La ex interventora adjunta sostiene que el sistema de las ayudas era "opaco" y que sólo apreciaron "irregularidades administrativas"
Juicio de los ERE
Teresa Arrieta considera que la Dirección General de Trabajo "sabía" que no estaba sometiendo el expediente de gasto a la Intervención
La ex interventora adjunta Teresa Arrieta Viñals ha asegurado este lunes en la 67 sesión del juicio por el denominado "procedimiento específico" de los ERE que el sistema por el que se concedían las ayudas era "opaco", porque omitía la fiscalización previa y también a posteriori el control financiero permanente de las subvenciones, pero ha defendido que para la Intervención General de la Junta "siempre fue una irregularidad administrativa" en la que no se apreció menoscabo de fondos públicos.
La testigo, que ocupó el cargo entre los años 2005 y 2010, ha explicado que las ayudas no se podían someter a fiscalización previa porque en la Consejería de Empleo no había un expediente de gasto, y en el caso de la agencia IDEA, las subvenciones no se podían someter al Control Financiero Permanente porque la agencia se limitaba al pago. El control financiero de las subvenciones, ha proseguido, se hacían con un plan anual, con un muestreo sobre subvenciones registradas, pagadas y justificadas al 100%, pero las ayudas de los ERE no estaban registradas y además no pudieron ser objeto de control.
Preguntada sobre si se podía haber hecho algo más en el control de estas ayudas, ha dicho que "se podía haber elevado al Consejo de Gobierno", y aunque ha subrayado que la cuestión no está regulada, ha afirmado que el propio órgano gestor, en alusión a la Consejería de Empleo "no necesita que se le diga más que está haciendo un proceso irregular". La Dirección General de Trabajo "sabía que no estaba sometiendo el expediente de gasto de las subvenciones a la Intervención" y el órgano gestor "debe conocer cuáles son sus obligaciones", ha sentenciado.
Así ha llegado a afirmar que la concesión de las subvenciones "está fuera de todo circuito", pero a pesar de ello para la Intervención "siempre fue una irregularidad administrativa" en la que no se apreció menoscabo de fondos públicos porque, para apreciar dicho riesgo, primero tiene hacerse una "revisión de oficio" de las ayudas.
También ha señalado que el uso de las transferencias de financiación estaba "generalizado" y era una figura "necesaria para el funcionamiento de las empresas", añadiendo que los informes recogían que se estaba haciendo un "uso inadecuado" para el pago de las ayudas sociolaborales y a empresas por parte de la Consejería de Empleo porque "en la ejecución del gasto podía haber un encargo de ejecución" a la agencia IDEA.
Teresa Arrieta ha ratificado sus declaraciones ante los investigadores de la Guardia Civil, donde aseguró que el sistema establecido hacía que se pagaran las subvenciones "sin procedimiento", se eludía el control de la Intervención y además se generó un "déficit presupuestario" en la agencia porque se adquirían compromisos de pago de ayudas por encima de lo presupuestado.
El fiscal delegado de Anticorrupción Juan Enrique Egocheaga le ha preguntado si en estas circunstancias se podían haber estado otorgando las ayudas durante una década, a lo que la testigo ha comentado que "poder se puede, pero no se debe", y ha agregado que "lo lógico hubiera sido una regulación".
El representante del Ministerio Público también le ha cuestionado sobre si el binomio subvención excepcional-fiscalización previa es imposible. "Si omito el expediente de gasto, omito la fiscalización previa totalmente".
A su juicio, las transferencias de financiación estaban "bien fiscalizadas" y ha apuntado que en la fase de Presupuestación "no se podía hacer nada más". También ha defendido la actuación de la Intervención General, al sostener que este órgano "cumplió con todo y se comunicó a las consejerías correspondientes" las distintas deficiencias detectadas.
Sobre el informe adicional de 2003 al de cumplimiento financiero de la agencia IDEA (notificado en 2005) y en el que se analizó un muestreo de una veintena de expedientes de las ayudas donde se apreciaron diversas deficiencias, la testigo ha considerado que "quizá no había que haberlo hecho", porque ese análisis quedaba "fuera del ámbito del Control Financiero Permanente".
LA FISCALIZACIÓN PREVIA PERMITE EMITIR "NOTAS DE REPARO QUE PUEDEN SUSPENDER LA ACTUACIÓN"
En la sesión de este lunes también ha comenzado la declaración como testigo de otro interventor adjunto a la Intervención General de la Junta de Andalucía, Ignacio García Revilla, quien ha explicado las diferencias entre la fiscalización previa y el Control Financiero Permanente, señalando que en la fiscalización previa puede "emitir notas de reparoque pueden suspender la actuación", mientras que en el Control Financiero Permanente la fiscalización se hace a posteriori, cuando se ha realizado el pago, y en este caso lo que se puede hacer es emitir un informe describiendo los incumplimientos, salvedades y deficiencias, y las medidas que se deben adoptar.
Sobre el uso de las transferencias de financiación o de explotación, este interventor ha coincidido en que las mismas debían ser utilizadas para "equilibrar el resultado" de las entidades instrumentales, como era el caso de la agencia IDEA, garantizar "la supervivencia" de la entidad que tiene un interés público, mientras que las transferencias de capital están pensadas para que los organismos a las que se dirigen puedan realizar sus propias subvenciones.
Por ello, el testigo ha concluido que el objetivo de las transferencias de financiación era la "financiación de la actividad de la empresa y, en su caso, compensar las pérdidas", ese es el concepto que tenían los interventores de este instrumento, y por eso en los informes relacionados con la ayudas de los ERE se afirmaba que se había efectuado un "uso inadecuado" de las mismas.
El tribunal abronca al abogado de Antonio Fernández por sus comentarios a los testigos
El presidente del tribunal, el magistrado Juan Antonio Calle Peña, ha abroncado al abogado Alfonso Martínez del Hoyo, que representa al ex consejero de Empleo Antonio Fernández, por los comentarios que ha realizado sobre las percepciones que tenía en relación a las respuestas que le ha ido dando la testigo durante su turno de interrogatorio.
El magistrado intervino inicialmente después de que el letrado le dijera a la testigo que ésa era su opinión y que él "no la compartía", por lo que el presidente del tribunal le llamó al orden para que no hiciera ese tipo de comentarios y los reservara para su informe final de conclusiones. El letrado reaccionó ante la interrupción de la Sala y el magistrado replicó que "si cumpliera con sus obligaciones", este tribunal no tendría que interrumpirle por los comentarios a la testigo. El juez añadió que esta advertencia ya había sido reiterada a esta defensa con anterioridad con motivo de otros interrogatorios.
A continuación se produjo el habitual receso de la mañana, en el que los tres magistrados suelen salir juntos a tomar café cerca de la Audiencia de Sevilla, y al regreso del mismo, Juan Antonio Calle Peña volvió a intervenir antes de que continuara la declaración del testigo, para continuar la reprimenda a la defensa de Antonio Fernández. "No le voy a tolerar que haga observaciones sobre el ejercicio de mi labor" al frente del tribunal, ha dicho el magistrado dirigiéndose directamente al abogado Alfonso Martínez del Hoyo.
El magistrado ha añadido entonces que este tribunal habido "escrupulosamente respetuoso con el derecho de defensa" y de ahí que, ha precisado, ha llamado la atención a todas las partes cuando lo ha estimado oportuno, tanto a la Fiscalía como a las acusaciones y a las defensas.
Tras el duro reproche del tribunal a esta defensa, ha continuado con normalidad la declaración de la ex interventora Teresa Arrieta Viñals.