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¿Qué hacer para frenar a una inmigración en auge?

Interior quiere premiar más al vecino marroquí para que se emplee a fondo en una cooperación más eficaz.

Tres jóvenes subsaharianos en Melilla. / Noelia Ramos / Efe
I. Cembrero

18 de febrero 2018 - 07:08

El secretario de Estado de Seguridad, José Antonio Nieto, ex alcalde de Córdoba, vaticinó a finales de diciembre que 2018 sería peor que 2017 en materia de inmigración irregular, pese a que el año que entonces acababa había supuesto un récord de desembarcos en las costas del Mediterráneo español, sobre todo andaluzas. Por mar llegaron en total 20.757 "sin papeles", un 197% más que en 2016.

Los primeros datos que arroja enero confirman su pronóstico pesimista. Al conjunto de España llegaron en 2.182 inmigrantes clandestinos, un 65% más que en el mismo mes del año anterior, según indica el Ministerio del Interior. En las costas peninsulares el incremento fue algo menor (32%), pero en Melilla se disparó un 202%

El análisis de la evolución de las otras rutas migratorias del Mediterráneo proporciona, quizás, la principal explicación al auge del trasiego de inmigrantes entre el Magreb y España. La principal de esas vías, la que une a Libia con Italia, sigue cayendo. El Ministerio del Interior italiano, que informa con mucha más agilidad que el español, señalaba que hasta el 15 de febrero habían desembarcado en sus costas 4.731 irregulares, un 61% menos que durante el mismo período de 2017.

La llegada masiva de subsaharinos deja en evidencia la supuesta lealtad marroquí

A medida que se va cercenando esa ruta italo-libia los inmigrantes y las organizaciones criminales que, a veces, les guían buscan alternativas. El Mediterráneo Occidental parece ser ahora su prioridad con tanta más razón cuanto que Marruecos ha relajado su control. Quizás intenten también reactivar más tarde el trayecto entre África Occidental y Canarias. Recorriéndolo llegaron a Canarias 31.687 "sin papeles" en 2006, el peor año de la inmigración irregular en España.

"Es necesario estar preparados por si las redes de tráfico de inmigrantes quisieran reabrir la ruta que pasa por Mauritania", declaró esta semana el ministro del Interior, Juan Ignacio Zoido, a su paso por Nuakchot antes de volar a Senegal. Comprobó in situ que, por ahora, el archipiélago canario sigue blindado ante la inmigración gracias a una cooperación española que tachó de "modélica".

El Ayuntamiento de París informando a los vecinos de los riesgos que entrañan los menores marroquíes que se han asentado en un barrio.

No es esa la opinión del Tribunal de Cuentas. El Estado español se ha gastado desde 2007 al menos 168 millones de euros en cooperación con Senegal y Mauritania, además de otras dadivas como la concesión generosa de visados Schengen de larga duración a miles de altos funcionarios de ambos países. En un informe publicado en 2015 el Tribunal reveló, por ejemplo, que la Administración española no justificó el empleo, en 2012, de 13,13 millones de euros entregados a las autoridades de Senegal sin pedir factura alguna. En Mauritania, en cambio, un colaborador del presidente sí suministró justificantes, pero de dudosa fiabilidad.

Nieto, el segundo de Zoido, aspira por su parte a estimular a Marruecos para que se emplee a fondo en contener la inmigración como lo hace Turquía, con éxito, desde que en marzo de 2016 firmó un acuerdo con la Unión Europea. "Se ha fijado una alianza muy sólida con Turquía que ha dado resultado y un país [Marruecos] que viene trabajando hace mucho tiempo en ayuda en esa materia y lo está haciendo con lealtad y sin recibir demasiado a cambio, también requiere ayudas", diagnostica Nieto.

La lealtad marroquí es algo dudosa a juzgar, por ejemplo, por la llegada masiva de subsaharianos a Andalucía el 12 de agosto de 2014. Cinco días antes el yate del rey Mohamed VI había sido interceptado, por error, por la Guardia Civil en aguas de Ceuta por lo que el Gobierno se disculpó de inmediato. Rabat recibe poco por su lucha contra la inmigración -moviliza también menos recursos que Ankara-, pero es el principal beneficiario de la política europea de vecindad que le proporciona unos 200 millones de euros al año. Global y proporcionalmente obtiene de la UE mucho más que Turquía.

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