La negociación sobre el 'tijeretazo' salarial a los empleados públicos encalla

El aplazamiento de los recortes a los empleados públicos anunciado hace tres semanas por IU y confirmado horas después por el presidente de la Junta, José Antonio Griñán, no ha servido de nada hasta el momento. La distancia entre los planteamientos de la Junta y los sindicatos parecen insalvables y ayer se escenificó al levantarse los sindicatos convocados (CCOO, UGT y CSIF) de la Mesa General de la Función Pública.

La impulsiva decisión de abandonar la reunión, apenas una hora después de su inicio, evidencia que las posturas siguen enrocadas: la Junta tiene comprometidos 777 millones de su capítulo de personal en el plan de ajuste presentado ante el Gobierno central y los sindicatos difícilmente pueden apoyar un ajuste salarial de este calado sin coste para su imagen, más aún cuando continúa la estratégica batalla iniciada con la reforma del sector público entre los sindicatos de clase (CCOO y UGT) y los corporativos (CSIF y Safja).

La Junta quiere contar con el apoyo sindical y se compromete a estudiar de qué manera se pueden retocar esos ajustes a una plantilla conformada por 270.000 personas. En el nuevo Gobierno está IU, que intenta salvarse del impacto de esta medida entre los empleados públicos.

Direcciones como las de Córdoba o Sevilla han pedido a la dirección regional que IU vote en contra de estos ajustes cuando el decreto ley llegue al Parlamento, previsiblemente en julio. Antes se tramitará como decreto ley (en alguno de los dos próximos Consejo de Gobierno), por lo que las medidas entrarán en vigor para que la paga de julio ya asuma el recorte, según fuentes de la negociación. Sí tendría coste político en el Gobierno de coalición que IU no apoyase la ley en el Parlamento, aunque la coalición ya ha dado muestras de que intenta desligar las medidas que toman sus representantes en el Gobierno con las de su grupo parlamentario.

El vicepresidente de la Junta, Diego Valderas, quiere rentabilizar la autoría del aplazamiento, aunque el mismo lunes por la tarde reconocía que el margen de maniobra es muy estrecho.

A la reunión de la Mesa General de la Función Pública fueron CCOO, UGT y CSIF. Unas 60 personas convocadas por Safja protestaron a la puerta de la sede de la Consejería de Hacienda por la ausencia de este sindicato en la reunión. La Junta aún no ha compuesto la Mesa General de la Función Pública atendiendo al resultado de las últimas elecciones, donde Safja fue la fuerza mayoritaria.

Los sindicatos presentes, conocedores de que las posturas seguían inalterables, pronosticaban que la reunión sería corta. A la salida, se quejaron de que la reunión fue "más de lo mismo", un "paripé" y dieron por finalizadas las negociaciones y ratificados los actos de protesta. "Las premisas han sido las mismas", dijo el presidente de CSIF, José Luis Heredia, que destacó que "todos los sindicatos pensamos de la misma forma y estamos en el mismo barco".

Los sindicatos esperaban cambios que los contentasen pero, en la otra parte, la Junta quería escuchar propuestas. Los sindicatos no tienen una posición común, pero coinciden en que hay gasto público en determinados privilegios como sueldos de asesores y altos cargos, coches oficiales y otras partidas que sí pueden sufrir recortes. La Junta admite que con otras medidas se pueden recortar apenas unos cinco o seis millones y ofrece un retoque que a los sindicatos le parece insuficiente. La oferta de la Junta, según comentó a las agencias la consejera Carmen Martínez Aguayo, pasa por salvar en la medida de lo posible el impacto en los empleados con menor sueldo, los mileuristas, en "flexibilizar" la posición con los horarios de los interinos (que sufren la peor parte al ver reducido el sueldo hasta en un 15%), sin que la consejera ofreciera más detalle, y en estudiar la reversibilidad o temporalidad del ajuste.

Martínez Aguayo mostró su "sorpresa" por la actitud de los sindicatos al abandonar la reunión y anunció que convocará "inmediatamente" -en el tiempo que permita la Ley de Procedimiento Administrativo- un nuevo encuentro.

A esta reunión la consejera dijo esperar la presencia de "los máximos representantes sindicales", es decir, Francisco Carbonero, de CCOO, y Manuel Pastrana, de UGT, ya que José Luis Heredia, ya presente en las reuniones, es el presidente de CSIF.

El argumentario de la Junta de vincular los recortes con las medidas del Gobierno central y de que estas medidas evitan los despidos no cala. "Estamos haciendo una aplicación de una normativa estatal en cuanto a la jornada de 37 horas semanales y estamos haciendo una propuesta que busca mantener el máximo empleo posible", argumentó la consejera.

A la espera de esa nueva reunión, no parece que la Junta pueda ofrecer novedades. El portavoz del Gobierno, Miguel Ángel Vázquez, consideró ayer "inamovible" la cifra de 777 millones , aunque la pretensión de la Junta es "apurar" la negociación en la confianza de que dará sus "frutos".

De otro lado, entre 2.000 y 5.000 personas protestaron ayer contra los "recortes" de la Junta y contra el "deterioro" de las condiciones laborales de los empleados públicos convocados por Safja y sindicatos de personal docente y sanitario.