Hacia la mayor crisis migratoria de la historia de España

A día de hoy la actual crisis migratoria es la mayor de cuantas ha sufrido España en el Mediterráneo y a este ritmo lleva camino de ser, a fin de año, la mayor a secas. Superará probablemente la que en 2006 afectó a Canarias, adonde llegaron en los famosos cayucos cerca de 32.000 sin papeles desde Senegal y Mauritania. En lo que va de año han llegado unos 25.000 inmigrantes irregulares, la gran mayoría por mar a Andalucía.

La crisis, que arrancó hace algo más de año y medio, era en cierta medida previsible. La emigración es un sistema de vasos comunicantes. A medida que se cercenaban otras vías de acceso a la Unión Europea, como la del Mediterráneo Oriental (Turquía-Grecia) y la del Central (Libia-Italia), aquellos que en África y en Oriente Próximo aspiran a salir de la miseria o residir en un lugar seguro buscaron caminos alternativos. Y probaron la ruta del Mediterráneo Occidental.

Argelia, a menos de 250 kilómetros de Almería, ejerce un estricto control sobre sus costas, aunque algunas de las pequeñas pateras que llegaron a finales de esta semana al Levante y a Baleares zarparon desde los alrededores de Orán. Y el grueso de la presión migratoria que se desplazaba desde Libia y Túnez se volcó finalmente sobre el vecino marroquí.

Esos migrantes en busca de rutas alternativas llegaron a un Marruecos que atraviesa turbulencias, probablemente las mayores desde que hace 19 años fue entronizado Mohamed VI.

Desde la zona minera de Jerada hasta Zaghora, en el sur, pasando, sobre todo, por el Rif, la periferia marroquí se ha rebelado. Además, los ciudadanos boicotean desde el 20 de abril tres de las marcas más conocidas, incluida la que pertenece al poderoso ministro de Agricultura.

Para acallar sus protestas, las fuerzas de seguridad se han empleado a fondo y, aunque ahora reina la calma en esas remotas regiones, mantienen parcialmente su despliegue. La vigilancia en las costas ha quedado relegada.

La presión migratoria sigue desde principios de 2017 una curva ascendente, pero ha sufrido un brutal acelerón a mediados del pasado mes de junio. En España acababa entonces de ser investido presidente Pedro Sánchez, quien intentó, como es tradición, hacer su primer viaje a Marruecos, pero el rey Mohamed VI no estaba disponible para recibirlo. ¿Hay alguna relación entre ese brusco incremento y el regreso del PSOE al poder?

Hay indicios, casi pruebas, de que las autoridades marroquíes están mirando para otro lado, sobre todo desde hace mes y medio. Está, por ejemplo, el vídeo rodado a mediados de junio en la playa de Cabo Espartel, cerca de Tánger, en el que se ve a dos grupos de subsaharianos echar sus barcazas al agua a plena luz del día y ante los bañistas.

Están también los testimonios de los guardias civiles que el jueves intentaron en vano repeler en Ceuta el mayor asalto de subsaharianos de cuantos ha conocido la ciudad. Cuentan que del lado marroquí no había antidisturbios para frenarlos en su carrera. Para cortar la verja los inmigrantes llevaban radiales y para neutralizar a los guardias, cal viva. ¿Cómo se la proporcionaron?

Entre los sin papeles que ponen pie en España hay ahora un 17% de marroquíes, según Interior, y en 2017 rondaban el 20%. Esos porcentajes probablemente subestimen el número real de marroquíes llegados a España. A diferencia de los subsaharianos, intentan a toda costa no caer en manos de las fuerzas de seguridad española, porque saben que pueden ser fácilmente devueltos. Su empeño en emigrar es revelador del persistente descontento que existe en Marruecos, pero también supone una válvula de escape para un régimen que atraviesa un bache. No se dará prisa en cerrarla.

El palacio real, que es desde donde de verdad se gobierna Marruecos, no teme al PSOE. Entre sus grandes valedores internacionales están los ex presidentes Felipe González y José Luis Rodríguez Zapatero. Probablemente sí se sienta preocupado por la influencia que ejercerán sobre Sánchez dos formaciones, Unidos Podemos y Esquerra Republicana de Catalunya. Las considera visceralmente antimarroquíes. Ambas formaciones votaron la investidura de Pedro Sánchez.

Desatendiendo sus costas y las verjas fronterizas, Rabat ha considerado oportuno desde junio recordar a la España socialista y, de paso, a Europa, su grado de dependencia de Marruecos en materia de lucha contra la inmigración o contra el terrorismo.

De ese modo trata de garantizarse, por ejemplo, su apoyo ante un Tribunal de Justicia de la UE. Aun así es probable que éste tumbe los acuerdos europeos de pesca, de asociación y aéreo con Rabat. Las autoridades marroquíes aprovechan de paso para intentar mejorar el equipamiento de sus fuerzas de seguridad. Por medio del Ministerio del Interior español, Marruecos ha enviado a Bruselas un largo pedido de material, que incluye desde radares náuticos hasta escáneres, pasando por un helicóptero. La solicitud asciende a algo más de 60 millones de euros.

A diferencia de lo que hizo el José María Aznar hace tres lustros, el Gobierno socialista rehúsa señalar a Marruecos como parcialmente responsable de la oleada migratoria. A la hora de buscar culpables alternativos, el delegado del Gobierno en Andalucía, Alfonso Rodríguez Gómez de Celis, apuntó el viernes en Canal Sur a "las políticas ultraderechistas de Italia y Grecia". Probablemente ignore que Alexis Tsipras, líder de la Coalición de la Izquierda Radical, es el primer ministro griego.

Es previsible que la presión amaine algo cuando Rabat haya considerado que su mensaje ha llegado con la suficiente nitidez y que Bruselas apruebe el grueso de su solicitud. Pero el pulso migratorio en el sur de España no volverá a ser tan débil como el de antes, el de principios de esta década. Hay demasiados africanos y árabes que proyectan emigrar al norte y, por mucho que le ayuden desde Europa, el régimen marroquí tiene como prioridad su supervivencia antes que dedicarse a frenarlos.