La Junta de Andalucía presenta el recurso en el Constitucional contra la ley de Amnistía

El Gobierno andaluz ha presentado este lunes su recurso ante el Tribunal Constitucional contra la ley de Amnistía, que entró en vigor en el pasado mes de junio. La ley supone la extinción de todos los delitos cometidos por los independentistas catalanes, a excepción de los de terrorismo, aunque el Tribunal Supremo también considera que la malversación seguiría vigente, a pesar de la literalidad del texto. El Supremo es otra de las instituciones que ha recurrido ante el Constitucional.

El recurso andaluz forma parte de la estrategia común de las comunidades gobernadas por el PP contra la amnistía. Este mismo lunes también han confirmado que acuden al Constitucional los gobiernos regionales de Madrid, Murcia, Cantabria y Aragón. El plazo para acudir ante el tribunal de garantías por esta ley termina este miércoles.

El presidente de la Junta, Juanma Moreno, ha confirmado este recurso en un acto en Lucena. El escrito del Gobierno andaluz también solicitá la recusación de tres magistrados: Cándido Conde Pumpido, su presidente, el andaluz Juan Carlos Campo y Laura Díez. Juan Carlos Campos, anterior ministro de Justicia, ya anunció la semana pasada que se abstendría en los debates y resultados del Constitucional sobre la amnistía, debido a que durante su paso por el Gobierno se manifestó en contra de una primera amnistía solicitada por los grupos independentistas en el Congreso. La abstención de Campo no altera la mayoría progresista en el tribunal de garantías.

El Gobierno andaluz considera que se vulneran cinco principios constitucionales: el de la igualdad entre los españoles, la separación entre poderes del Estado, la tutela judicial efectiva de las víctimas, la seguridad jurídica y el veto a la arbitrariedad de los poderes públicos. Cita los artículos 14, 117.3, 9.3 y 24. En su escrito, el Ejecutivo de Juanma Moreno entiende que la ley rompe la igualdad entre españoles al quedar inmunes los delitos para quienes participaron en el proceso independentista; que es es una intromisión del poder legislativo sobre l poder judicial, lo que afecta a la seperación entre estos ámbitos; que se quiebra la confianza de los ciudadanos en el ordenamiento jurídico al abrir un espacio de inmunidad, y que se pierde la tutela judicial efectiva de quienes han sido víctimas de los delitos amnistiados.