La Junta de Andalucía demandará a las empresas de pañales que crearon un cártel

La Junta de Andalucía demandará a un grupo de empresas que estableció ilícitamente durante 18 años los precios de los pañales para adultos que se distribuían por los canales farmacéuticos, conformando un cártel. La demanda del Gobierno andaluz incluirá una reclamación millonaria por los daños y perjuicios causados a los pacientes, a las familias y a las administración sanitaria que subvenciona parcialmente estos productos sanitarios. Hasta 13 comunidades autónomas han anunciado demandas multimillonarias por estos mismos conceptos. La Consejería de Salud ha informado de que “está analizando todos los aspectos” para concretar la cuantía del dinero de la demanda a los fabricantes de absorbentes de orina, una reclamación judicial “para la que aún no hay fecha”. El montante que reclame la Junta no debe de estar alejada de los 526 millones de euros que ha reclamado oficialmente el Gobierno de Cataluña.

No es la primera vez que un conjunto de empresas pacta de un modo ilegal el precio de un producto para distorsionar el mercado, una práctica fraudulenta que contraviene las reglas básicas de la libre competencia. El conocimiento de estos usos afloran a la opinión pública cuando la Justicia o la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) los investigan y concluyen con multas dinerarias. La CNMC ha multado en el pasado con 80 millones a un cártel de productores de leche y con unos 170 millones a un conglomerado de automóviles. El cártel de los pañales, que ha afectado a unos 2,5 millones de españoles a lo largo de casi 20 años, según las estimaciones de la CNMC, ha recibido una sanción de 129 millones.

Después de que los tribunales hayan rechazado la sucesión de los recursos presentados por las empresas multadas que han conformado el cártel, las comunidades autónomas han ido anunciando las reclamaciones a la patronal. Son 13 las administraciones regionales que han informado de la presentación de sendas demandas por una suma que supera los mil millones de euros. Fuentes de la Junta de Andalucía avanzaron a El País que su demanda se cifrará en torno a los 600 millones. Si así fuera, la patronal debería hacerse cargo de demandas de más de 1.500 millones de euros.

Un chivatazo, como origen de un caso

El caso se remonta a 2013. Aquel año, según consta en la resolución sancionadora de la CNMC, dos de las empresas que conformaban el cártel, Arbora y Ausonia, presentaron ante la entonces Comisión Nacional de la Competencia una exención de la multa por la comisión de una infracción en relación a la manipulación de las licitaciones públicas en la comercialización de productos absorbentes para la incontinencia grave de la orina en adultos. Las dos entidades fabricantes delataron a cambio la ilegalidad: un cártel de pañales que había alterado el mercado desde diciembre de 1996 y hasta enero de 2014.

La CNMC se puso manos a la obra después del chivatazo. Las inspecciones alcanzaron la sede del Consejo Andaluz de Colegios Oficiales de Farmacéuticos. Después de casi tres años de investigaciones, el organismo regulador determinó que Arbora y Ausonia, Laboratorios Indas, SCA Hygiene Products, Laboratorios Hartmann, Ontex ID, Barna Import Médica, Textil Planas Oliveras y Algodones del Bages, con la colaboración de la Federación Española de Empresas de Tecnología Sanitaria (Fenin), habían infringido de manera continuada la Ley de Defensa de la Competencia y el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea. La multa reunida fue de 128,8 millones de euros. Las delatoras, Arbora y Ausonia quedaron en efecto exentos de la pena.  

Un plan "intencionadamente secreto"

Según recoge una sentencia de la Audiencia Nacional de 2022, que desestima el recurso de varias empresas contra la reclamación dineraria del Gobierno de Cataluña, las entidades multadas eran “conscientes de la ilicitud de las conductas”. El tribunal, que hace referencia a la resolución de la CNMC, cita el “carácter intencionadamente secreto de los acuerdos para los clientes afectados, la existencia de reuniones, faxes y correos electrónicos y documentos adjuntos con datos estratégicos no compartibles de ordinario entre rivales en el mercado”. La premeditación era evidente.  

Los pañales para la incontinencia urinaria de adultos constituyen “la mayor partida del consumo total de los productos sanitarios incluidos en la prestación farmacéutica del Sistema Nacional de Salud destinados a pacientes no hospitalizados”, subraya la CNMC en la resolución sancionadora, un documento de 141 páginas que explica con detalle el fraude. Más concretamente, la partida de estos pañales representaba un 60% del total de los productos sanitarios en 2013. El detalle es revelador. El valor del mercado de los pañales dispensados en las oficinas de farmacia de España fue de 264 millones.