"Ni los imputa, ni lo puede hacer"

El abogado del viceconsejero de Presidencia, Antonio Lozano, señaló ayer que la juez Alaya "no ha imputado" a los ex presidentes de la Junta José Antonio Griñán y Manuel Chaves y a los cinco ex consejeros citados. "Ni los imputa, ni lo puede hacer", zanjó. En declaraciones a Europa Press, el letrado José María Mohedano quiso dejar claro desde Madrid que el auto dictado por la juez Mercedes Alaya "no cambia en nada la situación" de los aludidos y "no modifica su situación procesal", ya que, según subrayó, "no se ha imputado a nadie". "La situación procesal de todos ellos es exactamente la misma que antes", puso de manifiesto el abogado de Lozano, quien se refirió a varios fragmentos del auto judicial en el que la magistrada de Instrucción número 6 de Sevilla "deja claro" que el mismo "no constituye un auto de imputación judicial".

Y es que la juez Mercedes Alaya dictó el auto, coincidiendo con la toma de posesión de los nuevos consejeros del Gobierno andaluz, en el que comunica la existencia del procedimiento a fin de que puedan personarse en la causa "si ese fuera su interés" a Griñán, Chaves y cinco ex consejeros de la Junta: Carmen Martínez-Aguayo, Antonio Ávila, Manuel Recio, José Antonio Viera y Francisco Vallejo.

El pasado mes de julio, el abogado José María Mohedano ya criticó el interrogatorio "inquisitorial" y "preconstitucional" de la juez Mercedes Alaya al ex interventor general de la Junta Manuel Gómez, pues Alaya llevó a cabo un interrogatorio "que cercena la espontaneidad" del imputado "con permanentes interrupciones, desmentidos y reconvenciones".

Por otra parte, Alaya imputó ayer cuatro delitos a Antonio Diz-Lois, ex jefe de servicio de la Dirección General de Trabajo de la Junta, por su participación en unas subvenciones que se concedían "arbitrariamente" y con "desprecio de las normas reguladoras". Diz-Lois se acogió a su derecho a no declarar ante Alaya y ha sido imputado de delitos de prevaricación, malversación, omisión del deber de perseguir delitos y delito societario. El acusado, que controlaba los pagos investigados, contribuyó con su participación, según el auto, en los "desfases millonarios que se producían en cada ejercicio económico" en la Dirección General de Trabajo. Ni el fiscal ni las acusaciones particulares han pedido contra el exjefe de servicio medidas personales ni de responsabilidad civil, por lo que la juez únicamente le ha impuesto la obligación de estar a disposición del juzgado cada vez que sea llamado.

Según el auto de imputación, las ayudas concedidas con conocimiento del acusado se produjeron "con ausencia de publicidad, del cumplimiento de los criterios de objetividad e igualdad, con ausencia de bases reguladoras y carencia de fiscalización previa por la Intervención". Diz-Lois, según Alaya, era conocedor de que las ayudas incurrían en una "ausencia absoluta del cumplimiento de la normativa estatal y europea en materia de subvenciones, destacando la elusión intencionada del trámite de fiscalización previa por parte de la Intervención".

La juez imputa al funcionario por haber continuado con esas prácticas cuando en mayo del 2008 pasó a ser director del departamento de administración y finanzas de la agencia andaluza IDEA, donde fue "uno de los promotores del mantenimiento del sistema de las transferencias de financiación para la concesión de ayudas sociolaborales, en el que se procuraba la ausencia de cualquier control, incluso los propios de IDEA".