La ex interventora general dice que un "procedimiento irregular no es un indicio de menoscabo"

Que haya un procedimiento irregular o muy irregular no es sinónimo de perjuicio para las arcas públicas. Ésta es la principal conclusión que se desprende de la declaración de la ex interventora general de la Junta de Andalucía Rocío Marcos, quien este martes ha asegurado en el juicio por el denominado "procedimiento específico" de los ERE por el que se concedían las ayudas sociolaborales y a empresas que un procedimiento "irregular no es un indicio de menoscabo de fondos públicos".

A preguntas del abogado José María Mohedano, que representa al ex presidente José Antonio Griñán, la ex interventora ha ratificado las declaraciones en la fase de instrucción, en las que afirmó en relación al sistema por el que se concedían las ayudas que "no es ni un procedimiento ni específico". La testigo ha explicado que, en su opinión, no hay tal procedimiento, sino unas transferencias de financiación que presupuestan gastos que tienen que ser ejecutados con posterioridad y decidido por quien es competente para ejecutar el gasto, y en este caso lo que hay son unos créditos con aportaciones a otra entidad que es la que lo tiene que gastar, la agencia IDEA, que materializa la ayudas concedidas por la Dirección General de Trabajo de la Consejería de Empleo.

Rocío Marcos ha insistido en que la ejecución de este programa no ha generado ningún menoscabo de fondos públicos. "Un procedimiento irregular o muy irregular, por graves que sean las irregularidades, aunque las irregularidades sean la falta de crédito, no es directamente un indicio de menoscabo", puesto que, según ha dicho, "se aprueban muchos procedimientos en los que concurren ambas circunstancias" y eso no equivale al concepto de menoscabo de fondos públicos.

Ese menoscabo, ha aseverado, no se detectó en aquel momento ni en la agencia IDEA ni en la Consejería de Empleo, y ha añadido que la Intervención no se planteó haber elaborado un informe de actuación porque para iniciar este procedimiento hacen falta "indicios razonables de una infracción de alcance, que es la que produce menoscabo" y en ese momento seguían sin producirse esos indicios.

Ha explicado que el informe de actuación puede realizarse por dos razones: "la preexistencia de determinadas infracciones que tengan relevancia y no sean objeto de corrección o mejora; y el supuesto de que se detecte menoscabo de fondos públicos", y ninguno de los dos motivos se apreciaron en aquel momento, según la funcionaria.

La que fuera interventora general de la Junta entre los años 2010 y 2012 ha defendido además la labor que ha realizado la Intervención para mejorar el control de los fondos públicos, al afirmar que la Intervención "hizo más de lo que tenía que hacer y no paró" de hacer mejoras y recomendaciones "para disciplinar el procedimiento de presupuestación".

Rocío Marcos ha reiterado que el método utilizado generaba un "ángulo muerto" porque la concesión de las subvenciones no se sometía ni a fiscalización previa ni al Control Financiero Permanente que había en la agencia IDEA, y ha añadido que el interventor delegado podía haber hecho "alguna observación" ante el órgano que ordenaba las transferencias de financiación.

Con la Encomienda de Gestión se siguió utilizando la transferencia de financiación

Sobre el cambio de sistema que se produjo con la introducción de la Encomienda de Gestión de abril de 2010, por importe de 54 millones, la ex interventora general ha estimado que dicha encomienda "no estaba bien tramitada" y además "no se fiscalizó correctamente porque hubiera requerido la fiscalización previa de todas las ayudas o subvenciones mientras hubieran sido competencia de Empleo", pero al final debido a la inercia de cómo se había trabajado con anterioridad se tramitó como si se tratara de una transferencia de financiación y el "interventor delegado dijo que había sido un lamentabilísimo error", ha puntualizado.

En cualquier caso, ha señalado que la agencia IDEA no era responsable del procedimiento de concesión de las ayudas que había en la Consejería de Empleo y se limitaban a cumplir los convenios realizando el "pago de pólizas completas a una aseguradora".

La testigo no está de acuerdo con las manifestaciones de otra interventora que le ha precedido a la hora de declarar en el juicio, María Luisa Raya, quien consideró que había una "mala presupuestación" de las transferencias. A juicio de Rocío Marcos, no hay "defecto en la presupuestación".