Los guardas rurales, al rastreo de su autoridad

Algo debía de estar pasando aquella noche de marzo para que los perros no dejaran de ladrar un segundo. Antonio Marcelo, guarda rural que trabaja en la finca Crespo Camino, junto al aeropuerto de San Pablo, desde hace 22 años, sabía que el alboroto de los animales no podía deberse solamente al frío que hizo aquellas noches. Descartado pues el invierno, Marcelo no pudo evitar el recuerdo del ahorcado en el pino junto a la carretera que tuvo que descolgar tiempo atrás. Por si acaso, el guarda se subió al vehículo para recorrer el perímetro de la finca, situada cerca del aeropuerto. Será algún forastero, pensó.

Al llegar al huerto de naranjos, Marcelo confirmó su peor presagio. Una legión de vehículos y medio centenar de personas habían decidido comenzar la cosecha de fruta antes de tiempo y sin permiso del propietario. Lo más doloroso, cuenta Marcelo, es que entre el grupo de ladrones había una porción de gente conocida. El misterio había cuajado en rutina, en una de las actuaciones habituales a las que ha de enfrentarse un guarda rural.

El guarda particular de campo es un cuerpo de seguridad privada de abolengo en España. Sus agentes llevan casi tres de siglos a cargo de la vigilancia y la protección de las fincas rústicas de España o “guardería”, que es como llaman los guardas rurales a su tarea. Estos profesionales prestan un servicio de seguridad que está inspeccionado y controlado por la Guardia Civil, que también se encarga de realizar los exámenes en dos convocatorias anuales.

Es a los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado a quienes los guardas rurales tienen que dirigirse cuando se encuentran una banda de malhechores. Así lo hicieron Marcelo y sus compañeros cuando encontraron aquel atraco en el naranjal de la finca en aquella fría noche de marzo. Porque, aunque a los guardas se les permite la posesión limitada de armas, no disponen de la figura jurídica de la autoridad. Y es un problema.

“Puedes retenerlos mal que bien y puedes instarlos a que devuelvan las naranjas, pero todo dependerá del humor de los ladrones y de la resistencia que opongan”, lamenta Julio Marcelo, sobrino de Antonio, quien critica la exposición a la agresión a la que están sometidos los guardas en el día a día. Con la Guardia Civil es distinto.

El cambio normativo de 1992

Es la reivindicación de los guardas, que solicitan al Ministerio del Interior el carácter de agente de la autoridad que perdieron en el cambio legislativo de 1992. “Sin esa figura”, explica el menor de los Marcelo, “las agresiones que sufrimos son despachadas en los juzgados como meras lesiones, una minucia si se pretende amedrentar a los ladrones”.

También ocurre con los furtivos, otro de los grandes antagonistas del guarda rural. En Jaén son habituales los cazadores de ciervos que venden las cornamentas por una millonada en el mercado negro. Lo explica Víctor Villalobos, guarda rural y portavoz del Sindicato Autónomo de Trabajadores de Empresas de Seguridad (ATES-SAM): “Es a lo que nos sometemos. Un guarda fue agredido por el cazador que sólo sufrió una multa insignificante”.

El solano arrecia hoy en la finca que guarda la familia Marcelo, que hace la labor de guardería ataviada con el uniforme reglamentario y una perra que muerde más que ladra. Es la temporada de la recogida de la patata. Han llegado dos camiones portugueses que, una vez cargada la hortaliza, transportarán la carga a los mercados de Francia y Alemania.

Durante el paseo, el menor de los Marcelo expone más problemas del gremio. Sin autoridad no hay veracidad, de lo que resulta que los guardas denuncien delitos que nos acaben prosperando. Por eso piden la misma condición de médicos y docentes. Eso y el intrusismo son los otros obstáculos a los que se enfrenta un colectivo permanentemente expuesto a la intemperie. Los Marcelo reconocen que prefieren este sol a la sombra de un parque urbano. Es su naturaleza.