La Junta de Andalucía firma siete millones en contratos de emergencia para acoger a menores

La polémica política por la acogida de los niños migrantes que llegan solos a España y que están hacinados en Canarias tiene muchos matices y un complicado sistema de gestión. Según la normativa vigente, el sistema de acogida es el mismo para todos los niños desamparados, independientemente de su color de piel, de su origen o del lugar de nacimiento. La administración autonómica es la responsable de la tutela hasta que puedan valerse por sí mismos o puedan volver con sus familias biológicas.

Está pendiente materializar cómo se aplica el Real Decreto-ley 2/2025, de 18 de marzo, por el que se aprueban medidas urgentes para la garantía del interés superior de la infancia y la adolescencia ante situaciones de contingencias migratorias extraordinarias que pretende el reparto de 4.000 menores de Canarias.

En este escenario, en los últimos meses del año 2024 y los primeros de este 2025, el Consejo de Gobierno ha autorizado el gasto de 6.665.075 euros en seis contratos de emergencia para la gestión de plazas de acogidas de niños que están bajo la protección de la Junta de Andalucía. Según consta en la documentación oficial de la administración autonómica, con estos contratos se garantiza el mantenimiento de 849 plazas en Jaén (8), Huelva (6), Málaga (240), Cádiz (191), Granada (235) y Almería (169) que están concertadas con diferentes entidades y asociaciones como Mensajeros de la Paz Andalucía, Asociación Obras Cristianas de Gibraleón, San José de la Montaña, Prodiversia, Engloba o Nuevo Futuro, entre otras.

Se trata de contratos de emergencia que tienen una vigencia determinada pero que no sobrepasan los siete meses de duración.

Las plazas

La Junta de Andalucía dispone de 6.092 plazas de acogida para menores en desamparo, de las cuales 2.968 son en residencias y el resto en acogimiento familiar; un sistema en el que la administración ayuda económicamente a las familias para sostenimiento de estos menores que viven en un entorno familiar a pesar de que la tutela la tiene la administración. A pesar de que la Junta no hace discriminación de los menores por su lugar de nacimiento, tiene concertadas 649 plazas destinadas especifícamente a niños migrantes ya que necesitan más recursos para su integración social. Empezando por el aprendizaje del idioma y por las carencias emocionales y afectivas que han sufrido tras llegar a Andalucía tras situaciones traumáticas graves, guerras o huídas en pateras, en la mayoría de los casos.

En el año 2024, los servicios sociales de la Junta atendieron a un total de 2.615 menores migrantes a lo largo del año, y el dato cerrado al mes de marzo es que actualmente se están atendiendo a 1.376 menores migrantes que han llegado solos. La consejera de Igualdad, Loles López, insiste en denunciar que uno de los principales problemas a los que se enfrenta su consejería es que hay niños migrantes que llegan trasladados como adultos por el Gobierno central, pero que son las organizaciones no gubernamentales que trabajan con estos colectivos, así como la Fiscalía de Menores, los que los identifican. Una vez certificada su minoría de edad, la Junta debe asumir su tutela y protección aunque no recibe fondos del Estado para ellos. En esta situación están ahora 634 niños migrantes, una cifra que no para de crecer.

Para tres años

Los contratos de emergencia que autoriza el Consejo de Gobierno se debe al aumento de niños que atiende la administración a través de las ONG, porque el Ejecutivo andaluz realiza contrataciones a largo plazo. De hecho, ha licitado conciertos para la atención de los niños desamparados por un total de 109.160.197 millones de euros desde el mes de septiembre de 2024 hasta la fecha.

Unos contratos que prevén el gasto para dos años, seis meses de este año y otros seis de 2027, además del año 2026 completo. Estos conciertos se iniciarán el 1 de junio de 2024. En total, se conciertan 1.081 plazas por estos contratos divididas de la siguiente manera: 24 en Málaga; 158 en Almería; 96 en Huelva; 180 en Cádiz; 261 en Sevilla; otras 166 en Almería; y 196 en la provincia de Granada.

En estos contratos de dos años se incluyen plazas especiales para los menores con discapacidad o de acogimiento en casos urgentes de emergencia, que es cuando los agentes de la Policía Autonómica retiran a los menores de sus padres biológicos siguiendo las indicaciones de los jueces.

Según la normativa vigente, corresponde al Gobierno central la manutención económica de los menores migrantes que llegan solos hasta España. Así, está establecido un coste de 150 euros diarios por menor que las arcas del Estado transfieren a las comunidades autónomas para ello, según se establece en la Conferencia Sectorial de Infancia y Juventud.