Una interventora dice que las ayudas "escapaban" a la fiscalización previa

La interventora de la Junta María Luisa Raya ha asegurado este lunes que las ayudas sociolaborales y a empresas "escapaban" a la fiscalización previa al utilizar el procedimiento de las transferencias de financiación desde la Consejería de Empleo a la agencia IDEA.

A preguntas del abogado Juan Carlos Alférez, que representa al ex director general de IDEA Jacinto Cañete, la interventora ha reconocido que en las fichas presupuestarias se observa que esas transferencias de financiación se utilizaban para el pago de las ayudas, a pesar de que la transferencia de financiación "no puede tener una finalidad concreta", por lo que a su juicio esas transferencias están "mal presupuestadas" porque usando ese procedimiento las ayudas "escapaban" a la fiscalización previa.

La testigo, que este lunes ha finalizado la declaración que inició en la tarde del pasado miércoles, ha señalado que a IDEA esta forma de financiación le venía "impuesta por la Consejería de Empleo", la agencia no podía decidir, ha dicho María Luisa Raya, que ha añadido que el análisis de los expedientes no tenía que hacerse en el marco del Control Financiero Permanente al que estaba sometida la agencia.

El abogado del ex director general de IDEA le ha mostrado los cuatro informes que recibió Cañete (el de Paif de 2006, de cuentas anuales de 2006, y los de cumplimiento de los años 2007 y 2008) para ponerle de manifiesto que en ningún de estos informes se habla de que las ayudas se habían concedido por parte de la dirección general de Trabajo "prescindiendo total y absolutamente del procedimiento establecido".

La testigo, que elaboró los informes de Control Financiero Permanente de IDEA de los ejercicios 2009 y 2010, ha dicho que a la agencia IDEA no se le realizó ninguna recomendación en los distintos informes porque se consideraba que las deficiencias "no eran imputables" a la agencia", y también ha defendido que jamás se llegó a emitir el denominado informe de actuación por parte de la Intervención porque "nunca se dijo ni se apreció menoscabo de fondos públicos" respecto a las ayudas que concedía Empleo a través de la agencia IDEA.

En este sentido, ha explicado que la Intervención no podía paralizar la concesión de las ayudas ni los pagos, sino que el procedimiento regulado establecía que a los seis meses de emitido el informe recogía los reparos o deficiencias se podía requerir de nuevo al órgano que debía subsanar las salvedades, y si éstas eran de "relevancia", el interventor actuante debía proponer el informe de actuación. Así, ha insistido en que si no se emitía el informe de actuación, la agencia no tendría que adoptar medidas.

El abogado José María Mohedano, que defiende al ex presidente de la Junta, le ha preguntado si estaba de acuerdo con la afirmación del gabinete jurídico respecto a que la finalidad de las transferencias de financiación es la que viene impuesta en la ley de Presupuestos de la Junta. La testigo ha afirmado que "no está de acuerdo" con el gabinete jurídico porque, ha precisado, las transferencias de financiación son un "instrumento de financiación para financiar de forma genérica los gastos e inversiones de las empresas públicas".

La abogada Encarnación Molino, que defiende al ex consejero de Innovación Francisco Vallejo, ha preguntado a la testigo sobre qué podía haber hecho el consejero en el año 2005 con un informe adicional que era anterior, del año 2003, a lo que la testigo ha contestado diciendo que "como miembro del Consejo de Gobierno quizás podría haberlo hablado".