Guerrero culpa a la "presión mediática y de la Policía" de sus declaraciones

Sevilla/La presión mediática y de la Policía le llevaron a declarar como lo hizo en la fase de instrucción. Ése es el argumento que utilizó este lunes el ex director general de Trabajo y Seguridad Social de la Junta Javier Guerrero al inicio de la séptima sesión del juicio del denominado "procedimiento específico" de los ERE para retractarse de cuatro declaraciones anteriores que realizó ante la Policía y en el juzgado, en las que llegó a implicar a "todo" el Gobierno andaluz en el conocimiento del presunto fraude y atribuyó al ex consejero de Empleo José Antonio Viera un "especial interés" por beneficiar a las empresas de la Sierra Norte de Sevilla.

Guerrero anunció al inicio de su comparecencia que se acogía a su derecho constitucional a no declarar, por lo que no iba a responder a las preguntas de la Fiscalía Anticorrupción y de las demás acusaciones populares, aunque sí accedió a contestar a las preguntas de su abogado defensor.

Tras el anuncio de Guerrero, la Fiscalía Anticorrupción solicitó que se diera lectura a las declaraciones efectuadas por este ex alto cargo ante la Policía y en la fase de instrucción, y el secretario del tribunal comenzó a leer una de las primeras declaraciones que efectuó el 11 de marzo de 2011 ante la Policía Nacional, que investigó el caso hasta que la juez Mercedes Alaya encargó la investigación a la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil. Al término de la lectura de esta declaración, su abogado, Fernando de Pablo, le preguntó si ratificaba o no este testimonio, algo que Guerrero rechazó porque, según dijo, la misma fue realizada en medio de una "presión tremenda mediática y de la Policía" para que declarara, al tiempo que alegó que en el acta de la comparecencia "no se recoge textualmente" lo que él dijo en la declaración a los agentes.

A continuación, el secretario leyó su declaración, ya ante la Guardia Civil, el día 26 de enero de 2012. En ese interrogatorio, La Guardia Civil preguntó entre otras cuestiones a Guerrero sobre el trasvase de fondos de unas pólizas a otras y los pagos cruzados, que evitaban el control de la Intervención. Esta cuestión, declaró entonces Guerrero, también se puso en conocimiento de sus superiores y se trató en los consejos de dirección. El motivo de recurrir a este método se debía a que el IFA no atendía los pagos y tenía que "ir saliendo del problema de pólizas descubiertas sobre la marcha", para que los trabajadores "pudieran cobrar". Según Guerrero, el ex consejero Antonio Fernández le dijo en una ocasión que hiciera lo que tuviera que hacer para solucionarlo. "Me dijo que fuera a IDEA y le diera una patada en los cojones al gerente", declaró a los agentes de la UCO Guerrero.

Al igual que dijo antes, Javier Guerrero no ratificó esa declaración ante la Guardia Civil "por los mismos motivos", precisó el ex director general de Trabajo.

También se dio lectura a una tercera declaración ante la Guardia Civil, el 21 de febrero de 2012, en la que Guerrero acusó al ex consejero de Empleo José Antonio Viera de ser quien "dirigía realmente la política" de concesión de ayudas a las empresas en crisis. Guerrero también destacó en esa declaración el "especial interés" por beneficiar a determinadas empresas de la Sierra Norte de Sevilla, su área de influencia política natural, y a negocios a los que les unía cierta relación personal de "simpatía" y "amistad", es decir, los vinculados a los empresarios José María Sayago y José Enrique Rosendo, éste último ya fallecido. Guerrero añadió que fue Viera quien dio orden de que las ayudas para Matadero de la Sierra Morena y todas las empresas que "colgaban" de ésta debían "salir adelante".

Guerrero esgrimió los mismos motivos de "presión" para no ratificar esta declaración, y a continuación se dio lectura a la primera declaración que prestó como imputado ya en sede judicial -cuarta de las que ha prestado-, ante la entonces titular del juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla, Mercedes Alaya, el 7 de marzo de 2012.

