Los lastres de la convergencia andaluza, según la Junta de Andalucía

Las últimas cifras de convergencia de la economía andaluza respecto a la española han generado una polémica entre el PP gobernante y la oposición socialista sobre la responsabilidad de cada uno de los gobiernos de la Junta sobre este distanciamiento que, sin embargo, se muestra permanente desde hace décadas. Un documento del Gobierno andaluz, elaborado en 2022, deja un interesante análisis sobre las causas del crecimiento económico andaluz. Según este voluminoso trabajo, aprobado por el Consejo de Gobierno poco antes de las últimas elecciones autonómicas, las debilidades andaluzas se encuentran en la escasa inversión en tecnología e innovación del sector privado, el bajo stock de capital productivo acumulado, el pequeño tamaño de las empresas regionales y una baja cualificación de los puestos intermedios.

La Estrategia para la Transformación Económica de Andalucía se aprobó en mayo de 2022, con el último Gobierno del PP y de Ciudadanos, y compone una radiografía muy detallada de estado económico de la comunidad a la salida de la pandemia de Covid y un conjunto de propuestas para ejecutar hasta 2027. "Se observa -explica el texto- una posición menos favorable en la región que en el contexto nacional y europeo en indicadores como el stock de capital productivo privado, la dimensión empresarial, el gasto en inversión y en desarrollo, así como en innovación, así como un modelo de cualificación de la población que difiere de los estándares europeos".

El último dato del Instituto Nacional de Estadística (INE) sobre la convergencia regional indica que Andalucía es la última comunidad autónoma en el listado de PIB por habitante, del que resulta una renta que sólo es el 74,9% de la media española. Lo que defiende la consejera de Economía, Carolina España, es que este porcentaje ha mejorado, lo que es cierto, aunque la posición relativa de la comunidad ha caído al último lugar. Con independencia de esta polémica, lo cierto es que Andalucía crece al mismo nivel que el español en términos generales, de ahí que no se produzca un salto cualitativo respecto a otras regiones.

La estrategia del Gobierno andaluz para mejorar esta posición propone centrarse en cuatro aspectos. Uno de los más relevantes indica que uno de los principales retos es que hay que fomentar un aumento de la inversión privada en gasto de investigación y desarrollo más el de innovación. En términos de PIB, Andalucía invierte el 1,08% en investigación y desarrollo, un poco menos que la media española, que es el 1,41%, pero muy por debajo de porcentajes como los de Alemania (3,14%), Bélgica (3,48%), Dinamarca (3,03%) o Francia (2,35%).

El documento pone en el acento en el sector privado, porque la distribución del gasto en investigación y desarrollo en Andalucía y el resto de la Unión Europea es muy diferente. Así, alrededor de las dos terceras partes de este gasto procede en Andalucía del sector público, mientras que en Europa es al contrario: es el sector privado el que lleva el peso de esta inversión. "En términos de esfuerzo tecnológico, el gasto en I+D del sector público no está muy alejado de la Unión Europea, del entorno del 0,69% del PIB, siendo el 0,78% en la UE", se lee en el documento.

La estrategia de la Junta observa el mismo déficit en el stock de capital productivo por habitante, en el sentido de que este parámetro que mide la acumulación de bienes para la producción difiere si es el público y el privado. Este último es más de un 30% inferior al promedio nacional, mientras que el público sólo lo es un 10%.

Otro de los aspectos que marca la diferencia entre la economía andaluza y española respecto a la europea es el tamaño de las empresas. El documento llega a afirmar que el problema andaluz no es la falta de un tejido económico, ya que el número de empresas por habitante es mayor que la europea, sino el tamaño de las sociedades. Las empresas de mayor tamaño son más intensivas en capital, acometen mejor la internacionalización, son más inversoras y, además, ejercen un factor arrastre sobre el conjunto del sistema.

Las mismas diferencias, aunque más acusadas, se dan en la formación de la población. Si en países como Alemania, la mitad de los trabajadores cuenta con formación intermedia, es decir, bachillerato y formación profesional de grado medio, en Andalucía y en España baja al 25%. Los porcentajes de universitarios y de población que sólo tiene la educación obligatoria es mayor en los casos locales que en los europeos, de ahí que el documento proponga apostar por la formación profesional para elevar la cualificación intermedia y ayudar a reducir la tasa de abandono escolar prematuro.