El limbo de la dependencia

Cerca de 92.000 dependientes reconocidos por la Administración están a la espera de recibir una prestación en Andalucía. Por primera vez en tres años la cifra ha bajado, después de que en 2016 el listado se disparará por encima de las 100.000 personas. El atasco -el tiempo que se tarda entre el reconocimiento de la dependencia y la prestación- tiene una expresión propia. Se denomina el limbo de la dependencia. Y hay múltiples casos de personas mayores que se mueren antes de poder salir de este particular limbo administrativo. O lo que es lo mismo, que fallecen como dependientes antes de conseguir que le aprueben la prestación.

El pasado domingo, los periódicos de este grupo publicaron un extenso informe del periodista Alejandro Martín sobre la situación de esta prestación básica, que incluía una clara advertencia del Observatorio de la Dependencia sobre la disparidad entre territorios en España a la hora de aplicar esta ley. En el dictamen se volvía a encuadrar a la comunidad autónoma andaluza entre el grupo de regiones que se encuentra en una "situación crítica".

Andalucía es la comunidad autónoma con más personas en situación de dependencia y con más prestaciones reconocidas, pero también es, junto con Cataluña, la que acumula más dependientes a la espera de recibir una prestación. El gasto medio por dependiente en Andalucía está en 611,7 euros, por encima de la media en España, aunque muy lejos del País Vasco o Cantabria que supera los 900 euros.

Con todo, la cifra global que destinan las arcas de la Junta supera los 1.214 millones de euros, prácticamente la misma cuantía que presupuesta el Gobierno central para el conjunto de España. Y es aquí donde está la principal queja de la Junta, que asegura que está asumiendo el 82% del presupuesto frente al 18% que pone el Estado. Aunque el Observatorio discrepa de estas cifras que ofrece la Junta -habla de 78% frente al 22%-, sí admite que el sostenimiento del sistema reposa fundamentalmente en los hombres de la Administración autonómica. Este es sin duda el principal problema que ha tenido el desarrollo de esta ley. La atención a estas personas depende de la Administración central y de las autonómicas. Al principio, la idea era que iban a compartir el gasto al 50%. Pero la realidad es que eso no es así y las comunidades corren con el grueso del gasto.

Esa misma realidad dice que en el denominado limbo de la dependencia hay cerca de 92.000 personas en Andalucía, que es una cifra estratosférica porque cada uno de los afectados tiene nombre, apellidos y enfermedad. Y ese listado incluye situaciones que hacen que vivir sea un ejercicio diario lleno de dificultades para el afectado y para su familia. Además, la bajada en la lista de personas que están desatendidas tiene letra pequeña. Así lo advirtió el pasado mes de septiembre la Asociación Estatal de Directores y Gerentes en Servicios Sociales. El recorte se ha conseguido por la vía más fácil: las administraciones se han concentrado en las personas con un grado menor de necesidad, que son las que salen más baratas.

España está llegando tarde a un serio problema al que se enfrentan las sociedades modernas: la soledad de las personas mayores. La Ley de Dependencia, con sus dificultades presupuestarias para su puesta en marcha, es una medida, pero hay otras muchas que están anunciando otros países europeos para luchar contra esta nueva epidemia social. Este pasado mes de enero el Reino Unido decidió convertir la soledad de las personas mayores en una cuestión de Estado.

Durante varios meses, una comisión parlamentaria analizó las consecuencias, tanto sociales como asociadas a enfermedades, que tiene vivir en soledad y el Gobierno de Theresa May concluyó la investigación con un anuncio importante: la creación de una secretaría de Estado específica para luchar contra la soledad, como parte de una estrategia más amplia para afrontar este desafío de la actual sociedad.

También Holanda anunciaba hace unos días una partida de 26 millones de euros para un programa que pretende detectar la soledad de los ancianos. La medida incluye una visita anual a las personas mayores de 75 años de cada municipio y estará coordinada por el Ministerio de Sanidad, ya que resulta obvia la relación entre la soledad y el aumento de las enfermedades. Después de Japón, España es el país con mayor índice de población envejecida, lo que nos anuncia un abismo demográfico y un enorme desafío. No se trata, que no es poco, de tener garantizadas las pensiones futuras, sino las de vivir con dignidad la jubilación. Y si ya resulta complicado salir del limbo de la dependencia, mal se nos fía lograr escapar del limbo de vivir el final de nuestros días más solos que la una.