María Jesús Montero niega el "chantaje" a Andalucía con la ley de vivienda

La vicepresidenta primera del Gobierno y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha negado este viernes que sea un "chantaje" condicionar los recursos que da el Estado a las comunidades en materia de vivienda a que estas cumplan con la ley aprobada por el Gobierno.

"Si alguien llama condicionalidad o chantaje a que los recursos públicos vayan a quien lo necesita, entonces tiene un problema político y realmente no ha entendido por qué en este país la vivienda se ha convertido en un auténtico problema que los ciudadanos expresan y que el Ejecutivo está decidido a acometer con las otras administraciones", ha indicado Montero.

En este sentido, desde Cádiz ha advertido a la Junta que no puede "pretender no cumplir la Ley de Vivienda" o llevarla al Tribunal Constitucional (TC), cuando la falta de una vivienda es un problema que afecta a miles de andaluces.

Montero ha manifestado que los recursos públicos que las administraciones ponen en marcha para la política de vivienda tienen que tener como objetivo facilitar que los jóvenes y a las personas vulnerables "un alquiler asequible" o que puedan comprar una vivienda en condiciones "que no haga que su futuro esté hipotecado sin capacidad económica para el resto de su vida".

Así, ha recalcado que, hoy por hoy, la vivienda sigue siendo un problema fundamental de los españoles y andaluces, ya que basta ver la dificultad de los jóvenes para emanciparse. "Tener una vivienda no puede ser un lujo, sino que tener una vivienda tiene que ser un derecho de todas las personas a poder tener un lugar en donde vivir y desarrollarse con su familia", ha apuntado la vicepresidenta, quien ha insistido en que ese es el objetivo de las medidas del Ejecutivo nacional.

 Ha indicado que, en política de vivienda, se pueden ver dos modelos distintos, el del Gobierno de "progreso" y el del PP.

Según ha detallado Montero, el Gobierno de "progreso" piensa que la vivienda tiene que ser "un derecho de los ciudadanos y convertirse en el quinto pilar del Estado del bienestar", de manera que el alquiler lo puedan pagar personas que tengan baja renta y, si tienen capacidad de comprarse una vivienda, que "no sea a costa del 70 u 80 por ciento de los ingresos que recibe una familia".

"Es de sentido común", según ha expresado la vicepresidenta primera, quien ha añadido que, en cambio, el modelo del PP es "el de la liberalización del suelo, de la especulación, y de dejar que el mercado se regule, lo que ha llevado a una situación en la que, desgraciadamente, se encarecen los precios de la vivienda y nadie hace nada, cuando esto requiere, evidentemente, actuaciones públicas que permitan modularlo".

Asimismo, ha querido dejar claro que la política de vivienda "reside en la comunidad autónoma y el Gobierno de España está multiplicando los recursos, sin competencia para ello, justamente para dar más dinero a ayuntamientos y a comunidades para resolver un problema que tiene muchísima gente".

Críticas de Juan Espadas, que aboga por un "pacto"

El secretario general del PSOE-A, Juan Espadas, ha abogado este viernes por "priorizar las políticas autonómicas" en materia de vivienda al entender que la Junta de Andalucía destina una "cantidad ínfima" de recursos a la creación de inmuebles, sentido en el que además ha apostado por un "pacto" con el Gobierno para "desbloquear situaciones de tensión en algunas zonas urbanas" y permita "maximizar" los esfuerzos destinados a nuevas promociones.

 "Lo que le está planteando el Gobierno de España a las comunidades autónomas es que, o vamos todas de la mano, o lo que no puede ser es que se quieran recursos del Gobierno pero no se quieran asumir obligaciones a la hora de que efectivamente tengamos una estrategia común", ha manifestado Espadas, quien ha advertido la situación "especialmente compleja y grave" de ciudades como Málaga al respecto.

 Así, ha calificado de "coherente" el planteamiento de la ministra ante el "problema de emergencia" que se ha generado en ciertos territorios debido a los precios de alquiler y compra, especialmente entre los jóvenes y las clases trabajadoras, que se ven "expulsadas" del mercado tanto por los costes como por la proliferación de alojamiento turístico o especulativo.

De este modo, ha rechazado planteamientos que, a su juicio, se producen por parte de los gobiernos autonómicos de la Comunidad de Madrid o Andalucía, en donde se reclaman recursos al Estado "para abordar nuevas promociones de vivienda" pero al mismo tiempo demandan que "no se aplique la ley" estatal o la misma es vista como "un problema".

Para Espadas, hay que "llegar a un pacto en el que se cumplan las obligaciones" o, al menos, con el que se prevea "cómo desbloquear situaciones de tensión en algunas zonas urbanas", toda vez que cree que la Junta debe aportar más fondos a su política de vivienda "y más en una situación de emergencia", ya que "las últimas primeras piedras" de grandes promociones a precios asequibles llevan aparejadas inversiones "del 75-80% de fondos del Estado".

 "Los ayuntamientos están poniendo a veces el suelo, ponen alguna cantidad, pero ¿y la Junta de Andalucía? Dedica una cantidad ínfima", ha asegurado Espadas, quien ha abundado en la necesidad de "equilibrar" los porcentajes de inversión y de introducir en la nueva ley de vivienda de Andalucía "criterios de coordinación" para que las normativas no sean "un elemento de confrontación más".

 Así, frente a la "ridícula" cantidad de viviendas a precio "asequible" que hay disponible actualmente, Espadas ha manifestado su interés en potenciar los recursos a la construcción de vivienda, especialmente la destinada al alquiler, ya que la disponibilidad de este tipo de alojamiento está por debajo de otros países de la Unión Europea.

 "Si tomamos una decisión y establecemos una estrategia común, hay que poner recursos económicos y hay que saber que hasta dentro de tres o cuatro años no vamos a ver realmente una oferta de vivienda si hacemos las cosas bien que pueda ser accesible a la gente", ha remarcado.

 Con ello, ha recomendado dejar de lado cualquier debate "estéril" puesto que la ciudadanía espera "acuerdos, sobre todo en materia de vivienda, que nos permitan ver grúas" que den lugar a nuevos inmuebles "para vivir" y no "para especular como ya pasó en la anterior crisis".