El ex interventor ratifica que tres consejeros recibieron los informes que advertían de las irregularidades

El ex interventor general de la Junta de Andalucía Manuel Gómez ha ratificado que hasta tres consejeros –de Hacienda, Empleo e Innovación- recibieron los informes de la Intervención que advertían de las irregularidades relacionadas con el pago de las ayudas sociolaborales y a empresas que tramitaba la agencia IDEA.

En la vigésimo segunda sesión del juicio por el denominado "procedimiento específico" de los ERE, el fiscal delegado de Anticorrupción Manuel Fernández Guerra ha terminado su interrogatorio preguntándole al ex interventor si ratificaba como declaró ante el Tribunal Supremo que "tres miembros" del Gobierno Andaluz recibieron los informes de la Intervención alertando de las irregularidades y de la utilización inadecuada de las transferencias de financiación para el pago de las ayudas, y no actuaron.

Manuel Gómez ha ratificado dicha declaración sin necesidad de que se diera lectura a la misma. En aquella comparecencia ante el Alto Tribunal, que tuvo lugar el 28 de abril de 2015 cuando el Supremo instruía la causa contra los aforados, Manuel Gómez afirmó que es "evidente que hasta tres miembros del Gobierno han recibido nuestro informes en los que ponemos de manifiesto una serie de circunstancias que eran lo suficientemente relevantes como para que ellos hubieran tomado medidas" y añadió que la "excusa" de que no intervinieron porque la Intervención no realizó un informe de actuación es "simplemente una excusa".

En esa declaración, Manuel Gómez responsabilizó al Gobierno andaluz del presunto fraude por la "desatención" a sus reiterados informes y agregó que el ex presidente José Antonio Griñán, en su condición de consejero de Economía y Hacienda, debería haber "preguntado" por esos dictámenes. El problema que desembocó en el caso de los ERE, según dijo entonces el funcionario, "no es tanto de haber fallado los procedimientos de control sino la desatención" del Ejecutivo andaluz.

Según Gómez es "completamente erróneo" que las distintas consejería no tuvieran que actuar porque no se había realizado ese informe de actuación. "Es una excusa puesto que el consejero de Hacienda tiene como competencia el control financiero de la Junta; si se le está advirtiendo de un déficit no tiene por qué esperar a ningún otro informe para actuar, tiene competencias para tomar medidas", afirmó entonces.

En la continuación de su declaración hoy en el juicio, el ex interventor ha señalado que el déficit que el uso de las transferencias había generado en el IFA –que alcanzó los 95 millones de euros en 2005 y 58 millones en 2006- era "conocido por todo el mundo" porque aparecía en la cuenta general de la Junta, que es de conocimiento público, y también ha insistido en que a pesar de las deficiencias no hubo menoscabo de fondos públicos, aunque respondió al fiscal que no podía determinar si existió "riesgo" de menoscabo porque es un concepto "tan etéreo que no le puedo decir". Así, insistió en que en la elaboración de estos informes intervinieron una docena de interventores y la ley "impone a cualquier interventor que detecte un menoscabo comunicárselo al consejero de Hacienda directamente", por lo que si nadie lo hizo es porque "no hay" tal menoscabo, en el sentido de "daño efectivo y cuantificable para la Hacienda Pública".

El acusado, que se enfrenta a seis años de prisión y 30 años de inhabilitación por delitos de prevaricación y malversación de caudales públicos, ha insistido en que no apreciaron delito alguno para denunciarlo ante la Fiscalía o un supuesto de responsabilidad contable por daño a la Hacienda Pública, y ha defendido que nunca han dejado de desempeñar su labor de control hasta el punto de que "como consecuencia de nuestros informes cambió la conducta" de la Administración, se acabó con el uso de las transferencias –cuyo uso inadecuado sigue sosteniendo- para el pago de las ayudas y se fiscalizó el gasto, ha aseverado.

El ex alto cargo ha destacado que la gestión de las ayudas por parte de la Consejería de Empleo ha sido "muy desmañada", porque se concedieron prescindiendo total y absolutamente del procedimiento administrativo, pero para llegar al extremo de calificar dichas ayudas como nulas de pleno derecho "necesitaría estudiarlo".

A preguntas de su abogado, Manuel Gómez ha reconocido que las ayudas sociolaborales no estaban sujetas a fiscalización previa o crítica, porque "jamás se constituyeron en expediente de gasto" y nunca se fiscalizó ni se podía fiscalizar un expediente de subvenciones, como dicen los peritos de la Intervención General de la Administración del Estado (IGAE). El ex interventor general de la Junta ha puesto como ejemplo que hay otros supuestos que están excluidos de la fiscalización previa –algo que "no tiene que ser positivo ni negativo", ha dicho-, como los contratos menores de la Administración autonómica que en un solo un año superan los 700 millones de euros, una cifra similar a la que la Fiscalía considera defraudada en el caso de los ERE pero que se corresponde con las ayudas concedidas en una década.

Manuel Gómez ha afirmado asimismo que la Intervención desarrolla una modalidad de control y en este caso "habría que presumir que el órgano gestor", la Consejería de Empleo, disponía de los medios para controlar que se estaban concediendo con arreglo a la ley. "La ausencia de fiscalización no conduce a ninguna deficiencia, la deficiencia la produce el gestor del expediente", ha añadido Manuel Gómez, que ha concluido que "la Intervención no tenía ningún procedimiento que pudiera interrumpir, suspender o anular los pagos" del IFA/IDEA.

De esta forma, ha negado que la Intervención pudiera tener conocimiento de la inclusión de los intrusos –las personas que nunca habían trabajado para las empresas en cuyos expedientes fueron incluidos- porque no sabía quienes eran los integrantes de los ERE ni de las pólizas.

El presidente del tribunal, el magistrado Juan Antonio Calle Peña, le ha preguntado por qué se refería a estas ayudas sociolaborales como subvenciones cuando en su opinión no lo eran, a lo que Gómez ha respondido que ha "cometido un error terminológico", ya que, a su juicio, las ayudas sociolaborales no son subvenciones, aspecto en el que ha "arrojado luz" el decreto 4/2012, que regula las ayudas concedidas bajo sospecha. "En 2005 nadie tenía dudas de que las ayudas sociolaborales eran subvenciones, pero para mí, con el decreto 4/12, no lo eran", por lo que es "completamente razonable" que hayan revisado su juicio con respecto a lo que se dijo en 2004 o 2005, a lo que el magistrado ha replicado que "lo adecuado habría sido referirse como ayudas sociolaborales" y no subvenciones.