El ex interventor pidió declarar por las "manifestaciones absolutamente inciertas" de Chaves y Griñán

El ex interventor general de la Junta de Andalucía Manuel Gómez Martínez solicitó declarar ante el Tribunal Supremo al considerar que las declaraciones realizadas por los ex presidentes de la Junta Manuel Chaves y José Antonio Griñán ante el instructor del caso de los ERE fraudulentos contienen “numerosas manifestaciones absolutamente inciertas”.

En un escrito presentado por el ex interventor ante el Supremo, Manuel Gómez argumenta que las manifestaciones de los ex presidentes “además de ofrecer una versión de los hechos que en modo alguno se ajusta a la realidad, perjudican gravemente” su propia defensa al “derivarle falazmente responsabilidades que sólo a ellos incumben”.

El magistrado Alberto Jorge Barreiro, que instruye la causa ante el Supremo, ha citado a Manuel Gómez a declarar el próximo martes, después de que su testimonio haya sido solicitado además por la Fiscalía y por el sindicato Manos Limpias, que ejerce la acusación popular, mientras que el jueves día 30 comparecerá el ex consejero de Empleo Antonio Fernández.

El ex presidente de la Junta de Andalucía José Antonio Griñán, que declaró el pasado 9 de abril, defendió que su departamento actuó para aumentar el control de las ayudas pero también derivó la responsabilidad del fraude a la Intervención General de la Junta, cuyos informes alertando de las irregularidades aseguró que nunca recibió, y a la Consejería de Empleo, que era la encargada de controlar el gasto del pago de las ayudas.

En su declaración, el ex presidente andaluz explicó con respecto a las advertencias o los informes adicionales realizados por la Intervención General de la Junta que “ninguno de esos informes llegaron a su conocimiento, como ha reconocido la propia viceconsejera”, en alusión a Carmen Martínez Aguayo, que en su declaración ante el TSJA dijo que no leyó ninguno de los dictámenes porque no eran informes de actuación y por tanto no se requería a la Consejería para que adoptara ninguna medida.

“El viceconsejero sólo elevaba al consejero los informes que propugnan una actuación de Hacienda”, afirmó Griñán, que subrayó que la Intervención es la que “decide en cada momento si promueve actuaciones”, de acuerdo con el artículo 12.5 del decreto 9/1999, sobre régimen presupuestario, financiero, de control y contable de las empresas de la Junta. Ese artículo determina que el informe de actuación se emitirá por la Intervención en aquellos casos “en que los responsables de la gestión controlada no adopten las medidas necesarias para solventar las deficiencias observadas” o también cuando se “aprecien circunstancias que, por su importancia, pudieran ocasionar menoscabo de fondos públicos”.

El ex consejero insistió en que esos informes eran “para conocimiento”, pero no de actuación, y añadió que en el año 2006 la memoria de cumplimiento de la Intervención hace mención a estos informes y es en el momento en que Hacienda lo lleva al Consejo de Gobierno “con la propuesta de la Intervención de modificación del control financiero”. El Consejo de Gobierno, prosiguió Griñán, incluyó un apartado donde se “instruye” al interventor para que en el supuesto de que no se le haga caso a sus “observaciones o se aprecie fraude o menoscabo de fondos” se hagan requerimientos a las distintas Consejerías.

Por su parte, el ex presidente Manuel Chaves sostuvo en su declaración, el pasado 14 de abril, que ni conoció ni fue advertido de las irregularidades de los ERE y tampoco las hubiera permitido en caso de saberlo. En contra de lo que afirma la juez Alaya en su último auto, en el que extiende el sistema que considera fraudulento a todas las empresas públicas de la Junta y asegura que el Gobierno andaluz “menospreció” los informes de la Intervención alertando de las irregularidades, el ex presidente andaluz defendió que “nunca” conoció esos reparos ni fue advertido de posibles irregularidades.

Chaves reiteró en varias ocasiones que “no conocía nada” de las transferencias de financiación al IFA de 2000 y 2001 en relación con las ayudas sociolaborales y el convenio marco de julio de 2001, puesto que lo ha sabido “con posterioridad al preparar su declaración” ante la comisión de investigación del Parlamento de Andalucía. La comparecencia del ex interventor Manuel Gómez se ha convertido en una pieza clave de la investigación que desarrolla el instructor del Supremo, el magistrado Alberto Jorge Barreiro, después de que los ex presidentes hayan derivado en este alto cargo la posible responsabilidad a la hora de frenar el fraude.

Manuel Gómez prestó declaración ante la juez Alaya en julio de 2013, en el transcurso de dos sesiones en las que llegó a afirmar que al ex presidente de la Junta José Antonio Griñán "no le importaban nada" los informes de auditoría que realizaba la Intervención General de la Junta. Alaya le reprochó al ex interventor que no "forzara a los políticos" a pronunciarse sobre las irregularidades mediante la emisión del informe de actuación, a pesar de que denunció las deficiencias hasta en 15 ocasiones.

El funcionario imputado, que admitió que "sólo una ínfima parte" de la partida 31L -conocida como fondo de reptiles- tuvo control financiero, mantuvo la legalidad del sistema de las transferencias de financiación, pero señaló que era "impensable" que el consejero de Hacienda -en alusión a Griñán- "no conociera que se había generado un déficit de 93 millones" en el IFA por una sola dirección general. Alaya le preguntó por qué no se opuso a las sucesivas modificaciones presupuestarias si sabía, según sus propias palabras, que se "estaba cebando sin descanso la corrupta partida de los ERE", pero el ex interventor se escudó en que no tenía competencias según la ley de la Hacienda Pública.