El ex interventor estrechará el cerco a Griñán si ratifica sus declaraciones

El ex interventor general de la Junta Manuel Gómez Martínez estrechará hoy el cerco judicial sobre el todavía presidente de la Junta José Antonio Griñán si, como tiene intención, presta declaración ante la juez Mercedes Alaya y ratifica las declaraciones que en su día realizó tanto en la comisión de investigación parlamentaria sobre el fraude de los ERE y en la carta que remitió al presidente del Parlamento en la que acusaba a Griñán de "cebar la corrupción".

Manuel Gómez, que fue interventor general de la Junta entre 2000 y 2010, comparecerá en calidad de imputado ante la instructora, que le incluyó en la lista de veinte altos cargos que deberán pasar en los próximos meses por el juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla. El funcionario tiene intención de declarar, de no acogerse a su derecho constitucional a no hacerlo, según ha confirmado su abogado, José Rebollo Puig, presidente del consejo andaluz de Colegios de Abogados.

Manuel Gómez quiere declarar y la juez Alaya quiere preguntarle por qué a pesar de haber detectado hasta 15 "errores, incumplimientos y deficiencias" en los expedientes de gasto relacionados con las ayudas investigadas, como reconoció el propio funcionario en su declaración ante la comisión de investigación, no realizó un "informe de actuación" después de rechazar las alegaciones que presentó la agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía (IDEA) a esos reparos. En el auto en el que decidió enviar a prisión al ex consejero de Empleo Antonio Fernández, en abril de 2012, la propia instructora puso de manifiesto su intención de averiguar si en esta omisión por parte de la Intervención "pesó alguna orden o decisión política".

En la comisión de investigación parlamentaria, Manuel Gómez defendió que el sistema de las transferencias de financiación establecido por la Junta en 2001 para el pago de las ayudas sociolaborales era legal, pero explicó que contó con un marco "débil" en cuanto a los controles. "La transferencia es legal, aunque hayamos dicho reiteradamente que era inadecuada", llegó a afirmar el funcionario, que recordó que fue en el año 2005 cuando la Intervención advirtió por primera vez en un informe de la "inadecuación" del sistema, unos avisos que reiteraron en los años 2006 y 2007.

En aquella comparecencia ante la comisión, Manuel Gómez insistió en que la Intervención de la Junta advirtió de las deficiencias, pero "quien debía tomar decisiones no las tomó". "Lo que resulta irónico es que quien no tomó las decisiones se queje ahora de que no fue advertido", añadió el interventor de la Junta, quien puso como ejemplo un incendio. "Si su vecino le advierte a voces por la ventana que salen llamas por el extractor, ¿qué haría? ¿Llamaría a los bomberos para evitar la probable catástrofe o esperaría a que el vecino le confirme la noticia por carta o correo electrónico?", añadió Gómez.

Poco tiempo después de comparecer en la comisión, el ex interventor endureció su discursó e implicó directamente al presidente de la Junta, José Antonio Griñán, y a la consejera de Economía y Hacienda, Carmen Martínez Aguayo. En una carta remitida en noviembre pasado al presidente del Parlamento, Manuel Gracia (PSOE), el ex interventor apuntó directamente a Griñán y a Aguayo de ser responsables de lo ocurrido en el caso de los ERE fraudulentos, porque conociendo "las graves irregularidades descubiertas en la Consejería de Empleo nada hicieron para combatirlas; antes al contrario, cebaron sin descanso la corrupta partida presupuestaria de los ERE".

En esa misiva, Gómez Martínez insistía en que no tenía que haber realizado un informe de actuación y defendía la advertencia que hizo hasta en 15 ocasiones respecto a las irregularidades que se estaban produciendo en la gestión del programa 31L, conocido popularmente como el fondo de reptiles, y "ninguno de los destinatarios de las auditorías hizo absolutamente nada durante casi diez años para corregirlas, cuando podían haber terminado con el nido de corrupción en 24 horas si hubieran tenido voluntad de hacerlo", añadía la carta remitida al presidente del Parlamento andaluz.

La declaración del interventor se produce a pesar de que la Junta de Andalucía solicitara la suspensión de la comparecencia después de que la Administración autonómica haya recurrido el auto de Mercedes Alaya en el que decidió imputar a Manuel Gómez y a otros 19 altos cargos, entre ellos la ex consejera de Economía y Hacienda Magdalena Álvarez, cuya declaración aún no tiene fecha.