Una ley animal para desunirlos a todos

Ione Belarra no esperaría, desde luego, el aplauso del sector de la caza por la nueva Ley de Bienestar Animal –y no, no lo tiene–. El anteproyecto de Ley de Protección de Derechos y Bienestar de los Animales, que espera su visto bueno en el Congreso, tampoco contenta a grupos en principio afines a la propuesta, como podrían ser los ecologistas o las plataformas contra la caza: de hecho, la negativa del PSOE a proteger bajo esta normativa a los perros de caza es el escollo que se está tratando de resolver para aprobar el texto lo antes posible. Hay voces que señalan lo dudoso del éxito de las colonias felinas, que pasan a estar más controladas con el nuevo texto y que incluyen la figura de “gato comunitario”, por no hablar de la redacción de la famosa lista de animales domésticos aptos y no aptos, que despierta preocupación entre los sectores comercial y veterinario. Algunas de las propuestas que aparecían en el primer borrador, como la prohibición del tiro al pichón o la cuestión de los cetáceos en cautividad, han caído. En fin, hasta los animalistas piensan que la nueva ley marco sería un retroceso respecto a algunas de las actuales leyes autonómicas.

Desarrollada bajo el amparo del Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030, la ley a aprobar se pone en marcha para paliar el alto grado de abandono y maltrato animal que existe en nuestro país: un empecinamiento que es difícil, no sólo de explicar, sino de erradicar.

Según el último estudio de la Fundación Affinity, con datos de 2021, las protectoras recogieron a un total de 285.000 perros y gatos en nuestro país. Tanto desde la Plataforma No a la Caza como desde el ámbito ecologista, se señala a la actividad cinegética como principal contribuidora a esta hemorragia.

Si es por causa, el Estudio sobre el Abandono y Adopción de Animales de Compañía arroja que los primeros motivos de abandono son las camadas no deseadas (un 21%) y la pérdida de interés por el animal (13%): dos cuestiones que ponen delante un reflejo imposible de justificar. Otro 13% de esos abandonos se relaciona con el fin de la temporada de caza: cuando el carácter fungible de estos animales aparece de forma más descarnada. Y, ¿cuándo es el fin de la temporada de caza? Pues ahora, ahora mismo: por San Blas en el campo no sólo se dejan ver cigüeñas, sino galgos arrojados en pozos, ahorcados, acribillados o abandonados con las patas rotas.

Por eso, desde 2010, la Plataforma No a la Caza (NAC) organiza, cada febrero, convocatorias en distintas ciudades de España. Este año, la concentración aprovecha para protestar contra la no inclusión de los perros de caza en el texto definitivo de la ley: el llamamiento ha tenido una aceptación récord, con 45 ciudades españolas sumándose a la iniciativa. En Andalucía, hay recorridos en todas las capitales de provincia, excepto Huelva.

Tanto para plataformas ecologistas, como para NAC o asociaciones como Galgos del Sur, el volantazo respecto a la Ley de Bienestar Animal ha sido un giro inesperado y decepcionante: “Claramente, es un enfrentamiento entre UP, que tiene las competencias en Bienestar Animal, y el Ministerio de Agricultura, totalmente plegado al lobby de la caza”, indican desde Toniza-Ecologistas en Acción. “Creemos que el PSOE recibió llamadas de algún barón de peso y, al final, los socialistas sacaron a los perros de caza, en una enmienda a la ley junto al PP y VOX. Yo creo que no han medido bien los votos, el mundo de la caza es pequeñísimo, aunque cuente con una red importante de políticos, banqueros, empresarios y demás”, apunta David Rubio, de la Plataforma No a la Caza. Para el portavoz, esta es una ley fallida de raíz, ya que fracasa en su principal objetivo: reducir las cifras de abandono animal, dando la espalda a su principal ejecutor. “El 90% de los perros que se piensan son para caza no valen,o se rompen una pata, y ya no valen –explica–. No valen nada, pero a los campeones los puedes sacar por hasta 100.000 euros. Si tienes quince hembras y las pones a parir, y cada una tiene siete cachorros, te vas a quedar con tres como mucho. Al resto, ellos los llaman descartes”. El destino habitual de los descartes es terminar en un saco, estampados contra un muro.

