La Junta da de baja 2.445 pisos turísticos, la mayoría en Sevilla y Cádiz

La Junta de Andalucía ya ha iniciado la baja de un total de 2.445 viviendas turísticas en todas las provincias andaluzas porque estos pisos no cumplen con los requisitos establecidos en el Registro Oficial de Viviendas Turísticas vigente que se aprobó el pasado mes de febrero y que está en vigor. Así, se han iniciado los expedientes en 721 viviendas turísticas en Sevilla, otras 617 de las ciudad de Cádiz, 435 en Málaga, 316 en Granada, 140 en Almería, 87 en Huelva, 79 en Jaén y 50 en Córdoba siguiendo las demandas que los ayuntamientos le habían presentado porque consideraban que estos pisos no cumplen con los requisitos establecidos en el reglamento que el Gobierno andaluz aprobó el pasado mes de febrero y que está en vigor.

Eso significa que estos pisos no podrán anunciarse en las plataformas de reserva online habituales ya que pasan a ser ilegales. Asimismo, está previsto un plan de inspección por parte de la administración autonómica para verificar que estas viviendas no mantienen este tipo de uso. El portavoz del Gobierno andaluz, Ramón Fernández-Pacheco, ha explicado este martes que la Consejería de Fomento está manteniendo reuniones periódicas con los municipios para poner en marcha este plan de inspección y verificar que quienes están explotando viviendas turísticas tras una declaración responsable, cumplen con todos los requisitos legales.

El Ayuntamiento de Sevilla había pedido a la Junta de Andalucía que borre del Registro oficial un total de 715 Viviendas de Uso Turístico (VUT) que fueron inscritas con posterioridad a la modificación puntual 44 del PGOU, que entró en vigor el pasado 7 de junio de 2022. Según este cambio, este tipo de vivienda pasan a considerarse como de uso terciario (es decir, económico), y como tal, estarán sometidas a las limitaciones que para su implantación establece el artículo 6.2.4 de la normativa urbanística.

En el mismo sentido había actuado el alcalde de Cádiz, Bruno García, quien había reclamado a la Junta que diera de baja los inmuebles que no cumplían los requisitos legales. García ha anunciado este martes, además, que ha decidido frenar el uso turístico de viviendas en el casco histórico de la ciudad y que va a poner en marcha una campaña de control de VFT ilegales que se va a realizar conjuntamente con la Junta de Andalucía. De hecho, ha reconocido el alcalde que aún están estudiando qué sanciones imponer a esas viviendas que se localicen que están siendo usadas con fines turísticos sin estar registradas para ello.

Y en tercer lugar, ha avanzado el alcalde la decisión de abrir "un canal de denuncias de los ciudadanos" en relación a estas viviendas de uso turístico.

Para dar de alta un vivienda turística en Andalucía, los propietarios deben darse de alta en el registro autonómico firmando una declaración responsable al efecto. A partir de ahí pueden comenzar a operar en las plataformas de alquiler de estas viviendas hasta que el ayuntamiento localiza el incumplimiento y solicita a la Junta la baja de esos pisos turísticos.