La ley del suelo: písalo, písalo

El Gobierno sufrió la semana pasada un nuevo revés en el Congreso de los Diputados. La reforma de la ley del suelo, retirada antes de salir derrotada en la votación, ha evidenciado una realidad doble que se está repitiendo en la legislatura: la debilidad del Gobierno en minoría y la parálisis legislativa que provocan las incesantes convocatorias electorales. La de las elecciones europeas, después de las gallegas, las vascas y las catalanas, es la cuarta campaña en menos de un año.

Es el mismo menos de un año que lleva en marcha la actual legislatura, tiempo en que el Gobierno del PSOE y Sumar se está mostrando incapaz de lograr las mayorías para sacar adelante las leyes, aunque sean leyes de bajo tono ideológico y poco propicias a crear divisiones en la sociedad. Así era la reforma de la ley del suelo. Dicen los analistas que a las negativas del PP y de Sumar no les cabe más que una interpretación: en la campaña electoral, písalo, písalo, que era el consejo del técnico argentino Carlos Bilardo frente a un adversario que se queja de dolor en el suelo.

Y del suelo era la reforma ni aprobada ni votada ni debatida pese a ser de esas normas denominadas 'técnicas'. No es lo mismo, por diferenciar leyes de naturaleza política o técnica, destinar a la sanidad pública un euro o cien, que es la expresión de la voluntad política de un gobierno con el presupuesto anual, que cambiar una coma, un punto o añadir un paréntesis de una normativa, que es lo que pretendía la reforma de la ley del suelo del Gobierno. En concreto, perseguía cambiar varios aspectos de la ley que provocan y seguirán provocando por un tiempo que los juzgados declaren nulos planes urbanísticos a causa de meros vicios formales.

Los planes urbanísticos son los instrumentos que tienen las administraciones para diseñar el territorio durante un futuro determinado. Estos planes, que establecen cómo se transformará y se hará uso del suelo en un municipio, requieren de años de trabajo por parte de profesionales técnicos que plasman ideas, propósitos y bocetos en un texto mayormente normativo. Sin embargo, los ayuntamientos comprueban cada vez con más frecuencia cómo se ven impedidos de aplicar estos complejos diseños territoriales, en el caso de los Planes Generales de Ordenación Urbana (PGOU), debido a "la denuncia de defectos menores o de procedimiento", tal como explica el Ministerio de Vivienda. La congelación de los planes en los tribunales paraliza el crecimiento de las ciudades.

Sólo unos pocos supuestos para la nulidad

Con el objetivo de evitar inseguridad jurídica, el arquitecto y urbanista Manuel A. González Fustegueras señala la diferencia entre el cuerpo normativo y el cuerpo no normativo de los "instrumentos de ordenación territorial y urbanística", a los que la fracasada reforma legal les aplicaría diferentes criterios para determinarlos válidos o nulos.

De este modo, la nulidad por vicios formales o de procedimiento, según recogía la reforma legal a la que dio curso el Consejo de Gobierno, solamente podrá declararse en unos pocos supuestos: si el plan ha sido aprobado de manera "definitiva por un órgano manifiestamente incompetente"; si concurre "el desconocimiento del procedimiento" o "de las normas" establecidas "para la formación de la voluntad de los órganos colegiados"; si se omite "el trámite de evaluación ambiental", el "de información pública" y de "participación" de los diversos órganos, incluidos los que emiten los informes "hidrológico, de costas, de carreteras y demás infraestructuras"; y si se produce "la falta de una memoria" o documento equivalente.

Del grado escasamente político de estas prescripciones se revela que en 2018 el PP planteara una ley semejante, presentando en el Congreso la proposición de ley de "medidas administrativas y procesales para reforzar la seguridad jurídica en el ámbito de la ordenación territorial y urbanística", explica Fustegueras, y que la recuperara posteriormente el Gobierno de PSOE y Sumar. Los tres partidos, por lo que se ve, están de acuerdo en la reforma, pero aquella norma decayó antes de completar la tramitación cuando finalizó la anterior legislatura. El propósito del Gobierno ha sido retomarla ahora. Sin embargo, esta legislatura de interminables campañas también lo ha impedido. El ministerio la presentará de nuevo después de las elecciones al Parlamento Europeo del 9 de junio. Sí o sí saldrá adelante, si y sólo si no lo impide otra campaña electoral.