En España, todos los años, se abandonan unos 50.000 perros de caza. El tema de formar parte de un registro si tienes cachorros, el chip obligatorio o el pasar una vez al año por el veterinario, tal como recoge la ley, contribuiría a tener cierto control. “Pero lo que no quieren es perder sus privilegios y seguir ejerciendo la cría y venta ilegal sin tener ningún tipo de permiso”, indica Rubio. “No deja de ser significativo –dice Patricia, presidenta de Galgos del Sur– que el sector de la caza se rasgue las vestiduras porque, básicamente, se les diga que sus perros tienen que tener chip y estar cuidados”.

Las principales protectoras que recogen los perros que la caza desecha están en Andalucía, y Galgos del Sur es una de ellas. Se constituyeron como entidad en 2008 y montaron el refugio en 2016: en total, calculan que habrán rescatado unos 3.800 animales. El año pasado, fueron 422. Actúan principalmente en Córdoba, pero también atienden casos en Jaén y Badajoz. Dentro de la comunidad andaluza, las provincias de Sevilla y Córdoba son las que arrojan mayores cifras de abandono al respecto: “La mayor parte del tiempo –asegura Patricia– estamos diciendo que no podemos coger más, tenemos capacidad para 120 y ya vamos por 128”. El problema, señala, es estructural y no cuenta con voluntad política: “Lo único que da, es mala prensa”.

En total, han conseguido sacar a un 86% de los animales, la mayoría, a hogares extranjeros, con el apoyo de asociaciones europeas –la caza con perros es una rareza en Europa–: “Y no damos a todos los que nos gustaría porque controlamos la adopción: lo pasamos muy mal tratando de sacar adelante a un animal para luego entregárselo a cualquiera”.

Para el refugio, la ley que quiere aprobarse ha sido un “absoluto desastre desde el primer momento, al no consensuarse con los socios de gobierno antes de sacarla a bombo y platillo, en una línea muy de Unidas Podemos de aprobar textos como sea antes de las elecciones. Lo que al final tenemos, negociaciones mediante, supone un retroceso de veinte años en Andalucía, por ejemplo, porque la ley estatal va a condicionar las autonómicas. Además, también conlleva una reforma del Código Penal, que propone las sustitución de penas por multas, muchas veces, inasumibles, estratosféricas”. Un movimiento que se plantea en contra, también, del parecer de la Fiscalía General del Estado, que el año pasado consideraba insuficientes las penas máximas establecidas en los casos más graves de maltrato animal.

La guinda para muchas de las convocatorias de este domingo es el intento de Ione Belarra de desatascar el trámite de aceptación del proyecto de ley: así, desde la formación morada, se ha propuesto que los canes de caza se sometan a los parámetros de la ley de protección animal excepto cuando realicen la propia actividad cinegética. Una opción similar a la aprobada en Castilla-La Mancha (PP) y que no contenta a nadie: “En la práctica, además, puede ser muy difícil saberlo: ese perro, ¿se hirió o perdió el chip en la caza? –comenta Patricia desde Galgos del Sur–. Ocurre que, desde el año pasado, en UP sólo piensan en aprobar leyes porque están en clave electoral, sabiendo que luego en los medios no se va a profundizar: en la mayoría se dirá ‘Podemos saca al fin su ley de protección animal’, o todo el ruido informativo se irá a chorradas, como que los dueños de los perros tienen que hacer un curso. Su estrategia comunicativa va por ahí, no les importan las consecuencias”.

