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Hacienda ya tiene diseñado su modelo para la financiación autonómica

El Ministerio también tiene lista su propuesta para la quita de la deuda a las comunidades

No dará ningún paso hasta que no se aprueben los Presupuestos Generales del Estado 2025

Por qué la financiación singular de Cataluña perjudica a Andalucía

La vicepresidenta del Gobierno, María Jesús Montero, este viernes ante los medios de comunicación / Rocío Ruz/E.P.

El Ministerio de Hacienda que preside María Jesús Montero tiene hechas las cuentas, diseñado un sistema concreto y prevista su propuesta sobre un nuevo modelo de financiación para todas las comunidades autónomas. Un modelo en el que incluye el anunciado concierto fiscal catalán y que presentará para su negociación en el momento oportuno. De la misma forma, también ha elaborado un plan para presentar a todas las comunidades autónomas sobre la condonación de la deuda “que adquirieron durante la crisis” y que, a ojos de la vicepresidenta Montero “supone en la práctica un mayor volumen de recursos para los servicios públicos”.

El Gobierno de España cree que es “urgente” promover un nuevo modelo de financiación que permita aportar más recursos a las comunidades autónomas “a pesar de que en esta legislatura, todas sin excepción, han tenido récord de ingresos y de recursos del Gobierno de España. En el caso de Andalucía en torno a un 50% de mayores recursos que tienen que permitir mejorar los servicios públicos; aunque el debate es en qué se gasta ese dinero”, decía este viernes María Jesús Montero, de visita en Sevilla.

Pero no moverá ficha hasta que no llegue el momento que entiende es el adecuado para ello y que será tras lograr los apoyos parlamentarios necesarios para la aprobación de los Presupuestos Generales del Estado 2025. Una vez aprobadas las cuentas en el Congreso, el siguiente paso será atender las urgencias de las autonomías. ¿Y si las cuentas no se aprueban? Por el momento, están centrados en las negociaciones para hacerlo posible. Porque a nadie se le escapa que la legislatura estará en una situación muy delicada si no hay Presupuestos Generales del Estado por segundo año consecutivo.

En esa negociación se enmarca el mantenimiento del impuesto a las energéticas, tal y como reclama Sumar. Este viernes, Montero restaba importancia a la paralización de algunas de las inversiones anunciadas, como las plantas previstas en Andalucía tanto en Huelva como en el Campo de Gibraltar, “veo con normalidad cómo cuando se discute la continudad de ese impuesto los que tienen que abonarlo, salgan profiriendo una suerte de amenazas, sobreactúen e hiperventilen, metiendo presión a los grupos políticos. Confío en el consenso y en la posibilidad de convencer para la perdurabilidad de esta figura fiscal con las consiguientes bonificaciones”.

“Los contratos del SAS no se tenían que haber formulado”

La vicepresidenta del Gobierno no quiso entrar de lleno en la polémica por los contratos de emergencia del SAS del año 2021 que el PSOE andaluz ha llevado ante los tribunales al amparo de los informes de los interventores del SAS que alertaban de “irregularidades” y “fraude de ley”. Pero tampoco quiso dejar pasar la oportunidad de mencionarlos, afeando al Gobierno andaluz su firma y dejando constancia de cuál es la postura del Ministerio de Hacienda. “No comparto la gestión de Andalucía porque se sigue optando por la privatización de la universidad pública, por la privatización de los servicios sanitarios que están incluso sujetos a una situación de irregularidad, durante un tiempo, de contratos que no se tenían que haber formulado al amparo de una normativa que ya no estaba en vigor y que se está investigando por parte de los tribunales”.

Igual Para todas las comunidades

Otro asunto que está encima de la mesa es la condonación de parte de la deuda financiera a las comunidades autónomas. Desde el Ministerio de Hacienda defienden que el planteamiento en el que han trabajado pasa por una fórmula igualitaria para todos los territorios. Una opción a la que se podrán acoger o no los gobiernos autonómicos y que tendrá amparo legal, bien a través de un real decreto ley o bien a través de una ley, pero con normas claras establecidas.

María Jesús Montero lo explicaba en un contexto político de confrontación con el PP. “El Gobierno de España, sin tener necesidad, ha querido reconocer y compensar que durante los años de la crisis financiera que gestiónó el PP, se perjudicó el endeudamiento de las comunidades. Dicho de otra manera, las comunidades se endeudaron porque el Gobierno de Mariano Rajoy no dió los recursos suficientes para la sanidad, la educación o la dependencia y este Gobierno se hace cargo de la situación de manera retroactiva”.

Junto a las palabras de la vicepresidenta del Gobierno, hay que tener en cuenta que la quita de la deuda a la Generalitat catalana está recogida en el acuerdo de investidura de Pedro Sánchez que firmó el PSOE con ERC. Aunque no hay ningún acuerdo cerrado por el momento, se baraja la cifra de 15.000 millones de euros de condonación de la deuda de Cataluña. 

A partir de este acuerdo, el Ministerio de Hacienda invitó a todas las comunidades autónomas a acogerse a esta fórmula que no convence al Gobierno andaluz, entre otras comunidades. Desde la Junta de Andalucía defienden que prima a quien no ha gestionado bien sus recursos y la prueba de ello es que la deuda de Cataluña es el triple que la de Andalucía. No obstante, la consejera de Hacienda y portavoz del Gobierno andaluz, Carolina España, se ha mostrado dispuesta a escuchar la propuesta del Ministerio de Hacienda. Una propuesta que no ha llegado todavía aunque desde el ministerio confirman que hay contactos y reuniones técnicas con las distintas comunidades autónomas para intercambiar información y dentro de un trabajo de colaboración institucional habitual.

María Jesús Montero abundaba en esta idea, “insisto en que se aplicará la misma fórmula a todas las comunidades autónomas. Insisto, a todas las misma fórmula. Independientemente de que en Andalucía se utilice a Cataluña con el agravio territoria. Pero es falso porque todas las comunidades van a tener un alivio en la carga financiera para soportar los servicios públicos”.

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