Los inmigrantes africanos suman sólo el 7% de los delitos cometidos en Andalucía

Minutos después de conocerse el asesinato de un niño de once años en la localidad toledana de Mocejón, las redes sociales se llenaban de mensajes en los que se acusaba a “un marroquí” de ser el autor del crimen. Pocas horas después, se detenía al presunto autor del crimen y poco tenía de esa procedencia. El daño estaba hecho. La campaña de desinformación con el objetivo único de conseguir relacionar delincuencia con inmigración, ha alcanzado en estos últimos días su máxima expresión. Tampoco es aventurar que no será el último intento. Lo cierto es que en Andalucía, los datos entierran ese relato; casi el 9% de la población es inmigrante y, con las condiciones adversas en las que viven, cometen el 7% de los delitos.

Prácticamente no ha habido un caso criminal en España y Andalucía en el que grupos de extrema derecha no hayan intentado crear ese estado de opinión. Y eso que los casos más mediáticos también desmienten esa estrategia. Sin ser exhaustivo, los que más horas de televisión y páginas de los periódicos han originado en los últimos años, poco tenían que ver con la inmigración. Casos como el de Marta del Castillo, la agresión sexual de La manada en los sanfermines o el asesinato de Laura Luelmo en un pueblo de la provincia de Huelva, todos ellos estuvieron cometidos por autores locales, habían nacido en España y en Andalucía.

Los datos que esgrimen los autores de esta teoría parten de estadísticas oficiales, aunque su análisis es el que se manipula para conseguir determinados objetivos. El último año que el Ministerio del Interior ha ofrecido cifras con el sesgo geográfico es 2022. Consultado por este periódico, en ese año se cometieron en Andalucía un total de 82.489 delitos, de los que el 83%, es decir 68.898 fueron cometidos por españoles. Cabría deducir con este número que el 17% fueron cometidos por extranjeros, es decir, por esa invasión migratoria de la que se hacen eco esos grupos de ideología extremista. No obstante, eso es quedarse en la orilla; realmente, a quienes acusan de cometer el mayor número de delitos son a aquellos llegados desde el continente africano, esto es magrebíes y procedentes de países subsaharianos. Este colectivo, con el mismo balance del Ministerio del Interior, es el responsable de apenas el 7% de los delitos cometidos durante ese año. Dicho de otra manera, de los 82.489 que se registraron en la comunidad autónoma, los procedentes de África, cometieron un total de 5.787.

Las restantes infracciones a la legislación española producida por extranjeros, lo son procedentes de Europa y América y en menor medida de Asia. Hay que tener en cuenta que los delitos cometidos por ciudadanos procedentes de países europeos son 4.824, una cifra bastante similar a la registrada entre los africanos, aunque de ellos nunca se habla, no son protagonistas de estas campañas de criminalización de la inmigración.

Si se tiene en cuenta que la población extranjera en Andalucía es de un 8,8% y que en algunas provincias como en Almería se supera el 21%, en Málaga llegan casi al 17% y en Huelva superan el 9,6%, dado que la inmensa mayoría de ellos son de procedencia africana –con mayor porcentaje de magrebíes y subsaharianos que de ninguna otra procedencia– la vinculación entre inmigración irregular y delincuencia, queda completamente descartada. 

La tipología penal, de nuevo con datos del Ministerio del Interior, en este caso referidos al año pasado, confirman también que la mayoría de los delitos cometidos por extranjeros –no hay cifras pormenorizadas respecto a su procedencia, por lo que están los procedentes de todos los países– son sobre contra el patrimonio (hurtos) y aquellos relacionados con el tráfico de estupefacientes, lo que las fuerzas de seguridad denominan, “delitos contra la seguridad colectiva”. Los delitos contra las personas o contra la libertad sexual son, de nuevo, mayoritariamente cometidos por ciudadanos españoles. Y es que esta es otra de las campañas –incluidas declaraciones en sede parlamentaria– que se tratan de extender, es decir, que los inmigrantes son los responsables de violaciones a mujeres o de asesinatos (de nuevo el reciente caso de Mocejón es el ejemplo más ilustrativo). En ese análisis tiene que ver la situación económica y social a la que se enfrentan los inmigrantes africanos llegados a Andalucía, notablemente peor de la que goza la mayoría de la población.

Rechazo en los parlamentos

“No voy a participar en la cacería del inmigrante. Nunca”. Son palabras del presidente de la Junta, Juanma Moreno, utilizó para responder al portavoz de Vox en la última sesión de control antes de las vacaciones. Moreno señaló que el partido de Absacal utilizan la inmigración “de manera sangrante” porque cree que les dará votos: “¿Qué quieren, que cada vez que veamos a una persona con un color distinto, etnia o raza pensemos que es un delincuente?” “¿Está diciendo que las personas que tengan un color distinto, tengan otra raza, otra etnia, son delincuentes? ¿Es capaz de denigrar a las personas que viven en nuestro país?”.

Momentos antes, Manuel Gavira, subía la apuesta de Abascal que rompía su coalición en varios gobiernos autonómicos por el reparto de 400 migrantes llegados desde Canarias y Ceuta. Gavira culpaba, además, al Gobierno andaluz de connivencia con las mafias que trafican con estas personas y las de, a su juicio, consecuencias de esta inmigración irregular: “Del sufrimiento, del dolor y del miedo que pase un andaluz por un delito, por un crimen que cometa un inmigrante ilegal, la responsabilidad será suya”, acusaba a Moreno.

La relación de inmigración y delincuencia no es la primera vez que se escucha en sede parlamentaria. En abril del año pasado, el Gobierno respondía a una pregunta de varios diputados de Vox en el Congreso. En el texto, consultado por este periódico se decía que “no existe una correlación entre inmigración y delincuencia. Frente al intento de crear alarma social, que no existe correlación entre incremento de los índices de delincuencia con incremento de la inmigración irregular, ya que el hecho de que en las estadísticas de criminalidad conste la ciudadanía extranjera, no significa que la persona sea migrante, ni que siendo migrante sea irregular. El dato refleja que la ciudadanía no es española, pudiendo ser residentes extranjeros regulares, muchos de ellos ciudadanos de la UE”.