Los interventores de la Junta denuncian el "alto riesgo" de su labor tras seis imputaciones judiciales

Sevilla/La Asociación de Empleados Públicos de Intervención de la Junta de Andalucía ha denunciado la sensación de “alto riesgo e impotencia” que se está provocando entre todos los funcionarios de la Intervención tras la imputación en los últimos años de seis funcionarios en distintos procesos judiciales y macrocausas.

En un comunicado, la asociación expresó su “plena y absoluta solidaridad” con los interventores de la Junta de Andalucía que, en la actualidad, se encuentran implicados en varios procedimientos judiciales que se sustancian en juzgados y tribunales de Andalucía, con motivo del ejercicio de sus funciones públicas.

“En los últimos años, y sin que podamos encontrar más que un sólo antecedente en toda la historia de la Junta de Andalucía (que finalmente acabó con el sobreseimiento para los Interventores afectados), se ha producido la imputación sucesiva de seis interventores en otros tantos procedimientos judiciales y por diferentes hechos”, señalan.

Para los interventores, una de las razones de estas imputacions está relacionada “con la anómala utilización del proceso penal por parte de determinadas empresas y particulares, que pretenden obtener en los tribunales lo que no consiguen en buena lid en las licitaciones públicas a las que se presentan”. En otros casos, se plantean en los órganos judiciales del orden penal cuestiones que son “competencia de la jurisdicción Contencioso-Administrativa”. Los interventores consideran “sorprendente la credibilidad que se le otorga”, en determinados casos, por parte de los jueces y fiscales a “denuncias infundadas, cuando no, movidas por oscuras motivaciones”. “Las inicuas imputaciones penales que estamos contemplando producen inmediatos y devastadores efectos sobre la salud, el entorno familiar y social, la carrera profesional e incluso la hacienda de quienes tienen la desgracia de caer en semejante abismo”, aseveran.

De esta forma, concluyen que las imputaciones judiciales están provocando entre “todos los funcionarios de la Intervención de la Junta de Andalucía una sensación de alto riesgo e impotencia en el efectivo desempeño de los cometidos que desarrollamos. Los funcionarios encargados del control interno de la gestión presupuestaria en la Junta de Andalucía ejercemos las funciones que tenemos encomendadas con absoluta profesionalidad e independencia, dentro de unas facultades regladas muy concretas que nos proporciona la Ley, y no se nos pueden atribuir, porque no se ajustaría a Derecho, facultades omnímodas o extraordinarias para poder evitar prácticas delictivas en relación con la gestión de los fondos públicos”.

Por último, los interventores no comparten la celeridad con la que, en ocasiones, se produce el inicio de un procedimiento penal, “sin contrastar previamente si los motivos denunciados son propios de un proceso penal o corresponden a la jurisdicción Contencioso-Administrativa, como ya se ha confirmado por recientes resoluciones judiciales”, todo ello, dentro del “respeto” a las decisiones adoptadas por los juzgados y tribunales, con quienes los interventores colaboran habitualmente en peritaciones, informes y otras actuaciones de auxilio judicial que se solicitan.