La Junta cambia el control previo por el posterior en ayudas con fondos europeos

El Consejo de Gobierno ha aprobado sustituir el control previo de los expedientes de gasto de determinadas subvenciones y ayudas por un control financiero permanente que se realiza a posteriori. Se trata de un cambio en el modelo de fiscalización del gasto público, que está incluido en la ley, y que supone que los beneficiarios de determinadas ayudas y subvenciones no tienen que justificar su gasto antes de recibirlas sino que una vez concedidas, la administración les reclama que lo justifique.

La Consejería de Hacienda defiende que lleva a cabo esta modificación para agilizar la puesta a disposición de las subvenciones a los beneficiarios, sin que eso suponga “menoscabo en las garantías de deben tener este tipo de ayudas”. 

Además, argumentan que la experiencia acumulada en la aplicación del control financiero permanente “ha demostrado que este sistema favorece una mayor agilidad tanto en la gestión administrativa como en la contable”.

Este sistema de control es habitual en la Junta de Andalucía, si bien siempre ha sido puesto en cuestión por los grupos de la oposición; en los gobiernos del PSOE por el PP, y ahora, en el Gobierno de Juanma Moreno, el grupo socialista es quien lo mira con recelo.

Las ayudas

Este cambio afecta concretamente a dos subvenciones de fondos europeos, en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. Las primeras son las subvenciones en concurrencia no competitiva de la Consejería de Fomento reguladas en la Orden de 9 de junio de 2022 y destinadas a la rehabilitación de edificios, mejora de la eficiencia energética en viviendas y la redacción de proyectos de rehabilitación. Unas ayudas que la Junta debe adjudicar antes del fin de este año.

Las otras subvenciones para las que cambia el modelo de control del gasto público son las de la Consejería de Inclusión Social reguladas en la Orden de 10 de octubre de 2024 y que están destinadas a la implantación de nuevas tecnologías y a la adquisición de apoyos y equipos para la vida independiente dirigidas a la promoción de la accesibilidad y la autonomía de las personas con discapacidad y que hay que adjudicar en los plazos establecidos en el Plan de Recuperación y Resiliencia.

Precedentes

No es la primera vez que el Gobierno andaluz cambia este sistema de control de las subvenciones. El Consejo de Gobierno aprobó con anterioridad realizar esta fiscalización en otras ayudas. Así se aplican ya en las subvenciones dirigidas a las Entidades Locales Autónomas (ELA) para la dinamización de centros de competencias digitales y que están reguladas por la Orden de 9 de noviembre de 2021 de la Consejería de Presidencia. Se trata de ayudas de carácter urgente dirigidas a familias con recursos muy limitados.

También se fiscalizan de esta forma, a posteriori, las ayudas del Bono Carestía que está regulado por la Orden de 3 de abril de 2024 de la Consejería de Inclusión Social con las que se pretende paliar los efectos del encarecimiento del coste de la vida. 

Desde el Ejecutivo regional defienden que la reducción de la burocracia de la administración autonómica es una de sus señas de identidad y por ello han aprobado el Decreto-ley 3/2024, de 6 de febrero, por el que se adoptan medidas de simplificación y racionalización administrativa para la mejora de las relaciones de los ciudadanos con la Administración de la Junta y el impulso de la actividad económica.