La investigación está abocada a cerrar sin un dictamen unánime

Aclarar qué papel desempeñó Susana Díaz en las causas y consecuencias de las irregularidades de los cursos de formación impartidos entre 2002 y 2012 es el principal escollo al que se enfrentarán los grupos para acordar un dictamen. Dependiendo del partido, el rol de la actual presidenta de la Junta puede ser protagónico, secundario o irrelevante.

El PP la sitúa prácticamente a la altura de sus predecesores Manuel Chaves y José Antonio Griñán por "su falta de colaboración con los trabajos de la comisión", por "ocultar información" y mantener paralizados los cursos de formación, con lo que impidió la llegada de casi 870 millones de euros en ayudas públicas a Andalucía en la lucha contra el desempleo.

Podemos se centra en este último aspecto para también incluir a Díaz en la lista de responsables políticos, ya que ha estado "cinco años sin aportar informes que justificaran una decisión de tal relevancia para un millón de personas desempleadas en Andalucía".

Finalmente, IU también cree que la presidenta de la Junta posee "responsabilidad por acción negligente" motivada por la paralización de los cursos durante cerca de cuatro años.

El bando defensor de Díaz lo lidera el PSOE. Los socialistas tienen claro que no puede existir "responsabilidad política de alguien que no estaba siquiera en el Consejo de Gobierno" cuando ocurrieron los hechos investigados por los diputados andaluces.

Ciudadanos (C's), que ocupa la presidencia de la comisión investigadora, comparte con los socialistas el anterior argumento y limita las responsabilidades a Chaves y Griñán, cuyas dimisiones se apunta como un mérito.

Con estos razonamientos extraídos de las conclusiones finales que los cinco grupos han registrado en el Parlamento, es evidente que va a ser muy difícil que la presidencia logre elaborar un dictamen que sea aprobado unánimemente, como hasta ahora ha intentado sacar la mayoría de las decisiones, antes de elevarlo para su votación en el Pleno.

Con estos mimbres, la sombra de la comisión de investigación de los ERE, que finalizó sin una conclusión, planea sobre el Parlamento otra vez. PSOE y C's cuentan con votos suficientes para sacar adelante un dictamen conjunto, como han venido aprobando asuntos de relevancia en la Cámara cada cierto tiempo.

PP, Podemos e IU ya han alertado de esta posibilidad. Defienden que un acuerdo similar iría en contra del espíritu de la comisión, solicitada por C's. La formación naranja asegura que la síntesis que enviará al resto de grupos en aproximadamente un mes tendrá como principal objetivo que el texto que llegue al Pleno pueda contar con un gran apoyo y evitar lo sucedido con los ERE.

La dificultad del reto es grande. El rol de Díaz no es la única diferencia insalvable. El propio carácter del caso investigado está en discusión. El PP insiste en que alrededor de los cursos de formación hubo "una red clientelar" montada para financiar ilegalmente al PSOE. Además, apunta incluso a familiares directos de Díaz como beneficiarios de esta red.

Los socialistas, por el contrario, se ubican en las antípodas de esta teoría. El PSOE valora en sus conclusiones que está demostrado por las comparecencias de las 69 personas citadas en la comisión y las pruebas documentales que no hubo "trama" ni "menoscabo de fondos públicos". Según los socialistas, "las deficiencias detectadas en los informes especiales son de carácter administrativo y en ningún caso de trascendencia penal".