Los hosteleros consideran que la sanción es "desproporcionada"

"Desproporcionada". Los representantes de los hosteleros de Málaga y Andalucía coincidieron ayer en tachar de "castigo exagerado" la multa de 145.000 euros y el cierre cautelar dispuesto por la Junta de Andalucía contra el asador de Marbella que permite fumar.

"Es una sanción desproporcionada. [El empresario] está incumpliendo la ley, pero con esas medidas se está jugando con puestos de trabajo que en los tiempos que corren son una joya", opinó el presidente de la Asociación de Empresarios de Hostelería de Málaga, Rafael Prado.

Desde la Federación Andaluza de Hostelería, su secretario general, Antonio García, lanzó un mensaje similar: "No podemos promover la desobediencia civil, pues estamos en un Estado de derecho, pero el castigo es desproporcionado en relación con el delito cometido", dijo a Europa Press. García aclaró que no comparte actitudes insumisas como las del propietario del asador de Marbella, pero que no está de acuerdo ni con la sanción ni con la ley que supone "una bomba de relojería para el sector".

Prado apuntó que la asociación malagueña está dispuesta a mediar en el conflicto que se ha suscitado si algunas de las partes se lo solicita. El dirigente se mostró "decepcionado" con la actitud del Gobierno hacia el sector hostelero que está "medio defendiendo" la economía. "Creo que el Gobierno no ha sido capaz de entender el servicio que la hostelería está dando al país", insistió para comentar a continuación que el cierre del establecimiento era un "castigo ejemplarizante" para los críticos con la ley.

Según el sector, las ventas han caído un 38% en los restaurantes y un 43% en las cafeterías y bares desde la entrada en vigor de la norma. Prado insistió que la ley es "inoportuna" por el momento de crisis en que ha comenzado a aplicarse y "desproporcionada" porque castiga con multas muy superiores al propietario del establecimiento que al fumador.

Frente a la postura de los hosteleros, la federación de consumidores Facua consideró "proporcionada" y "correcta" la actuación de la Administración autonómica. Fuentes de la organización indicaron a Europa Press que es "un aviso a navegantes de que una infracción de la norma puede acarrear una sanción, pero la reiteración de la infracción a la norma e incluso el fomento de su incumplimiento implica una sanción muy superior e incluso puede conllevar una medida cautelar como es el cierre provisional".