La mordida de los ERE

La investigación que Alaya inició por las comisiones ilegales en la empresa pública Mercasevilla ha destapado un "verdadero negocio" vinculado a los procesos de reestructuración de empresas en crisis. De una mordida a otra mucho mayor. Del intento de extorsión a unos empresarios para que abonaran una comisión de 300.000 euros -a cambio de gestionar una escuela de hostelería- a la creación de un sistema del que todas las partes implicadas sacaban tajada.

La juez Mercedes Alaya ha emprendido ahora una investigación más ambiciosa en torno a lo que no duda en denominar como una auténtica trama criminal que ha desviado más de 50 millones de fondos públicos a través del pago de "sobrecomisiones" a las entidades que mediaban en las pólizas de las ayudas a trabajadores y también a los sindicatos, que según la instructora habrían percibido más de cuatro millones.

La juez, que ha vuelto a encarcelar al ex director general de Trabajo Francisco Javier Guerrero por estos hechos y a otras cuatro personas, considera que se ha producido un giro radical en su investigación. La propia Alaya describe este cambio en el auto que acordó la prisión de Guerrero, en el que señala que la instrucción desarrollada en los últimos dos años ha puesto de manifiesto que inicialmente las sospechas apuntaban al "clientelismo" político y a una "escandalosa" concesión de unas ayudas "arbitrarias" a personas vinculadas al PSOE y a la Junta de Andalucía.

Pero la investigación está ahora, según Alaya, en "escenario nuevo", al haberse revelado un sistema "perfectamente establecido" en el que la concesión de las ayudas se convierte en el "verdadero negocio". Este negocio es mayor "mientras más ayudas se otorguen, aunque no exista partida presupuestaria para ello" y en el mismo intervienen, como actores principales, la consejería de Empleo, las consultoras, los intermediarios y los despachos de abogados que tramitan los procesos de reestructuración empresarial.

Para la juez, la "clave" de todo este proceso son las sobrecomisiones millonarias que fijan las consultoras y que superan en un 15% a las del mercado.

¿Y qué papel juega la Junta de Andalucía en el sistema? Alaya considera que las sobrecomisiones han dejado de ser "algo que pasara desapercibido" para la Administración autonómica, para ser el "verdadero alimento de esta trama corrupta del que se nutre, no sólo la mediadora, sino presuntamente y a espaldas de ésta, sus principales responsables". Alaya sitúa en este grupo de beneficiarios tanto a la "autoridad pública que permitiría la ilícita disposición de fondos de la Administración" como a los sindicatos e intermediarios, que "seguirían buscando nuevas empresas en situación de crisis para incrementar el negocio".

La juez considera que de los 50 millones en los que se ha cifrado el desvío de fondos públicos, más de 13 millones, es decir, una cuarta parte, habrían ido a parar al supuesto conseguidor de los ERE, el ex sindicalista Juan Lanzas Fernández, que desde el pasado viernes está en prisión provisional por estos hechos.

Alaya cree que Lanzas "premió" con viajes y estancias de hotel la colaboración del que fuera director general de Trabajo, Francisco Javier Guerrero, quien también habría obtenido hasta 249.000 euros en efectivo, dinero procedente de transferencias realizadas por Vitalia, otro de los grandes ejes de la trama.

Esta mediadora también habría pagado 4.291.384,10 euros a los "entornos" de los sindicatos UGT y CCOO, a través de las empresas Temiqui y FQT, respectivamente. El ex director de Vitalia y otro de los imputados que han sido encarcelados, Antonio José Albarracín, le dijo en su declaración a la juez Alaya que los sindicatos podrían cobrar una comisión de un 0,5% de la prima por cada expediente en el que intervenían y todo ello a pesar de que "no prestaban servicio alguno" a Vitalia que justificara el abono de estas cantidades. Si los sindicatos no cobraban, la operación se frustraba, según Albarracín, puesto que "se iban a la Junta de Andalucía y no se hacía la operación, ya que los sindicatos y la Junta eran los que mandaban", aseveró el imputado.

Este desvío de fondos a los sindicatos se produjo, añadió Albarracín, en al menos un 15 o un 20% de las pólizas de la Junta en las que intervino esta mediadora.

El imputado culpó, como "único responsable" del desvío de estos fondos, a los "representantes de la Junta, que eran los que tenían que velar para que las pólizas se hicieran correctamente".

La investigación de Alaya, que aún permanece bajo secreto de sumario, sigue abierta y la propia instructora no descarta la implicación de "más responsables".