Un juez investiga a una ciudadana rusa por irregularidades en 17 adopciones

Un juzgado de Sevilla ha investigado en los últimos meses presuntas irregularidades en procesos de adopción "por libre" de 17 niños rusos en distintas localidades españolas y que ha concluido con la remisión de las actuaciones a los juzgados de Madrid para que continúen las pesquisas. En Andalucía se han detectado cinco casos, tres de ellos en Córdoba y uno en las provincias de Sevilla y Granada.

La Fiscalía de Sevilla, localidad en la que se inició la investigación, ha emitido ahora un informe en el que se muestra a favor de que sean los juzgados de Madrid los que se encarguen de continuar las pesquisas para esclarecer los hechos, dado que la principal imputada, la ciudadana rusa Olga Z. reside en Madrid y es en ésta ciudad donde mantenía el "centro de sus actividades criminales".

Esta mujer rusa se dedica a la mediación de adopciones internacionales en la modalidad de "por libre" y actuaba como "facilitadora o mediadora" en todo el territorio español. La imputada, una vez que contactaba con los padres adoptantes, bien por teléfono o por correo electrónico, les daba instrucciones para la gestión de la documentación oficial en su respectiva comunidad autónoma, "facilitando asimismo la organización de viajes a Rusia, contactos en dicho país y traducción de documentos".

El fraude consistiría en que, una vez que los futuros padres obtenían de forma legal y auténtica la correspondiente documentación -como los certificados de idoneidad, informes psicosociales, certificados médicos y documentos notariales-, la ciudadana rusa "los modificaba, proponiendo en algunos casos que los propios adoptantes cooperaran a la realización del documento mendaz con su firma".

El objeto de esta forma de proceder no era otro que "ajustar" las características de los menores aprobadas por las entidades públicas españolas a los niños elegidos en Rusia por la propia Olga Z. o, en el caso de los certificados médicos, para "agilizar los trámites", dado que éstos tenían una caducidad de tres meses.

La investigación inicial de los 17 expedientes fue desarrollada por el juzgado de Instrucción número 14 de Sevilla, que tomó declaración como imputados a la mediadora rusa y a los adoptantes, a través de los correspondientes exhortos en las localidades donde residen.

La Fiscalía entiende que las irregularidades no cuestionan la decisión final de las adopciones y que incluso en muchos casos hay dudas sobre la "participación dolosa" en el delito de falsedad de los padres adoptantes.