Las intermediarias de los ERE se embolsaron al menos 34,5 millones

Sevilla/Las dos principales intermediarias entre el dinero que la Consejería de Empleo entregaba para sufragar las prejubilaciones del caso de los ERE y las aseguradoras cobraron en comisiones 34,5 millones de euros desde los años 2006 a 2010. Así se hace constar en un informe que la Agencia Tributaria ha entregado al juzgado sevillano que investiga el caso de los ERE, y que ayer fue revelado por el PP, personado en la instrucción judicial. Estas comisiones son, en principio, transparentes, legales, aunque tanto la Guardia Civil como la juez instructora, Mercedes Alaya, la consideraban excesivas. Actualmente, la Unidad Central Operativa (UCO) investiga si parte de ese dinero volvía al director general de Trabajo, Francisco Javier Guerrero, o si otros intermediarios, caso del ex sindicalista Juan Lanzas, empleaban empresas para introducir parte de las "sobrecomisiones" en el circuito financiero. Uno de los testaferros de unas empresas pantallas utilizadas para ello, Juan Francisco Algarín, se encuentra en prisión después de que admitiera que llevó sobre desde Mercasevilla a bares cercanos a la Delegación y a la Consejería de Empleo. Pero es que, además, Algarín aseguró que viajó a Madrid a entregar otros sobres con dinero al responsable de Vitalia, Antonio Albarracín.

Este hecho ha abierto una nueva vía de investigación en el caso de los ERE -la mayor parte de ella, bajo secreto sumarial-, ya que coincide con lo que en su día declaró el chófer de Guerrero, Juan Francisco Trujillo, quien en sede judicial dijo que en 2007 fue dos veces a la estación de Atocha de Madrid a recoger sendos sobres con billetes que sumaban dos dedos de grosor.

Uniter y Vitalia cobraron por realizar los trabajos de identificación de los empleados afectados por ERE y demás trámites, además de buscar a las aseguradoras, un total de 34,5 millones, y eso sólo en la mitad del tiempo que estuvo al frente de la Dirección General de Trabajo Francisco Javier Guerrero. Además, la Agencia Tributaria aún no ha cruzado los datos de otras mediadoras, como Ingotor, Apra Leven, Primadeco, Holding Tindex y otras del grupo Vitalia. La juez Alaya -de baja por enfermedad, y ahora sustituida por Ana Curra- mantenía que las aseguradoras llegaron a cobrar más del 20% sobre el precio del mercado.

El sistema funcionaba del siguiente modo: la Consejería de Empleo buscaba una intermediadora, aunque Vitalia y Uniter coparon las transferencias, y éstas, a su vez preparaban la documentación y contrataban a una aseguradora, que es la que mes a mes pagaba a los ex empleados afectados por los ERE hasta el momento de su prejubilación.

El papel de las mediadoras o de algunos brókers, que actuaban de modo individual, es más que discutible, pero se argumentaba su contratación porque buscaban a aseguradoras que aceptaban pagar las primas a plazo. Entre los años investigados por la Agencia Tributaria, Vitalia a través de Irson, cobró 23,3 millones de euros de las aseguradoras Personal Life, Fortia, Vida y Generali. Y Uniter percibió en esos mismos años un total de 11,3 millones de euros de Banco Vitalicio y de La Estrella seguras. Es de notar que estas empresas fueron contratadas por la Consejería de Empleo sin que mediase ningún tipo de concurso público.

El PP entiende que el pago de estas comisiones que la juez y la Guardia Civil considera excesivas fueron posibles por que el entonces consejero de Economía de la Junta, José Antonio Griñán -hoy presidente-, permitió el aumento de las partidas presupuestarias cuando éstas se quedaron sin respaldo en las cuentas de la Junta.