Los interventores de la Junta, en pie de guerra reclamando mejoras salariales

Los interventores de la Junta de Andalucía tienen abierta una guerra con el Ejecutivo andaluz que tiene varios frentes, aunque el más importante es el de las retribuciones salariales. Unas discrepancias que llevan meses tratando de solventar en una negociación que no ha fructificado por el momento.

El Gobierno creó en 2023 el Cuerpo Superior de Intervención y Auditoría de la Junta (ley 7/2023, de 24 de julio, desarrollada por un reglamento de junio de 2024), una decisión política que pretende un mayor control de los gastos de la administración ya que los interventores son los responsables de fiscalizar y firmar los expedientes de gasto de los organismos de la Junta. Hasta ahora habían ascendido hasta estos puestos tras años de trabajo en la administración, y siempre con la titulación requerida, claro, pero la creación de un cuerpo superior específico aumenta la especialización, la transparencia y su independencia en las labores de fiscalización.

Hay que tener en cuenta que el papel de estos altos funcionarios es clave en la administración andaluza ya que sus informes son vinculantes y obligatorios en muchos casos y sus reparos frenan cualquier gasto en la Junta.

Sin embargo, estos profesionales entienden que la ley sólo ha servido para “manejar” a este cuerpo inspector ya que no se les ha dotado ni de más personal ni de más recursos económicos para cumplir su cometido. Los interventores están asumiendo estas funciones pero, según denuncia la asociación que los representa, no están cobrando las retribuciones salariales prometidas en la ley y recogidas en el reglamento que está en vigor porque no se ha actualizado la relación de puestos de trabajo. Unas reclamaciones económicas que suponen 7.111 euros al año de aumento para este colectivo. Esta cifra está recogida expresamente en el reglamento donde se expone que este cuerpo superior de la Junta pasará de percibir un complemento específico de nivel 26, 13.246,08 euros anuales, al complemento específico que corresponde al nivel 30, el máximo en la administración autónomica y que asciende a 20.357,64 euros anuales.

Piden una reunión con Juanma Moreno

Los interventores de la Junta, que son 171 en todas las consejerías, empresas y entidades, han enviado cartas a la consejera de Hacienda y al presidente de la Junta reclamando que se cumplan los compromisos adquiridos así como una reunión para desatascar la situación. “Todos los funcionarios afectados por esta norma han confiado siempre en el cumplimiento de la misma, esto es, en la incorporación de las mejoras económicas informadas favorablemente en el expediente de tramitación de la Ley, mejoras que, además, deben ser incrementadas en la línea de otras medidas adoptadas por el Gobierno (como, por ejemplo, las medidas de equiparación salarial del personal sanitario y docente para evitar discriminaciones con el resto de personal de otras comunidades autónomas)”, exponen en sus misivas. Según detallan, además, llevan esperando desde el año 2019 hasta la entrada en vigor de la ley, pero a pesar de ello no se han cumplido los compromisos.

El cese

En este escenario, el pasado miércoles 8 de enero, el Gobierno andaluz cesó a la interventora general María Antonia González Pavón, dos años después de su nombramiento. Una salida que el Gobierno andaluz califica de dimisión por “motivos personales”, por lo que no da más explicaciones. Hay que tener en cuenta que María Antonia González Pavón ha sido la interventora que ha firmado los informes de actuación sobre la contratación de emergencia del SAS, por un presunto “abuso en fraude de ley” de la contratación por este sistema excepcional. Unos informes que el PSOE ha llevado ante los tribunales, un proceso que ha imputado a la actual gerente del SAS, Valle García, y a sus dos antecesores, Diego Vargas y Miguel Ángel Guzmán.

Esa misma jornada de su salida de la Intervención General de la Junta, María Antonia González se reunió telemáticamente con un grupo de interventores para explicarles su versión de los hechos. Según les dijo, había sido sustituida por defenderlos ante el Gobierno y pelear sus derechos retributivos. Otras fuentes consultadas por este diario añaden que no mantenía muy buenas relaciones con la viceconsejera de Hacienda, Amelia Martínez, que también ha sido interventora de la Junta. Unas discrepancias que tienen mucho que ver con el incumplimiento de la subida de sueldo prometida. Hay que recordar que los interventores amenzaron con una huelga en noviembre, que frenaron por unos compromisos que entienden que no se han cumplido.

Claro que todas estas circunstancias no son excluyentes y es posible que la salida de la interventora generales se haya debido a la suma de todas las circunstancias.