La mayoría opina que la juez Alaya no tiene interés político

POLÉMICA en sus autos, excesiva en el tamaño de su investigación, celosa de su juzgado, perseguidora de ex presidentes de la Junta... La juez Mercedes Alaya, la instructora de los ERE, no deja indiferente a nadie. Según el resultado del Barómetro Joly, la magistrada del juzgado número 6 de Sevilla cuenta con un apoyo mayoritario de la opinión pública. Seis de cada 10 consultados opinan que la juez está realizando una instrucción rigurosa y que es ajena a cualquier tipo de interés político. Sin embargo, un porcentaje menor, pero notorio, del 21,1% considera que sí: que la instrucción de la juez tiene una motivación política.

La investigación de los ERE se ha convertido en una macrocausa, con más de cien imputados, en la que la juez sigue buscando las posibles responsabilidades penales de los dirigentes de la Junta. De hecho, en uno de sus autos, la juez ha llegado a preimputar a los ex presidentes Manuel Chaves y José Antonio Griñán. Aunque ella no puede investigarlos, porque son aforados, ha utilizado la vía dudosa de la preimputación para señalarlos. Esto, y la coincidencia de la publicación de sus autos más mediáticos con días de relevancia política para el PSOE animan a quienes creen que ella guarda una mtovación política.

Pero son minoría. Incluso a los votantes socialistas a los que el Barómetro ha preguntado admiten en un 53,7% que la juez es imparcial. Casi un 30% de éstos, sin embargo, abonan la teoría de la intencionalidad. Quienes más apoyan la limpieza instructora de Mercedes Alaya son los votantes del PP y quienes más dudan de ella, los de IU.

En el caso contrario, casi la mitad de los sondeados mantienen que la Junta está poniendo todo tipo de obstáculos a la juez Alaya. Esta opinión es compartida por un 48% de los encuestados, aunque, en el caso de los votantes socialistas, se mantiene la versión distinta. Según éstos, el Gobierno de la presidenta Susana Díaz sí estaría trabajando con la juez Mercedes Alaya para el esclarecimiento de los hechos. Los votantes de IU se dividen al respecto, y los del PP se apuntan, con un 70,4%, a la tesis del boicot a las investigaciones.

Alaya y los responsables de la Junta han tenido varios roces a lo largo de la instrucción, aunque el mensaje del Gobierno andaluz es que apoya a la Justicia aunque le reclama celeridad en un caso que se prolonga por más de tres años y con personas que son llamadas a declarar como imputados después de esos tres años. Sólo un 27,3% considera que la Junta sí colabora con la juez del caso de los ERE. La presidenta de la Junta, Susana Díaz, ha optado por no realizar ningún comentario sobre los autos de la juez en un intento de apartar este caso de su nuevo Gobierno.

El caso de los ERE es una de las principales investigaciones sobre corrupción política, un caso que afecta de lleno a la Junta de Andalucía y que propició la dimisión de su anterior presidente, José Antonio Griñán. Un 89% de los consultados por el Barómetro Joly aseguran que conocen este caso, un porcentaje que supera el 99% en el caso de los votantes de IU. Otra de las investigaciones políticas recientes, la de las facturas falsas de UGT, también adquiere una notoriedad importante entre la opinión pública. Un 82,3% ha oído hablar de este caso y, del mismo modo, son los votantes de IU los más informados: hasta un 94,2% de ellos saben de esta instrucción que también lleva la juez Alaya. La corrupción política es el segundo problema en importancia para los andaluces [ver edición de ayer de este periódico].