En esa primera declaración ante Alaya -que lo envió en dos ocasiones a prisión provisional-, Guerrero implicó a "todo" el Gobierno de la Junta en el caso, al afirmar que el uso de las transferencias de financiación para el pago de las ayudas era conocido y amparado por todo el Ejecutivo andaluz. Guerrero afirmó entonces que "nadie del Gobierno de la Junta puede decir que se haya hecho algo a sus espaldas". Es más, el ex director de Trabajo aseveró que tanto el Consejo de Gobierno como el presidente de la Junta "conocían" el sistema de concesión de las subvenciones.

El ex alto cargo llegó incluso a decir que recibió presiones y órdenes apara que se concedieran determinadas ayudas, entre las que puso como ejemplo Bilore y la industria auxiliar naval de Cádiz, y así explicó que en 2003 recibió una directriz por escrito del gabinete de la Presidencia de Manuel Chaves diciéndole que tenía que solucionarse "sí o sí" el problema de Bilore porque al día siguiente el presidente de la Junta iba a visitar la localidad de Lucena (Córdoba).

Guerrero añadió que el ex viceconsejero Agustín Barberá le realizó otra indicación en los mismos términos para que resolviera el conflicto de la industria auxiliar naval de Cádiz, lo que según Guerrero provocó un incremento de 26 millones en el presupuesto que la dirección de Trabajo no tenía.

El ex alto cargo manifestó también a la juez Alaya que el convenio marco de 17 de julio de 2001 por el que se concedían las ayudas públicas se creó ante las objeciones que puso la Intervención General de la Junta en relación con el último pago de las ayudas a la empresa Cárnicas Molina y la "preocupación" del Gobierno andaluz por mantener la paz social ante varias crisis empresariales.

También se retractó de esta última declaración, si bien al término de la sesión de este lunes no finalizó la lectura por completo de la misma, que continuará hoy con la lectura de ésta y a continuación se procederá al visionado de la quinta declaración, la que prestó voluntariamente ante la nueva titular del juzgado de Instrucción número 6, María Núñez Bolaños, y que fue grabada en vídeo.

Guerrero es el primero de los 22 ex altos cargos llamados a declarar, de acuerdo con el orden establecido en el escrito de conclusiones provisionales del Ministerio Público. A continuación debe declarar el ex consejero Antonio Fernández, aunque su abogado ha pedido al tribunal que la aplace durante algún tiempo, dado que padece una disfonía derivada de una enfermedad de garganta.

El tribunal rechaza la petición del PP de reclamar los 741 millones

La Sección Primera de la Audiencia de Sevilla ha rechazado la petición del PP de volver a reclamar los 741 millones de euros para los ex altos cargos acusados en el juicio por el denominado "procedimiento específico" de los ERE. En una providencia, el tribunal rechaza esta solicitud del PP -que inicialmente se había desistido al igual de la Fiscalía Anticorrupción tras la expresa reserva de acciones civiles realizada por la Junta de Andalucía- porque, según subraya, "la acusación popular no está legitimada para solicitar responsabilidad civil, que sólo puede ser reclamada por el ofendido o perjudicado y por el Ministerio Fiscal, conforme a lo dispuesto en el artículo 108 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal". La Audiencia explica que contra esta decisión no cabe recurso, sin perjuicio de que la cuestión pueda ser reproducida, en su caso, en el recurso frente a la sentencia. La decisión del PP de volver a solicitar la responsabilidad civil se produjo a pesar de que en las primeras sesiones del juicio tanto la Fiscalía Anticorrupción como el PP-A renunciaron a exigir dicha responsabilidad civil después de que la Junta de Andalucía, la Administración perjudicada, se reservara expresamente el ejercicio de las acciones civiles, en un escrito presentado en el juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla el 14 de febrero de 2017. El PP presentó un escrito a la Sección Primera de la Audiencia en el que se retractaba de la renuncia a la responsabilidad civil y volvía a reclamarla, después de que el tribunal decidiera rechazar la petición de los populares de que declarara como testigo en el juicio la presidenta de la Junta de Andalucía, Susana Díaz. Decía el PP que "ante la imposibilidad, al no haberse admitido por la Sala la testifical propuesta de interrogar a Susana Díaz Pacheco, ex consejera de Presidencia y actual presidenta de la Junta en el presente procedimiento, especialmente sobre la supuesta reserva de acciones civiles ex delito".