La ex interventora asegura que las transferencias eran inadecuadas pero no ilegales

La ex interventora general de la Junta Rocío Marcos Ortiz ha asegurado este lunes en el juicio por el denominado "procedimiento específico" de los ERE que las transferencias de financiación empleadas para el pago de las ayudas sociolaborales y directas a empresas eran inadecuadas pero no ilegales, y ha explicado que el sistema empleado generaba un "ángulo muerto" que dejaba estas subvenciones sin control previo en la Consejería de Empleo ni posterior en la agencia IDEA.

La ex interventora general, que ocupó el cargo entre abril de 2010 y mayo de 2012, ha afirmado que las transferencias de financiación "se utilizaban indebidamente para destinos o empleos ajenos a los previstos en la ley", aunque ha dicho que le "repele" que se tilden de "ilegales" porque, según ha argumentado, "están codificadas como transferencias de financiación y están asociadas a un programa de Relaciones Laborales", y figuran en las leyes de presupuestos. Aun así, el uso de las transferencias "hacía imposible el control", ha sentenciado.

La testigo, que ha destacado que la agencia IDEA "nunca ha tenido un interventor en su sede", ha recordado que existen dos formas de fiscalización, el control previo y el control financiero permanente, que se realiza a posteriori, y ha señalado que cuando se hace una transferencia de financiación, las ayudas no pueden ser fiscalizadas, porque la Consejería de Empleo no es la que realiza el gasto, que se materializa en la agencia IDEA, pero cuando se va a realizar el Control Financiero Permanente en IDEA "no hay nada que ver", porque no están los expedientes, y es cuando, a juicio de la ex interventora, se produce "un ángulo muerto".

Según Rocío Marcos, ese sistema se empleó porque facilitaba "mayor agilidad" en una situación acuciante de conflictos laborales. Cuando el fiscal delegado de Anticorrupción Manuel Fernández Guerra le ha preguntado si el hecho de que se evitara el control propició la aparición de los intrusos, la funcionaria ha dicho que "al menos lo facilitó".

A su juicio, en aquella época se daban dos hechos importantes. De un lado, un "enorme crecimiento de las entidades instrumentales con una regulación muy incipiente" y, de otro, las "tremendas exigencias de la estabilidad presupuestarias que se imponen" y que eran bastante acuciantes a partir de 2007. Ha añadido que las transferencias han sido objeto de regulación a partir de la ley de presupuestos de 2013.

La testigo ha afirmado que no pudieron imaginar con anterioridad la existencia de los denominados intrusos, personas que fueron incluidas en las pólizas aunque no habían trabajado nunca para las empresas en cuyas pólizas de prejubilaciones fueron introducidos, hasta que estalló el escándalo tras la aparición del primer intruso de Mercasevilla, lo que motivó la suspensión del pago de las pólizas y la apertura de un expediente de información reservada, algo que resultó "muy preocupante". El fiscal le ha preguntado en este momento si preocupaba la aparición de los intrusos o que "se habían tramitado casi 800 millones de euros sin control", a lo que Rocío Marcos ha dicho que ambas cosas, admitiendo que las irregularidades se conocían al menos desde el informe adicional al de cumplimiento de la agencia IDEA del ejercicio 2003, que fue notificado en 2005.

La Intervención estaba terminando el informe de cuentas anuales de IDEA del año 2008 cuando estalló el escándalo de los intrusos en la empresa pública Mercasevilla, y ha recordado que además de suspender las pólizas y de abrir el expediente de información reservada, se instó la elaboración del informe de fiscalización (2001-2010) por parte de la Cámara de Cuentas, y la Intervención se planteó "recoger todo lo que había pasado" con las ayudas, pero para ese estudio no se solicitaron los expedientes de las ayudas a la Dirección General de Trabajo porque "hubiera sido un solapamiento innecesario" con el informe encargado a la Cámara de Cuentas.

La testigo, en una declaración eminentemente técnica, ha explicado que las transferencias de financiación y la encomienda de gestión son instrumentos "alternativos y contrapuestos", y ha añadido que en "todas las leyes de presupuestos" hay un apartado que señala que las transferencias -cuya utilización era "bastante frecuente", ha admitido- son instrumentos para financiar la actividad titular de la empresa, y cuando es de la propia Consejería el instrumento está la encomienda. El control financiero permanente de las agencias, según la testigo, es completamente distinto porque lo que se hace es una fiscalización con el mismo alcance que la fiscalización previa pero a posteriori.

La ex interventora general ha precisado que no tuvo la sensación de que en los centros gestores no se leyeran los informes de Control Financiero Permanente, porque "muchas de las recomendaciones sí se mejoraban, pero otras tardaban más tiempo en ser atendidas". La declaración de Rocío Marcos ante los magistrados de la Sección Primera de la Audiencia de Sevilla continuará mañana.