Rosa, de Ecologistas en Acción Huelva, forma parte de un grupo multidisciplinar de activistas medioambientales, juristas y veterinarios que colaboraron en las aportaciones de la ley: “Si la hubiera hecho el PP, no la habría hecho peor”, asegura, mostrando su sorpresa ante este último giro. Para ella, la exclusión de los perros de caza de la Ley de Bienestar Animal –mientras que sí se incluyen, por ejemplo, los canes relacionados con otras actividades humanas: rescate, Policía, guías, etc–, “roza la inconstitucionalidad”. Y aquí no estamos hablando de animales, “sino de personas tenedoras de un bien que es un ser vivo. Si esto se permite, yo seré ciudadana de segunda respecto a un cazador, con unas obligaciones respecto a mis perros que un cazador no tiene”.

Con la afición de la caza ocurre como con la de los toros: los números muestran un declive inclinadísimo. Actualmente, las licencias de caza en nuestro país no llegan a un millón. El sector hace mucho ruido, entre otras cosas, porque se ha vendido como un asunto de guerra cultural. Rubio es de un pueblo de cien personas al norte de Burgos, “en el que no se caza”, dice, para ejemplificar hasta qué punto no cuadra ese tiralíneas que parece enfrentar mundo urbano y rural: “Por mucho que digan, la caza no genera empleo y, el que crea, es un empleo no cualificado, que no arraiga a la gente a los campos. Lo que no se puede entender es cómo la gente del campo ha comprado este discurso falso, que no pretende más que arrimar el ascua a la sardina de algunos políticos”.

De la misma opinión es Patricia, de Galgos del Sur: “La mayoría de los cazadores –abunda– ni siquiera viven en el medio rural, los de la caza mayor son los que menos participan en el pueblo, y el trabajo que arroja es temporal y precario: hay informes que señalan que el sector cinegético es uno de los mayores focos de economía sumergida. La provincia de Córdoba es un claro ejemplo de cómo funciona: todo el norte de la provincia, la zona más pobre, está llena de cotos de caza. No se sabe qué llamó primero a qué pero, lo que desde luego está claro, es que no la deja evolucionar. Ocurre que han secuestrado el discurso de lo rural, pero ni representan al campo ni al modelo al que debiera aspirar. Lo único que hacen es diluir los verdaderos problemas de infraestructuras y servicios que tiene el interior”.

Luego está el tema de la declaración BIC en Andalucía de la rehala y la montería. Un gesto que –afirma Rosa, de Ecologistas en Acción– “sólo busca proteger a los señores de la montería. Los rehaleros trabajan en un vacío legal: sólo puntualmente, por lo que no se dan de alta de autónomos y tienen otra labor. Tienen que cobrar por debajo del SMI para que se les pague en negro. Pero, ¿cómo justificar cuatro rehaleros, 4.000 euros, por ejemplo? Pues que me subvencionen. Lo que buscan es proteger su actividad: va mucho más allá de lo que pensamos, porque se nos da mucha información que no sirve para nada y poca para tener criterio. Y eso que la rehala podías venderla como actividad etnográfica, pero hasta ahí. Pero para que te den subvenciones y que nadie pueda ir contra lo que haces, debes defenderlo como identidad propia”.

“La oportunidad de levantarse como las grandes esperanzas de lo rural estaba ahí, porque el campo está siendo ahora mismo pasto de la depredación –prosigue Rosa–. Donde no hay molinos, hay fotovoltaicas; donde no, macrogranjas; muchos agricultores parecen que no ven el tema del agua y los pesticidas... Pero si a una fábrica de embutidos de venado, por ejemplo, le dices que le va a seguir llegando la carne pero desde el matadero, lo mismo te escuchan. Gestionar un territorio no es solamente pegar tiros, sino que hay otras maneras, disgregar a los animales y restaurar la normalidad. En general, siempre que te dicen que los cazadores contribuyen a equilibrar el medio, es mentira”. Para ella, las nuevas tecnologías ofrecen una alternativa estupenda para ejercer de cazador, “el metaverso”.