Una juez de Cádiz cita como testigos a dos interventores de la Junta de Andalucía por el caso de los contratos del SAS

El juzgado que investiga un presunto delito de malversación de 235 millones de euros que habría cometido el Servicio Andaluz de Salud (SAS) por contrataciones "a dedo" en la provincia de Cádiz, ha llamado a declarar como testigos a dos interventores y dos altos cargos de la Junta de Andalucía.

En un providencia hecha pública este miércoles, la titular del juzgado de instrucción número 3 de Cádiz, Rosa María García, que investiga los hechos a raíz de una denuncia de Podemos, cita a declarar como testigos el próximo 2 de abril a los interventores José Antonio Rodríguez Cunill y Joaquín Pavón Rendón. Para un día después, el 3 de abril, cita también como testigos a las jefas de servicio Beatriz Tallóin Cádiz y María Jesús Correro Fernández.

La juez acuerda estas citaciones después de abrir diligencias previas para investigar un presunto delito de malversación de 235 millones de euros que habría cometido el Servicio Andaluz de Salud (SAS) por contrataciones "a dedo" en la provincia de Cádiz, que fue denunciado por Podemos.

La formación interpuso una denuncia el pasado octubre basándose en los informes de la Intervención de la Junta de Andalucía que, según relataba al juzgado, habían detectado "un fraccionamiento indebido de miles de contratos menores", adjudicados entre enero y diciembre de 2021 por el SAS en las provincias de Cádiz, Huelva, Córdoba y Jaén, "con el objetivo de eludir los requisitos de publicidad y libre concurrencia previstos en la Ley de Contratos del Sector Público, permitiendo su adjudicación a dedo".

La denuncia relataba que los informes de Intervención detallaron que en Huelva se adjudicaron por ese sistemas 91,9 millones de euros (el 46,49 % del total de contrataciones del SAS en la provincia); en Jaén 69,8 millones de euros,(el 33,2 % del total de contrataciones); en Cádiz 235,4 millones (el 23,2 % del total de contrataciones) y en Córdoba 61 millones de euros, el 21,9 % del total de contrataciones. En esta provincia se firmaron 507 contratos menores con la farmacéutica Novartis por un solo medicamento, por un monto total de 2,2 millones de euros.

Podemos interpuso esta denuncia en un juzgado de Sevilla, que decidió dividirla y remitir a órganos judiciales de cada provincia los hechos que afectaban a cada territorio.

El juzgado de Cádiz en el que recayó esa denuncia por las contrataciones en la provincia ha sido, según fuentes del partido, el primero en tomar la decisión de abrir diligencias y de iniciar las pesquisas.