La ministra de Vivienda confía en la regulación ante la consejera andaluza: "La barra libre no sirve"

El precio de la vivienda no hace más que subir y lo lleva haciendo demasiado tiempo. Las subidas además son acusadas no sólo para la compra sino para el alquiler, que registra incrementos cercanos al 10% de un año a otro. No es de extrañar, como indicó el barómetro de la Fundación Centra de septiembre, que el acceso y el precio la vivienda haya alcanzado la tercera posición entre los problemas de los andaluces. Para resolverlo, los gobiernos no se ponen de acuerdo. Cada uno tiene su receta. A grandes rasgos, en resumen, el Ejecutivo central apuesta por regular mientras que el Gobierno de la Junta confía en la cesión de más suelo a un mercado que debe seguir actuando con la menor regulación posible.

Es lo que han reflejado las declaraciones de la ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez, quien ha apostado por la actuación de las administraciones públicas y por la regulación para resolver el problema del acceso a la vivienda y ha dicho que está demostrado que "la barra libre no sirve".

Rodríguez, quien ha participado en el inicio de la construcción de 92 viviendas públicas en alquiler a precio asequible en Sevilla, defiende que la vivienda "no puede ser una parte más del libre mercado" y que es necesario que las administraciones intervengan desde las ordenanzas municipales y las normativas autonómicas y estatales. 

"El mercado solo no garantiza el derecho a las personas y, por tanto, todas las administraciones estamos obligadas a regular fenómenos que en estos momentos están impidiendo o complicando el acceso a la vivienda", ha indicado la ministra en unas declaraciones recogidas por Efe. Rodríguez admite la posibilidad de que las administraciones han "tardado quizás demasiado" en atender el mandato constitucional de acceso a una vivienda digna, que hoy es uno de los principales problemas de los españoles, por lo que debe ser "la tarea prioritaria del gobierno para los próximos años" garantizar que ningún ciudadano dedique más del 30% de sus ingresos a la vivienda.  

Más uso para los residentes y menos para los turistas

La ministra se ha referido a la necesidad de regular los pisos turísticos para priorizar el uso residencial en las ciudades, a impedir los abusos en los contratos de alquiler de temporada y a que las viviendas de protección oficial no salgan del parque público, cuestiones para lo que ha apelado a la acción de las comunidades autónomas. Un reciente informe del Banco de España vincula las áreas donde se "concentra la actividad económica y turística" a los lugares donde más dificultad encuentra la población para acceder a una vivienda.  

El problema de la vivienda será una de las cuestiones incluidas en el orden del día de la Conferencia de Presidentes que se celebra en Santander el próximo 13 de diciembre. 

La Junta apuesta por más oferta, más construcción

La consejera de Fomento, Rocío Díaz, presente en el acto con la ministra, ha seguido la línea argumental de la Junta y ha dicho que "la mejor fórmula para facilitar el acceso a la vivienda a precio asequible es ampliar la oferta" y ha recordado que la administración andaluza ha tramitado más de 95 millones en subvenciones para nuevas promociones residenciales. Díaz ha señalado que el presupuesto de la Junta recoge para 2025 unos 800 millones para impulsar el acceso a la vivienda. La consejera ha asegurado que desarrollo de "la futura Ley de Vivienda" andaluza "seguirá apostando por incrementar la oferta de vivienda a precio asequible".

El PSOE-A insta a la Junta a aplicar la ley estatal de vivienda

Los partidos políticos andaluces protagonizaron la pasada semana en el Parlamento un debate sobre la normativa de vivienda. El PSOE-A afeó que la Junta de Andalucía esté elaborando una legislación propia al mismo tiempo que rechaza acogerse a los preceptos de la ley estatal, aprobada hace poco más de un año, una norma a la que se ha acogido Cataluña y que Navarra y el País Vasco estudian aplicarla en sus territorios. El Grupo Socialista instó en la Cámara al Gobierno andaluz a "colocar las políticas públicas de vivienda entre las prioridades de su agenda" y a "retirar" el proyecto de ley de Vivienda que ha comenzado a tramitar, así como a aplicar la norma estatal. La consejera de Fomento reivindicó la política del Gobierno andaluz, que "está trabajando en las obras de urbanización de suelos residenciales para impulsar la construcción de más de 17.500 viviendas en Córdoba, Málaga, Granada o Sevilla".