La Junta lo considera el mayor caso de corrupción y el PSOE celebra el fallo

Se esperaba desde el lunes y ya se adivinaba el sentido del fallo del Tribunal Constitucional tras las palabras del presidente Pedro Sánchez en un mitin en Benalmádena, pero la confirmación de la anulación de la condena por prevaricación a la exconsejera andaluza de Hacienda Magdalena Álvarez ha provocado una cascada de reacciones políticas. Y de todos los gustos. Aunque las más repetidas han sido las acusaciones de unos y otros de influir en las decisiones judiciales y de no aceptar las que no les benefician particularmente.

Desde el PP se ha defendido que el fallo del Tribunal Constitucional supone un paso decidido para el indulto de los condenados por el Caso ERE. Así lo ha defendido su portavoz en el Congreso, Cuca Gamarra mientras que desde el Gobierno central, el ministro Félix Bolaños ponía el acento en lo que considera la doble vara de medir del PP que sólo respeta las resoluciones judiciales cuando le dan la razón en sus argumentos.

Para el Gobierno andaluz, el caso de los ERE es y seguirá siendo el “mayor caso de corrupción de España porque lo robado son 680 millones de euros, por la responsabilidad de los condenados y por las cien causas aún pendientes de juicio” en palabras del consejero de la Presidencia, Antonio Sanz. El portavoz de la Junta, Ramón Fernández-Pacheco, incidía en el homenaje que Pedro Sánchez hizo a Magdalena Álvarez en un mitin en la campaña electoral, “nos estábamos acostumbrando a que en los mítines del PSOE se adelantaran las decisiones del Consejo de Ministros y ahora también anuncian las del TC”.

Desde el PSOE andaluz celebraban el fallo aunque lo cierto es que tardaron en hacer pública una postura oficial marcada más por las críticas al PP que por el análisis del fallo del Supremo. Juan Espadas mostraba”respeto” por la sentencia y satisfacción por Magdalena Álvarez y su familia. “Al PP sólo le valen los pronunciamientos judiciales que dicen lo que quieren oír y que coinciden con la teoría que trabajaron denodadamente por construir. Hoy cuestionan al TC porque no les da la razón y corrige anteriores sentencias”.

La portavoz socialista en el Parlamento Ángeles Férriz, incidía en la confrontación con el PP, “Parece que el PP quiere echar un pulso a Tribunal Constitucional y dinamitar la separación de poderes y al organismo que es el máximo garante de la Constitución, ellos que dicen ser los máximos defensores de la misma”.

Desde Vox también trascendían el fallo del Constitucional cuestionando la independencia judicial sin ningún tipo de prudencia. El portavoz adjunto de Vox, Rodrigo Alonso, sembraba dudas sobre el sistema judicial, “hasta que no se garantice la independencia del poder judicial en este país, la sospecha de favoritismo y de que los políticos puedan quedar impunes ante un caso de corrupción siempre va a existir”.

El portavoz de Adelante Andalucía, José Ignacio García, puso el foco en el futuro para evitar casos similiares si bien en su opinión, “el Partido Socialista durante mucho tiempo tuvo un uso corrupto de las instituciones en Andalucía de las que se benefició políticamente”.