El ex interventor culpa del fraude de los ERE a la "desatención" del Gobierno andaluz a sus informes

El ex interventor general de la Junta Manuel Gómez ha responsabilizado al Gobierno andaluz del fraude de los ERE por la “desatención” a sus reiterados informes en los que alertaba de las irregularidades y de la utilización inadecuada de las transferencias de financiación para el pago de las ayudas.

En su declaración ante el instructor del Tribunal Supremo que investiga a los ex presidentes de la Junta Manuel Chaves y José Antonio Griñán y otros tres aforados, Manuel Gómez ha explicado que a su juicio el problema que ha desembocado en esta causa “no es tanto de haber fallado los procedimientos de control sino la desatención” del Ejecutivo andaluz, que tenía que haber actuado “desde el primer momento que lo advirtieron”. Según el ex interventor, “no se han atendido las recomendaciones y conclusiones de los informes” de la Intervención, que dirigió entre 2001 y 2010, y hasta el año 2014 no se ha producido una modificación normativa en la que se establece un “procedimiento de control claro” porque, ha proseguido, las transferencias de financiación, no sólo las del programa 31L –conocida como el fondo de reptiles-, “tenían un riesgo”.

El ex interventor, cuya comparecencia se ha prolongado este martes por espacio de tres horas y media, ha rechazado las declaraciones del ex consejero de Economía y Hacienda y ex presidente de la Junta José Antonio Griñán respecto a que el Gobierno andaluz reforzó cada año los sistemas de control. Esas manifestaciones no son ciertas y “jamás se ha instruido a la Intervención ni personalmente a él sobre este particular”.

Manuel Gómez, que está imputado por la juez Mercedes Alaya –que le reprocha precisamente que no hubiera hecho un informe de actuación para que las irregularidades llegasen al Consejo de Gobierno y se adoptaran medidas-, ha dicho también contradiciendo a Griñán que es “completamente erróneo” que las distintas consejerías no tuvieran que actuar porque no se había realizado ese informe de actuación. “Es una excusa puesto que el consejero de Hacienda tiene como competencia el control financiero de la Junta, si se le está advirtiendo que hay un déficit importante no tiene por qué esperar a ningún otro informe para actuar, tiene competencias para tomar medidas”, asegura el ex interventor, que insiste en que el consejero de Hacienda “podía haber ordenado distintas medidas al tener constancia de estas irregularidades en el informe de auditoría”, entre las que destaca que podía ordenar la suspensión de los pagos de las cuentas corrientes del IFA y de los calendarios de pagos. También podía haber actuado, en su opinión, el consejero de Innovación, dando instrucciones para que se dejara de pagar al recibir los informes, ha destacado Gómez, que ha agregado que desde el año 2005 el déficit presupuestario ocasionado en el IFA por las transferencias de financiación era una circunstancia de “general conocimiento y afecta a todo el Gobierno, no sólo a Hacienda”, al haberse pasado de un déficit de casi cero a 100 millones de euros ocasionado en una sola dirección general “por las decisiones de una sola persona”.

Manuel Gómez ha explicado que desconoce si el contenido de sus informes llegaron o se trataron en el Consejo de Gobierno de la Junta, pero sí considera que figuraban “comentarios” referidos a este asunto en las memorias anuales. Según el ex interventor, la práctica habitual era remitir los informes al viceconsejero de Hacienda “con la advertencia expresa” del artículo de la norma que prevé que el destinario del mismo es el consejero, por lo que se le entregaban al viceconsejero por motivos de “distribución” del trabajo. “Si el consejero es el destinatario de un informe y en cuatro años no recibe ninguno, a lo mejor debería preguntar por ellos”, ha aseverado el ex interventor, que ha insistido que los informes de control financiero tenían como destinatario el consejero.

Manuel Gómez ha insistido en que comentó con la viceconsejera la “preocupación” respecto a que se estaban utilizando “de forma imprudente” las transferencias de financiación para el pago de las ayudas.

El consejero de Hacienda, añadió, es el “destinatario de los informes de actuación pero no para que los guarde en un armario. En las actuaciones hay un hecho revelador, el informe de 2003 que contiene otro informe sobre al agujero de 43 millones causado por la compra de ordenadores a las familias se cortó de cuajo, lo que no se hizo con el IFA; en un caso se tomaron medidas y en el otro no”, sentenció.

Según el ex interventor, “nunca” despachó cuestiones de trabajo con los consejeros y al presidente de la Junta no lo conoció.

También ha dicho que el proyecto de decreto del año 2001 para regular el pago de las ayudas era “una licencia para la arbitrariedad”,puesto que no se ha guardado el procedimiento adecuado, y ha añadido que las transferencias de financiación “se utilizaron para eludir el control de la Intervención y la firma del convenio [en alusión al convenio marco de 2001] remata la jugada”.

Gómez ha negado, no obstante, que recibiera alguna orden o indicación para no elaborar el informe de actuación porque a él lo nombra el consejero de Economía y el interventor “tiene reconocida su independencia” y funcionan de forma autónoma.

El imputado ha reiterado que no hizo el informe de actuación porque “no consideró que se estaba en un supuesto” que lo requiriera, que “no procedía legalmente”, dado que las deficiencias “no eran ocasionadas” por la agencia Idea sino por la Consejería de Empleo, y además “no se detectó menoscabo” de fondos públicos cuyo origen fuera IFA/Idea, por lo que eligieron la fórmula del informe adicional.

Por último y preguntado por el escrito titulado Divinas Palabras que remitió al presidente del Parlamento de Andalucía en el que acusaba a Griñán de haber cebado “sin descanso la corrupta partida presupuestaria de los ERE”, el ex interventor ha dicho que entiende que desde el principio ha habido “una estrategia del PSOE de endosarle la responsabilidad de este asunto al interventor general”.

Manuel Gómez ha explicado que pidió declarar ante el Supremo porque se sintió “agredido y acusados por quienes han declarado con anterioridad”, y ha señalado que el objetivo de su declaración era defender que la Intervención de la Junta y todos sus funcionarios “cumplieron completamente y en demasía con sus obligaciones legales de control. El problema es que los destinatarios de los informes de control no atendieron a sus recomendaciones”.

La Intervención “plasmó todas las evidencias que obtuvo en un informe que dirigió a tres miembros del Gobierno de la Junta”, concluyó Gómez.