La ley de eutanasia permite a 66 enfermos morir sin sufrimiento en Andalucía

Tres años de vigencia es un tiempo suficiente para calibrar la influencia de una ley sobre la sociedad a la que afecta. El 25 de junio de 2021, se aprobaba la ley de eutanasia, después de un gran debate sobre el derecho que ampara a una persona a decidir sobre su propia vida en situaciones de sufrimiento extremo. 

En Andalucía, según reconocieron a este periódico fuentes de la Consejería de Salud, un total de 66 andaluces han conseguido completar la totalidad de unos trámites que no lo ponen especialmente sencillo. Y es que, según la responsable de la asociación Derecho a Morir Dignamente, Eva Camps, la complejidad de esos requisitos, amén de los impedimentos que la propia ley pone en el camino a quienes se enfrentan a esa situación, especialmente rigurosos en Andalucía, son buena parte de unos obstáculos que espera sean corregidos con el paso del tiempo.

Según las cifras oficiales, en estos tres años desde su entrada en vigor, se han abierto en la comunidad autónoma, 120 expedientes, personas que solicitaban someterse a la eutanasia. Destaca, muy por encima del resto, los 37 registrados en la provincia de Málaga, donde la implicación de una técnica de Salud, nombrada para la tarea de coordinar cada una de las solicitudes y el cumplimiento de plazos y documentación requerida, así como la formación a cada profesional de todo el proceso, ha elevado a 37 los casos iniciados. Le siguen Sevilla, Cádiz y Granada. En cuanto a las personas que finalmente han conseguido llevar a cabo su deseo, de nuevo Málaga marca la pauta en Andalucía, con 21 de los 66 casos. Junto con Sevilla y Granada, suman dos terceras partes de aquellos enfermos que han elegido poner fin voluntariamente a su vida. Cádiz, Huelva y Almería suman 8, 6 y 5 respectivamente, mientras que Córdoba y Jaén apenas añaden 3 y 2 casos en los últimos tres años.

La eutanasia, que hay que recordar parte de una solicitud expresa del paciente, tiene en los procesos oncológicos y neurodegenerativos, amén de los procesos crónicos complejos y pluripatológicos, las principales causas por las que se inicia el trámite.

Hay que recordar que el proceso empieza en un centro de salud, donde debe presentarse un requerimiento escrito que debe estar firmado por el paciente y un profesional sanitario. En cualquier caso, el médico puede declararse objetor de conciencia (en Andalucía ascienden a 1.340 profesionales), lo que complicaría el proceso que también debe contar con el informe de un trabajador social que debe reflejar que el paciente que solicita la eutanasia está completamente convencido de que desea llevarla a cabo sin la menor duda. Después ese caso pasa a una Comisión de Garantías y evaluación hasta ser aprobado definitivamente. 

Andalucía fue pionera entre las comunidades autónomas en la regulación de este tipo de situaciones. Así en 2010 aprobó la ley de muerte digna y en una fecha tan temprana como 2002, desarrolló la ley del paciente, además de convertirse en una de las primeras en regular el testamento vital. Pese a ello, en lo que a eutanasia se refiere, Andalucía tiene una de las tasas de solicitudes más bajas de todo el territorio nacional. Así, la comunidad autónoma tiene una incidencia de 0,32 casos por cada mil fallecimientos por cualquier causa; la media nacional llega a 0,67 y en comunidades como la navarra, lleva a 2.

Según la asociación Derecho a Morir Dignamente, una buena parte de estas diferencias tienen su origen en “la falta de información a los profesionales que deben llevarla a efecto”. Así, recuerdan el caso de José Díaz, en Huelva donde “todo un hospital se declaró objetor de conciencia para no llevar a cabo esa eutanasia. Realmente, no se ha informado a estos sanitarios de cómo llevar a cabo este procedimiento, en parte debido a la mala situación que vive todo el sistema de salud en Andalucía. Eso hace que llegue a muy pocas personas”.

En la comunidad autónoma también debe superar un obstáculo más, el denominado informe deliberativo social, es decir un documento que debe rubricar un trabajador social en el que se indica que no se accede a la eutanasia por motivos sociales o económicos. “Éste no es recurrible y en cuanto se expresa la más mínima duda, se paraliza, a pesar de que cuando se llega a ese punto, ya hay cuatro documentos firmados por el paciente y profesionales sanitarios”. La asociación ha tenido que hacer frente a varias “reclamaciones en estos casos, para lo que se precisa de conocimientos jurídicos fuera del alcance de la mayoría de la población”.

Todo ello hace “que los aplazamientos sean muy numerosos, a lo que se suma que hay que renovar esa petición cada dos meses; se pasa ese plazo, hay que empezar todo de nuevo”.Se regresa entonces a una situación de “angustia, especialmente en casos, por ejemplo un enfermo de ELA que llega a un punto en el que no es capaz de moverse y debe ser asistido en todo momento”.

Más que aspectos “ideológicos”, Camps apunta a “una falta de voluntad de formación”, además de que “hay 17 comunidades autónomas que cada una lo regula de una manera diferente”.La solución que apuntan desde la asociación es “la de un desarrollo de la ley, mediante un decreto, para que se establezcan normas comunes de aplicación en todas partes”. Mientras tanto, muchos “se quedan en el camino”. Lo peor es que el sufrimiento de su enfermedad, hace que cualquier tiempo sea demasiado largo.