Los ex altos cargos de la Junta deberán pedir un informe de compatibilidad para trabajar en la privada
El Consejo de Gobierno aprueba un cambio en la ley de incompatibilidades para evitar casos como el del exgerente del SAS que trató de fichar por una aseguradora privada con la que había contratado
La Inspección General de Servicios será el órgano encargado de conceder las compatibilidades que podrá imponer sanciones de hasta diez años de inhabilitación y la devolución de las cesantías
El decreto estrella de la Junta se cambia, otra vez, en el Parlamento
Todos los exaltos cargos de la Junta de Andalucía que quieran trabajar en la privada tras salir de la administración tendrán la obligación de pedir un informe de compatibilidad a la Inspección de Servicios de la Junta para poder hacerlo. Y este informe será negativo siempre y cuando ese alto cargo, sus superiores o sus subordinados (siempre que no sean funcionarios) hayan contratado siguiendo sus indicaciones con la empresa por la que pretende fichar.
Es la principal novedad de la reforma de la reforma de Ley de Incompatibilidades de Altos Cargos de la Junta de Andalucía y la Ley de Transparencia Pública de Andalucía para regular el procedimiento que debe seguir un ex alto cargo durante los dos años posteriores a su cese en el caso de que vuelva a ejercer tras el
mismo una actividad privada.
El contenido de la reforma es "quirúrgico", en palabras del consejero de Justicia y Función Pública, José Antonio Nieto, quien ha reconocido que este cambio se debe a la situación que provocó el frustrado fichaje del exgerente del SAS Miguel Ángel Guzmán, por la empresa aseguradora Asisa. Nieto ha desvelado que no existía ningún procedimiento reglado para informar a la administración, no había un órgano al que informar, ni unas normas claras sobre las incompatibilidades.
Una inseguridad jurídica que ahora se pretende resolver poniendo en claro que sí es obligatorio pedir la compatibilidad, ya que el mero hecho de no solicitar el informe supondría un conflicto de intereses. La Inspección General de Servicios de la Junta será el órgano encargado de elaborar estos informes que tendrán que estar listos en el plazo de un mes desde su solicitud oficial.
El cambio en la norma establece, además que se puedan imponer sanciones que van desde los tres a los diez años de inhabilitación y la obligatoriedad de solicitar la devolución de las cesantías que hayan podido percibir los exaltos cargos y que están establecidas en un mes de salario por cada año trabajado en la jutna con un máximo de 24 meses.