Una mayoría opina que Rajoy debe frenar el referéndum

UNA mayoría de andaluces opinan que el Congreso de los Diputados y el Gobierno de Madrid debe parar el referéndum independentista en Cataluña, pero tampoco desean respuestas extremas como la de suspender la autonomía. Según los resultados del Barómetro Joly, siete de cada 10 andaluces consideran que el Congreso debe rechazar la petición del Parlamento catalán para convocar esta consulta el próximo 9 de noviembre. La Cámara Baja debe responder a esta solicitud que ha realizado la mayoría nacionalista de Cataluña, ya que es Madrid la que autoriza los referéndum. No obstante, como la naturaleza de la pregunta es la independencia de una comunidad no será autorizado, debido a que, en cualquier caso, el soberano que debe decidir es el pueblo español, no el catalán.

En Andalucía, la posición es bien clara: sólo un 17,6% considera que sí debe darse el permiso para la consulta. Sin embargo, la posición de los votantes de Izquierda Unida es la contraria. En consonancia con la posición de la formación de izquierdas, los sondeados opinan en un 51% que este referéndum debe celebrarse.

IU, socio de Gobierno en Andalucía, está a favor de la consulta y del derecho a la autodeterminación de cualquier comunidad autónoma, aunque, llegado el caso, solicitarían que no se disgregue de España.

Los votantes andaluces del PP y del PSOE rechazan de modo mayoritario el permiso para celebrarlo. Casi nueve de cada 10 sondeados que votan al PP se manifiestan de este modo. En el caso de los del PSOE, el porcentaje llega al 71,1%. Pero si los andaluces se expresan de modo contundente ante este desafío, no optan por una posición extrema en el caso de que, finalmente, el presidente Artur Mas convoque la consulta a pesar de ser ilegal.

Un 46,3% de los sondeados consideran que, llegado este caso, el Gobierno debería recurrir la convocatoria ante el Tribunal Constitucional para que la declarase ilegal frente a un 26,6%, que piensa que se debe suspender la autonomía catalana. El artículo 155 de la Constitución permite al Gobierno, previo permiso del Senado, tomar las medidas necesarias para que una comunidad no atente contra el interés general. Un 10% cree, por el contrario, que el Gobierno no debería hacer nada, sino dejar que el referéndum se celebrase.

En España nunca se ha suspendido una autonomía de una comunidad; al final, y a pesar de las derivas soberanistas, todos los Gobiernos han terminado por atenerse a la ley. El presidente Artur Mas no lo ha dejado claro del todo, pero parece que su intención sería convocar unas elecciones al Parlamento si se suspende el referéndum. Estas elecciones legislativas se leerían como una suerte de plebiscito sobre las intenciones independentistas.

La opinión sobre la convocatoria del referéndum soberanista cambió en el PSC, la marca del PSOE en Cataluña, a raíz de la presión de la Ejecutiva federal, aunque la primera que se mostró en contra de ello fue la presidenta de la Junta, Susana Díaz, quien advirtió que detrás del llamado derecho a decidir estaba la voluntad de independencia. Díaz expresó esta opinión al primer secretario del PSC, Pere Navarro, y a principios del mes pasado insistió en un foro en Barcelona que el referéndum era un callejón sin salida, irrealizable.