Las guerras de Alaya

La juez Mercedes Alaya no sólo tiene problemas con sus jueces de refuerzo. Las relaciones con los dos fiscales Anticorrupción, como con otros fiscales que tienen contacto con su juzgado, tampoco son normales, al menos eso es lo que vienen a demostrar los últimos escritos que se han cruzado los fiscales delegados de Anticorrupción Juan Enrique Egocheaga y Manuel Fernández con la magistrada.

Los últimos enfrentamientos entre la Fiscalía y la instructora de los ERE fraudulentos de la Junta de Andalucía comienzan en mayo pasado, cuando los representantes del Ministerio Público solicitan a la titular del juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla que certifique la fecha en la que se incorporaron a la causa de los expedientes de regulación de empleo cuatro resoluciones dictadas en abril pasado por la magistrada, lo que llevó a Alaya a dictar una providencia, el día 3 de mayo, en la que reprochaba a los fiscales su "extraña petición".

Como contestación a esta providencia, los fiscales remitieron el 17 de mayo un nuevo escrito a la instructora, en el que exponían que con su petición sólo intentaban "hallar una lógica respuesta" a algo que ignoran: "¿Por qué un auto con fecha impresa de 2 de abril se empieza a notificar el día 22 de abril?", veinte días después.

Los fiscales replican a la juez que entre las obligaciones "esenciales e irrenunciables" de la Fiscalía se encuentran las de "velar por el respeto de las garantías procesales de los imputados y por la protección de los derechos de la víctima y de los perjudicados por el delito", y añaden que ese retraso es importante porque la causa se hallaba en este momento declarada secreta, y "el fiscal es la única parte con acceso a su contenido, acceso que se vería de modo inadmisible coartado si se producen tal tipo de tardanzas o retrasos en la notificación de resoluciones que son inmediatamente ejecutadas por la oficina judicial".

El escrito de la Fiscalía Anticorrupción recordaba que en el caso del auto de 2 de abril se adoptaban unas medidas de bloqueo de productos bancarios y financieros de los imputados, pero no se notifica se le notifica al Ministerio Público hasta el 23 de abril, lo que provoca un "cruce" de un nuevo escrito presentado el 8 de mayo que guarda estrecha relación con ese auto.

La respuesta de Alaya a las críticas de los fiscales llegó de nuevo en modo de una providencia dictada el pasado 29 de mayo, en la que la titular del juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla rechaza certificar la fecha en la que se incorporaron los autos porque, a su juicio, "no se aprecia en modo alguno el retraso o demora importante alegado en las notificaciones".

Sostiene Alaya que desde que se dicta la resolución hasta que se notifica "no existen más de doce días hábiles, entre los cuales se encuentra incluida la semana de Feria de Sevilla, semana ésta en que es práctica habitual en estos juzgados el procurar evitar las notificaciones de resoluciones de fondo en aras de no perjudicar a las partes con plazos y términos que difícilmente pudieran cumplir en días festivos, a excepción por supuesto de las resoluciones de carácter urgente, por lo que podemos decir que se ha notificado al Ministerio Fiscal en apenas una semana desde su dictado".

Alaya argumenta además que se notificaron a la vez varias resoluciones y concluye que "en este procedimiento se dictan multitud de resoluciones de fondo casi a diario que tienen que ser notificadas a todas las partes personadas además del Ministerio Fiscal y que se trata de un proceso de enorme complejidad y trabajo diario que hace que se acumulen las resoluciones y que incluso pueda haber en algún caso un cruce de escritos entre fechas de resoluciones y presentación de los mismos".

Parece que Alaya ha iniciado ahora un nuevo frente con los fiscales que impulsan la investigación del caso de los ERE. El problema es que en las guerras no hay vencedores ni vencidos, todos pierden algo en el camino.