La imputación de Viera elevaría al Supremo la investigación de los ERE

La instrucción judicial del escándalo de la trama fraudulenta de los ERE ha llegado a un punto en el que la juez Mercedes Alaya podría tener que elevar en breve el caso al Tribunal Supremo, en el supuesto de que se produjera la imputación del diputado del PSOE y ex secretario general de los socialistas sevillanos José Antonio Viera.

La posible implicación en la causa de José Antonio Viera, que fue consejero de Empleo entre los años 2000 y 2004, se deriva directamente de la declaración prestada el pasado martes ante la Guardia Civil por el hasta ahora principal imputado en el caso, el ex director general de Trabajo y Seguridad Social, Francisco Javier Guerrero Benítez, quien reveló a los investigadores que Viera no sólo tenía conocimiento de las ayudas que se concedían a empresas ubicadas en la Sierra Norte de Sevilla, sino que especialmente promovió las ayudas a tres entidades de la zona. Tras la declaración del ex director de Trabajo, la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil remitió a la juez Mercedes Alaya un oficio en el que apuntaba que José Antonio Viera "jugó un papel esencial" en la concesión de las ayudas a las empresas de esta comarca de Sevilla.

Con la declaración de Guerrero ante la Guardia Civil, la titular del juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla ya tendría suficientes indicios aparentes para imputar a Viera, sobre todo si se tiene en cuenta que, en el caso de otros imputados, como por ejemplo el ex viceconsejero de Empleo Agustín Barberá, su implicación en la causa se ha derivado sobre todo de la declaración de Guerrero. En el auto dictado por la magistrada el pasado martes, Alaya justifica la imputación de Barberá "en virtud de los atestados recibidos y en particular del informe de seguimiento de la UCO y la declaración prestada por Francisco Javier Guerrero ante la Guardia Civil, sin perjuicio de concretar las investigaciones pendientes en relación a las manifestaciones del mismo".

Según fuentes del caso consultadas por este periódico, antes de acordar la imputación de Viera la juez podría esperar a que Guerrero ratifique sus manifestaciones en sede judicial, dado que su declaración ha sido fijada para el próximo 7 de marzo. Pero en principio no está obligada a acordar esa imputación de inmediato, ya que la juez podría tratar de avanzar otros aspectos de la investigación antes de adoptar una decisión de tal envergadura, que supondría apartarla de la investigación y su remisión al Tribunal Supremo al aparecer en la misma personas aforadas.

La norma que regula este proceso aparece en el artículo 118 bis de la ley de Enjuiciamiento Criminal, que establece el derecho de defensa "cuando se impute un acto punible contra un diputado o un senador", y el artículo 71 de la Constitución, que en su apartado segundo señala que los diputados y senadores "gozarán de inmunidad y sólo podrán ser detenidos en caso de flagrante delito. No podrán ser inculpados ni procesados sin la previa autorización de la Cámara respectiva". El párrafo tercero añade que en las causas contra diputados y senadores "será competente la Sala de lo Penal del Supremo".

De esta forma, si la juez Alaya aprecia indicios de la presunta participación de Viera, tendría que inhibirse en favor del Supremo dada la condición de aforado del diputado. Eso supondría que toda la investigación de esta causa -las diligencias previas 174/11- se tendría que seguir en el Alto Tribunal, aunque las mismas fuentes han apuntado que se han producido algunos asuntos en los que el Supremo ha permitido que el juez instructor que se inhibió continuara la investigación hasta su finalización.