La misión imposible de Alaya

UNA auténtica misión imposible. Alaya ha demostrado en los últimos años una gran capacidad de trabajo que es capaz de provocar la envidia de otros jueces, pero en los próximos meses tiene un reto muy difícil de lograr. De aquí a finales de este año, o tal vez hasta mediados de 2016 -todo depende de la comisión de servicio que le conceda el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ)-, la titular del juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla tiene que cerrar o al menos intentarlo los siete procedimientos, algunos de ellos macrocausas, que tiene al retortero.

Mercedes Alaya, que situó este juzgado de Instrucción que dirige desde 1998 en el mapa judicial español, no tiene a su favor la estadística porque en siete años sólo ha finalizado la instrucción de una única causa, la del cohecho de Mercasevilla, origen del escándalo de los ERE fraudulentos y que acabó con la condena de sólo dos de las cuatro personas a las que imputó Alaya.

Es cierto que la juez tiene otras dos causas a punto de cerrar -la del delito societario relacionado con la gestión de Manuel Ruiz de Lopera, que se inició en 2008, y la relacionada con la venta fraudulenta de los suelos de Mercasevilla-, pero otras cuatro siguen actualmente en instrucción y con un incierto recorrido procesal.

En una etapa inicial de la instrucción se encuentra la macrocausa de los cursos de formación (iniciada en 2013), donde Alaya ha imputado ya a los ex consejeros Antonio Fernández y Ángel Ojeda. Más avanzada se encuentran la causa del delito societario de Mercasevilla, que se inició en 2009; y la denominada operación Madeja o Enredadera, que ha destapado una organización criminal con epicentro en la empresa Fitonovo y que se dedicaba a pagar mordidas a funcionarios a cambio de favores en los contratos públicos.

Alaya también tiene abierta su sumario estrella: el de los ERE fraudulentos. A pesar de que la juez ha preimputado -una figura jurídica creada por la magistrada- a nueve aforados, entre ellos los ex presidentes de la Junta Manuel Chaves y José Antonio Griñán, todavía tiene por delante una ingente labor. Hasta ahora, la juez apenas ha completado el 40% de la investigación de las ayudas bajo sospecha, si bien es cierto que se supone que lo que resta por investigar es de menor complejidad, una vez que Alaya ha resuelto todo lo relacionado con el denominado "procedimiento específico" por el que la Junta concedió durante doce años un total de 855 millones de euros.

En esta macrocausa hay 229 imputados, sin contar los aforados, pero todavía quedan muchos más por ser llamados a declarar.

Una vez solicitado su traslado a la Audiencia de Sevilla, es probable que Alaya pueda continuar en su juzgado hasta finales de este año o mediados de 2016, en función de la comisión de servicio y las posibles prórrogas que el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) pueda concederle para finalizar las macrocausas pendientes.

La pregunta es si Alaya será capaz de afrontar en estos meses todo lo que no ha podido hacer en los últimos años. Quizás el principal hándicap de Alaya es su loable insistencia en abrir una y otra vez nuevas líneas de investigación -algo que no todos los jueces harían- pero sin poner un punto y final a la anterior.

Alaya trabaja por impulsos, a borbotones, concentrándose en la causa del Betis durante semanas y aparcando el resto, o cogiendo los ERE y elaborando un maratoniano calendario de declaraciones que concentra en pocos días la comparecencia de decenas de imputados y que no se podría cumplir de no ser porque en este caso la inmensa mayoría de los implicados secundan la ley del silencio, acogiéndose a su derecho a no declarar.

En siete años, Alaya ha tramitado siete procedimientos con un pobre balance: sólo ha cerrado y llevado a juicio un caso. Pretender que ahora en sólo unos meses cierre todos los asuntos pendientes es su misión imposible. Pero cuidado que esta juez es incansable, como ella misma reconoció en un auto. Lo que no cabe duda es que Alaya va a seguir instruyendo estos procedimientos mientras se lo permita el máximo órgano de gobierno de los jueces. Alaya volverá pronto a dar guerra -no sabemos en qué causa- una vez que ha remitido al TSJA la "exposición razonada" sobre los cuatro últimos aforados imputados en los ERE.