consejera.
Además, el Ejecutivo autonómico ha trasladado que esta ley "nace para cumplir con el derecho a disfrutar de una vivienda digna y adecuada, como recoge la Constitución, en su artículo 47, y el Estatuto de Autonomía, en el 56".
Una ley articulada en torno a tres ejes
El anteproyecto de esta ley se sustenta en varios ejes. El primero se centra en la producción de suelo para viviendas a precio asequible, mediante medidas como la creación de una bolsa de suelo disponible que podrá consultar el sector a través de un portal informático; o la incorporación inmediata de los suelos urbanos dotacionales al uso residencial para configurar una infraestructura de equipamiento en alquiler.
En segundo lugar, se apostará por el incremento de la oferta de vivienda, en la línea de "lo que el Gobierno andaluz lleva realizando desde el año 2019", con subvenciones a promotores públicos y privados, entre otras actuaciones. El anteproyecto de ley crea la figura de las áreas prioritarias, en las que existen mayores dificultades para el acceso a la vivienda y en las que se concentrarán los recursos de la administración en forma de ayudas al alquiler, ayudas a la compra o incentivos a la construcción de nueva vivienda o a rehabilitación. Además, se "simplificará" la construcción de vivienda protegida, asimilando a la libre, así como la gestión de los demandantes de vivienda. Por último, se impulsará la colaboración público-privada, para garantizar "una oferta de adecuada".
En tercer lugar, la Junta ha manifestado que la futura Ley de Vivienda de Andalucía perseguirá el equilibrio de la oferta de vivienda en venta y alquiler y de los distintos usos de la vivienda, defendiendo el uso residencial "habitual y permanente". En ese sentido, "se incorporarán nuevas formas de residencia como son los alojamientos temporales, para personas que por motivos diversos se desplazan".
Asimismo, el anteproyecto se detiene en la "mejora y optimización" del parque residencial mediante un inventario único de viviendas públicas ya sean de la Junta, de los ayuntamientos, o de los promotores privados. También se apuesta por la "mejora de la calidad y de la eficiencia energética e hídrica" de los inmuebles y por potenciar el uso de terrazas y espacios libres, además de constituir una Comisión Técnica para la Calidad de la Vivienda en Andalucía.
En marcha un plan de choque
Por último, el Gobierno andaluz ha incluido una disposición adicional primera para hacer frente al problema de la vivienda con un plan de choque, que actuará de forma "inmediata" y pondrá a disposición suelos y nuevas viviendas que destensen "un escenario que está marcado por la ley estatal de vivienda", a su juicio.
Este plan permitirá construir vivienda pública de protección oficial (VPO) en suelos dotacionales sin acudir a la modificación de los instrumentos de ordenación urbanística y se destinarán a vivienda protegida en alquiler permanente. Además, se podrá construir VPO de forma automática sin modificar el instrumento urbanístico sobre suelos terciarios, con uso turístico y dotacional privado y permitirá un incremento del 20% de las viviendas y 10% de la edificabilidad en aquellos suelos residenciales que se destinen a VPO.
Las alegaciones y sugerencias al anteproyecto, que se puede consultar tanto en formato digital como en papel, se podrán dirigir por correo electrónico a leyvivienda.sgv.cfatv@juntadeandalucia.es o a través de la Sede electrónica de la Administración de la Junta durante un plazo de dos meses.
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