La Junta y el Ejecutivo se citan en marzo para desbloquear el derribo del Algarrobico

La Junta de Andalucía y el Gobierno central se reunirán el 4 de marzo para tratar sobre la demolición del hotel del Algarrobico, un edificio que la Justicia ha urgido a su derribo y cuya ejecución se encuentra enquistada desde hace años. Las dos administraciones, la autonómica y la general del Estado, se citarán en el seno de la Comisión Bilateral e incluirán la presencia del Ayuntamiento de Carboneras, que ha alegado una insuficiencia de medios materiales para ejecutar la sentencia que prescribe la demolición del polémico hotel situado al pie de la costa almeriense.

La portavoz de la Junta ha hecho este anuncio durante la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno, en la que recordó que el anuncio de la expropiación de los terrenos que afectan al Algarrobico que hizo la pasada semana el Gobierno central es una opción que ya se propuso años atrás pero que fue a la postre desechada. Aunque admitiendo el “galimatías” jurídico y administrativo en torno a la demolición efectiva del hotel, la portavoz ha informado de que la Junta ofrecerá al Ayuntamiento de Carboneras, señalada por la Justicia como responsable del derribo, la colaboración necesaria para paliar la falta de recursos y poder ejecutarse así la sentencia.

Contexto del derribo

Este periódico ha explicado días atrás los vericuetos judiciales y administrativos que rodean a la demolición definitiva del Algarrobico.

Sobre la propiedad efectiva de los terrenos donde se ubica el hotel, se trata de una pregunta que ha estado en el aire desde que en 2014, cuando se declara firme una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía de diciembre del año anterior, se concedió a la Junta la propiedad del inmueble, previo ejercicio del derecho de retracto, por un montante de 2,3 millones de euros. Este fallo judicial facultó al delegado de Medio Ambiente en Almería a "formalizar las escrituras de compraventa" o en su defecto "las actas de pago y ocupación, así como el resto de documentación para la inscripción de dichas propiedades". No obstante, esa propiedad está limitada a las parcelas conocidas como Algarrobico y El Canillar, pero deja fuera a la denominada servidumbre de protección.

Fuentes del Ministerio de Transición Ecológica consultadas por este periódico, argumentan que "el edificio está fuera del dominio público marítimo-terrestre estatal y ocupa parcialmente la servidumbre de protección (que en este tramo se fijó en 100 metros), todo ello de acuerdo con la resolución de 2005, de aprobación del deslinde de esta zona de 2005, firme desde 2012, año en que esa resolución fue confirmada por sentencia del Tribunal Supremo".

La Ley 22/1988, de 28 de julio de Costas establece, desde su redacción original en 1988, que la servidumbre de protección recaerá con carácter general sobre una zona de 100 metros medida tierra adentro desde el límite interior de la ribera del mar.

Esta zona podría haberse reducido a 20 metros en virtud de la clasificación del suelo vigente a la entrada en vigor de la Ley de Costas, o ampliado a 200 por acuerdo de las administraciones estatal, autonómica y local. En este caso, el deslinde de 2005 (firme desde 2012, año en que lo avaló el Tribunal Supremo) estableció la servidumbre de la anchura general de 100 metros.

En la servidumbre de protección está prohibida la construcción de edificaciones destinadas a residencia o habitación según la Ley de Costas (art. 25).

Además, añaden que "hay otra parte que se sitúa fuera de la servidumbre de protección. La Junta se debe ocupar de la parte del edificio que ocupa el Parque Natural".