El Gobierno andaluz pide a Pedro Sánchez que regule las viviendas turísticas

La lista de demandas que Andalucía tiene con el Estado no se queda sólo en los grandes titulares políticos de confrontación. Porque en el documento de cien puntos que Juanma Moreno entregó a Pedro Sánchez el pasado viernes en La Moncloa hay asuntos de todas las materias. Empezando por las que están en el debate social.

Como lo que afecta al modelo turístico, una de las principales industrias en Andalucía y para el que la Junta pide una reflexión precisamente al Gobierno central. Llama la atención la referencia que hace el Gobierno andaluz a la regulación de las viviendas turísticas que los municipios y los vecinos reclaman a la Junta, y la Junta traslada al Ejecutivo central. En el documento entregado en Madrid, la Junta reclama una conferencia multisectorial entre el Estado y las comunidades autónomas “si verdaderamente se quiere avanzar y buscar puntos de encuentro en la regulación de las viviendas de uso turístico a nivel estatal”. En más, censura que la Ley estatal de Vivienda no regule el uso turístico de las mismas “castigando el alquiler residencial de larga duración” lo que va a favorecer el alquiler con fines turísticos.

El Gobierno andaluz entiende que es “necesario reflexionar y actuar sobre el modelo turístico en el ámbito de las competencias del Gobierno central, lo que nos ayudaría a todos los territorios a ejercer con mayor productividad y eficiencia las nuestras”. Y en este sentido, la Junta también se refiere a la tasa turística que están demandando algunos alcaldes como los de Sevilla y Málaga pero que rechaza el consejero de Turismo, si bien tiene abierta una vía de diálogo con el sector y los ayuntamientos. “Es innegable que los ayuntamientos necesitan más recursos y los ciudadanos más facilidades para acceder a la vivienda. De nada sirve implantar un impuesto si desde el Gobierno Central no se activan medidas que promuevan la construcción de viviendas”. 

Empleo

El Empleo ocupa un buen número de las reclamaciones de la administración autonómica al Estado. La principal reivindicación pasa por las políticas activas de empleo. Según los cálculos de la Junta con los datos de paro de agosto de 2024, cada parado andaluz recibe 653 euros frente a los 2.222 euros que reciben los de Baleares o los 1.233 euros por desempleado€ de Cataluña. Eso supone, además, 400 euros menos por parado que la media española, que se sitúa en 1.053 euros por desempleado.

El Gobierno andaluz también reclama más fondos para los planes de empleo, destacando una desproporcionalidad entre el número de parados que tiene la comunidad autónoma y los fondos dedicados a este fin. En este punto, la Junta considera que un “aumento de la dotación económica para los planes de empleo no solo beneficiaría a Andalucía, sino que también tendría un impacto positivo en todas las comunidades autónomas que reciben estos fondos. Al asegurar una asignación proporcional basada en los niveles de desempleo, todas las regiones podrían establecer estrategias más efectivas para la creación de empleo y el desarrollo económico”.

En concreto para Andalucía reclama unos planes de empleo de 135 millones de euros en lugar de los 50 millones que ha anunciado el ministerio del ramo; una cantidad que supondría una equiparación con lo que recibió la comunidad de Extremadura.

El agua

Las políticas de agua son clave en la gestión política en Andalucía porque son estratégicas para la agricultura pero también para el turismo. El documento del Gobierno andaluz reclama un Pacto Nacional por el Agua que permita aprobar un plan hidrológico que garantice la autonomía y seguridad alimentaria pero que también permita conservar y mejorar los entornos rurales evitando así la despoblación.

En este sentido, reclaman al Gobierno de España “la realización de las infraestructuras hídricas declaradas de interés general de Estado y que son fundamentales para una Comunidad que, desde hace tiempo, viene sufriendo los graves efectos de la sequía y la falta de agua. Pedimos al Gobierno de España que utilice los fondos europeos para acometer de forma inminente infraestructuras hídricas que son más que necesarias”.

En este capítulo, la Junta entiende que los territorios afectados por la grave sequía deberían tener acceso a las ayudas públicas como cuando se produce otra catástrofe natural, teniendo en cuenta que se trata de un fenómeno recurrente y que lleva varias campañas con cosechas inferiores a la media. Asímismo, reclama que se habilite un procedimiento específico de Expediente de Regulación Temporal de Empleo, ERTE, derivado de fuerza mayor como consecuencia de la sequía para las empresas y personas trabajadoras de los diferentes sectores afectados, aplicable en las comunidades autónomas que hayan adoptado medidas extraordinarias como consecuencia de la situación de sequía extrema. Según consta en la información oficial, Andalucía ha perdido dos puntos del PIB por la sequía en 2023.