El ex interventor de la Junta cree legal el sistema de los ERE, pero "débil" su control

La comparecencia ayer del ex interventor general de la Junta de 2000 a 2010, Manuel Gómez Martínez, en la comisión política que investiga el caso de los ERE irregulares dejó distintas lecturas. Desde el entorno del PSOE se celebró efusivamente que el ex interventor defendiera la "legalidad" del sistema. Desde el PP se destacó que el ex interventor responsabilizara a los dirigentes políticos que permitieron que el procedimiento de concesión de ayudas, siendo legal, tuviera agujeros por las que se desparramó el dinero, ignorando además las repetidas advertencias que este instrumento fiscalizador transmitió. En definitiva, un sistema legal, que contó con un "prolongado silencio" de un ente fiscalizador como la Cámara de Cuentas, pero con un marco "débil, en muchos de sus controles; ésta es la razón", reconoció el ex interventor.

La comparecencia de Gómez fue más allá de una lectura política, porque el propio compareciente tenía su propio interés: defender el papel de un instrumento de control que ha sido discutido en las últimas semanas por los responsables políticos del Gobierno socialista para eximir sus propias responsabilidades. Éstos se apoyaron en que mecanismos como la Intervención General no pusieron reparos, no pasaron la "línea roja" que les advirtiera. Sin embargo, Gómez no consintió "manipulaciones": el control funciona, los ciudadanos pueden estar tranquilos y fueron los políticos los que hicieron "caso omiso" y luego pasó lo que pasó, que es lo que investiga el Parlamento y, en paralelo, la instrucción judicial: cómo una parte del dinero para ayudar a ex trabajadores afectados por un ERE acabó en manos de intrusos, empresas sin actividad o ayuntamientos con un evidente clientelismo.

La prolífica comparecencia de Gómez durante más de tres horas se movió en esta dualidad desde el principio de su cuidada intervención inicial: uno, "el sistema es perfectamente legal porque encuentra respaldo en los Presupuestos de la Junta", pero dos, "carece del más mínimo apoyo legal la omisión de medidas de corrección de las deficiencias basándose en que la Intervención no tituló los informes de determinadas maneras, no emitió informes de actuación o no repitió el informe al año siguiente".

"Pero lo más elemental de esta omisión no es que carezca de apoyo legal, sino que carece de sentido común, porque si su vecino le advierte a voces por la ventana que salen llamas por el extractor de humo de su cocina, usted, ¿qué haría?: ¿Llamaría inmediatamente a los bomberos para evitar una probable catástrofe o esperaría a que su vecino le confirmase la notica por carta o por correo electrónico?", ejemplificó Gómez.

A lo largo de las preguntas de los diputados de PSOE, PP e IU, Gómez se reafirmó en esta consideración: "La transferencia es legal, aunque hayamos dicho reiteradamente que era inadecuada, y puedo sostener las dos cosas".

Este proceso "inadecuado" lo advierte la Intervención por primera vez en un informe de 2005. Según reveló Gómez, ese informe fue "excepcional", porque teniendo como destinatario un ente instrumental, el Instituto de Fomento de Andalucía (IFA), las "graves" deficiencias halladas en esos años también se remitieron a la Consejería de Empleo, aunque no estaba obligado, pero por "lealtad institucional".

"Nosotros lo advertimos y quien debía tomar decisiones no las tomó; lo que resultaría irónico es que quien no tomó las decisiones se queje ahora de que no fue advertido", justificó el compareciente.

Según descubrió Gómez, se hallaron en esta época hasta 15 "errores, incumplimientos y deficiencias" en expedientes de gasto, tramitación de subvenciones "vulnerando" las normas de ejecución o concesión de subvenciones "sin procedimiento legal".

Los anteriores consejeros de Empleo (José Antonio Viera, Antonio Fernández y Manuel Recio) y otros de los comparecientes han apoyado su actuación en que no hubo informes que alertasen de la situación por parte de la Intervención o de la Cámara de Cuentas. En el caso de la Intervención, apuntaron a la carencia de un informe de actuación, el más grave.

Según Gómez, este procedimiento (creado por Viera y Fernández) no requiere de fiscalización previa, lo que limitó la actuación de la Intervención, que tuvo que redactar un informe especial al advertir "deficiencias administrativas muy serias" pero no pudo redactar un informe de mayor rango y gravedad: el de actuación. Gómez explicó que ese tipo de informe "no era reglado", porque se debería haber emitido al IFA (actual Idea), pero la Intervención se estaba dirigiendo a la Consejería de Empleo. No obstante, para el ex interventor, hubiese dado igual el tipo de informe, porque lo importante era el contenido. Sin embargo, la carencia de un informe de actuación ha despertado el interés de la juez Alaya, porque a esta ausencia se acogió, por ejemplo, la defensa de Antonio Fernández. El ex interventor sí declaró ante la Guardia Civil en octubre. Ese informe de actuación se dicta cuando hay "menoscabo o fraude de fondos públicos", pero la Intervención no la detectó, explicó el ex interventor.

Gómez, que es funcionario de carrera y ahora trabaja en la Consejería de Hacienda, convino con el portavoz del PP, Rafael Carmona, que el acuerdo marco por el que Empleo traspasó las competencias al IFA en 2001 no era "necesario", porque luego se firmaron convenios específicos. Carmona interpretó que en 2000 un ERE de Hijos de Andrés Molina se paró por la Intervención, pero la Junta cambió el procedimiento para huir de los controles administrativos con el ente instrumental del IFA y a partir de ahí la Intervención se quedó sin posibilidad de actuar a priori.

El PP intentó implicar a José Antonio Griñán, consejero de Economía y Hacienda entre 2004 y 2009, pero Gómez explicó que el informe de 2005 sí tuvo que llegar a su departamento porque hubo "efectos" y el déficit se solucionó en años posteriores.

Gómez asistió acompañado de su "superior jerárquico", Antonio Estepa, secretario general de Hacienda entre 2000 y 2004. Magdalena Álvarez, consejera entonces, no compareció por la tarde al justificar una reunión del Banco Europeo de Inversiones en Luxemburgo.