Más de medio millón de andaluces viven en bloques de pisos sin ascensor

El 64,5% de los hogares de la comunidad autónoma no son completamente accesibles para personas mayores o con problemas de movilidad, un punto menos que la media nacional

Las ayudas para su instalación llegan hasta los 9.000 euros

13 ascensores para 175 pisos cárceles

Más de 5.000 viviendas en Andalucía tendrán ayudas para mejorar su accesibilidad

Instalación de un ascensor en un edificio que carecía del mismo en la barriada de la Hispanidad de Huelva.
Instalación de un ascensor en un edificio que carecía del mismo en la barriada de la Hispanidad de Huelva. / Alberto Domínguez

La antigüedad del parque de viviendas especialmente en algunas de las barriadas de las grandes ciudades andaluzas, juega en contra de las condiciones de accesibilidad de alguno de sus edificios. Así al menos lo confirma el estudio Más allá del ascensor. Movilidad accesible y barreras en edificios y viviendas, elaborado por la empresa Otis en colaboración con Ilunion Accesibilidad. Las conclusiones no dejan en muy buen lugar a Andalucía en cuanto a las comunidades autónomas ejemplares en la accesibilidad de sus bloques de edificios (de más de tres alturas), toda vez que junto los dos archipiélagos y las dos ciudades autónomas, son quienes presentan peores porcentajes entre aquellos que disponen de ascensor para acceder a las viviendas.

Para paliar este déficit, la Junta de Andalucía tiene abierta una nueva convocatoria de ayudas que cubre hasta el 60% de las obras de instalación de ascensores en aquellos edificios que no disponen de los mismos. Precisamente este porcentaje es uno de los mayores impedimentos que se alzan a la hora de afrontar una obra cuyo coste a los vecinos va mucho más allá que los 9.000 euros por vivienda que concede el Gobierno autonómico.

El estudio llega, como conclusión principal que el 31,1% de los edificios de más de tres alturas, no cuenta con elevadores. Hay que tener en cuenta que el número de inmuebles de este tipo que hay en Andalucía, llega a los 1.635.277, por lo que el número total de los mismos que no tienen ascensores llega a los 506.936. El porcentaje es el quinto más alto entre todas las comunidades autónomas españolas, por detrás de Canarias (45,3%), Baleares (43,5%) y las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla que llegan a unos porcentajes de 34,3% y del 31,4% respectivamente.

En el otro extremo, Asturias, Navarra y Aragón no llegan al 20% de los edificios que no tienen ascensor. Esto deja a la comunidad ligeramente por debajo de la media nacional, del 65,7%. Además, Andalucía destaca como la cuarta comunidad con mayor proporción de hogares principales en viviendas unifamiliares (44,7% del total), solo superada por Extremadura (58,8%), Castilla la-Mancha (56,7%) y Galicia (47,2%). Actualmente un 21,1% de las viviendas principales en la comunidad se ha sometido a obras para adaptarse a las nuevas necesidades ligadas al envejecimiento, lo que deja a la región ligeramente por encima de la media española, del 20,8%.

Actualmente, el 34,3% (6,45 millones) de las viviendas principales se encuentran en edificios que los residentes no consideran de fácil acceso, y solo el 20,8% de las viviendas están preparadas para las condiciones propias del envejecimiento.

De acuerdo con el estudio, en torno al 30% de la población de más de 65 años vive en bloques de viviendas sin ascensor, generando una importante barrera de movilidad y autonomía en el día a día de estas personas. En cuanto a las diferencias de género, las mujeres tienen más probabilidades de experimentar limitaciones graves en su actividad diaria relacionadas con la accesibilidad, por su mayor esperanza de vida. Además, también enfrentan en mayor medida estas barreras, dado que también son las principales responsables de tareas de cuidado.

El régimen de tenencia es también otro factor clave: los hogares en bloques de viviendas de 3 y más alturas en régimen de alquiler tienen ascensor en un 62,7% de los casos, por debajo de las viviendas propias por compra. También se observa que, la probabilidad de que el edificio sea considerado accesible aumenta conforme lo hace el tamaño del municipio donde está situado. Las mujeres y las personas mayores de 65 años son los grupos de población que más sufren por la falta de accesibilidad en las viviendas.

En todo el territorio nacional, se ha contabilizado casi un millón de personas con discapacidad que han realizado adaptaciones en su vivienda, edificio o en el entorno próximo para facilitar la accesibilidad. De ellas, 285.000 han tenido que cambiar de vivienda por ese motivo y cien mil de ellas lo hicieron para evitar las barreras de acceso que tenían en su anterior domicilio. El principal problema se encontraba en el portal del edificio, escaleras, ascensor y garaje.

Ayudas de la Junta

Las comunidades de vecinos y la complejidad de los trámites para recibir ayudas públicas dificultan la adaptación de las viviendas y edificios. Para tratar de revertir estos problemas, la Junta tiene abierta una nueva convocatoria de ayudas para la instalación de ascensores y otras mejoras de accesibilidad en edificios y viviendas. La convocatoria, dotada de casi 31 millones de euros (30.898.200), prevé atender a unas 5.200 familias andaluzas, que podrán sufragar con estas subvenciones hasta el 60% del coste de estas obras de accesibilidad en el parque residencial. En lo que se refiere a la accesibilidad en edificios, cuenta con una partida ligeramente superior a los 24,7 millones de euros y pretende llegar a las 4.254 viviendas.

Según información de la Junta, la construcción de estas viviendas debe ser anterior al año 2006, salvo que resida al menos una persona con discapacidad o mayor de 65 años. En el caso concreto de las ayudas a la rehabilitación de edificios, al menos un 70% de la superficie sobre rasante, salvo planta baja, debe tener uso residencial y al menos el 50% del edificio debe ser residencial habitual. Por último, se deberá presentar un informe técnico de Ordenación de la Edificación. La subvenciones ascienden hasta el 60% del coste total de la obra, aunque se puede elevar al 80% si reside una persona con discapacidad.

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